A partir del próximo viernes 15 de octubre, los funcionarios que rechacen vacunarse contra la covid-19 sin una justificación válida, se exponen a una multa de un salario base, equivalente a ¢462.200, y una denuncia ante el Ministerio Público, según anunció Casa Presidencial.
Los trabajadores de instituciones públicas tendrán entre cinco y 10 días hábiles para cumplir la orden de inmunizarse. “Nuestro objetivo es que la gente se vacune. Queremos cuidar a la población y que se vacunen para el beneficio de todas y todos”, afirmó el presidente Carlos Alvarado.
Según detalló la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, los ministerios e instituciones del sector público deberán presentar el 5 de noviembre un informe sobre la vacunación de su personal.
Dicho reporte informará de la cantidad de personal con esquema de vacunación completo, número de funcionarios que cuenten solamente con la primera dosis, cifra de personas no vacunadas y la cantidad de trabajadores con certificado de contraindicación médica que les permita no inmunizarse.
Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la inmunización, las autoridades del Ejecutivo comenzarán una campaña de sensibilización para aclarar dudas y motivar la asistencia a vacunatorios.
El presidente Alvarado instó a todos los jerarcas a persuadir a sus colaboradores y a organizar campañas de vacunación en las propias instituciones, no solo para los funcionarios, sino también para sus familias.
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En caso de que dicha campaña no funcione para motivar a los funcionarios, los jerarcas de cada institución deberán instruir directamente a cada persona para que se inmunice en un plazo de entre cinco y 10 días hábiles. Luego de ese periodo, se impondrán medidas disciplinarias a quienes se mantengan renuentes a acatar la orden sin una justificación válida.
Casa Presidencial aclaró que las medidas van desde la apertura de un procedimiento administrativo, hasta la multa de un salario base (según lo estipula el artículo 378 de la Ley General de Salud) y la denuncia ante el Ministerio Público, sin que estas sean excluyentes entre sí.
Un segundo informe será elaborado por las instituciones públicas el 26 de noviembre del presente año.
Como se anunció anteriormente, los patronos del sector privado que así lo deseen también podrán exigir la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19 en sus centros de trabajo.
