Deudas de trabajadores independientes: ¿qué dice CCSS sobre bajar prescripción de 10 a 4 años?

Reducir de 10 a 4 años el periodo de prescripción de las deudas que tienen casi 127.000 trabajadores independientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no arriesgará la sostenibilidad financiera de los seguros administrados por esa institución.

La afirmación la hizo la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, en un oficio enviado a los magistrados de la Sala Constitucional, el pasado 23 de diciembre, en el cual cita datos de la Gerencia Financiera de la entidad.

El documento lo facilitó a La Nación el grupo conocido como Borrón y Cuenta Nueva, que ha trabajado con la CCSS la condonación de deudas a los trabajadores y patronos morosos.

“La propia presidenta de la CCSS le dice a los magistrados: ‘No se preocupen, condonar las deudas de los trabajadores independientes no deja en quiebra a la CCSS’. Por el contrario, no hacer el cambio afecta el trabajo y la salud de estos trabajadores”, afirmó Joseph Ugalde, vocero de esa organización.

La reducción del plazo de prescripción está bajo análisis de la Sala IV tras una consulta constitucional enviada por diez diputados –seis del Frente Amplio y cuatro de Liberación Nacional– quienes, el 15 de diciembre, frenaron el segundo debate de la ley.

El proyecto consultado (expediente legislativo 21.434, Ley del Trabajador Independiente), reduce el plazo para declarar prescritas las deudas de los independientes con la Caja con el propósito de aumentar la formalización de los trabajadores con el seguro social.

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Como parte del proceso de análisis de esa consulta constitucional, Marta Esquivel envió el oficio a los magistrados en el cual les aclara que, aunque bajar el plazo de prescripción de 10 a 4 años reducirá en ¢4.407 millones anuales los ingresos potenciales por concepto de planillas, eso “no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los seguros sociales”.

La CCSS administra el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), y el seguro de pensiones a través del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Otros efectos del proyecto

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La jerarca de la CCSS sostiene, además, que la institución podría asumir los ¢2.940 millones por concepto de honorarios como resultado de liberar a los deudores de ese pago por los juicios o procesos judiciales cobratorios. El monto sale de estimaciones de la Dirección de Cobros de la CCSS.

La prescripción retroactiva, aclaró Esquivel en la respuesta a la Sala IV, incluiría por única vez a los trabajadores independientes con deudas existentes antes de la eventual entrada en vigencia de la ley, y a los morosos cuyos cobros estén en sede judicial.

La eventual aprobación del proyecto de ley también tendría un impacto positivo en las cuentas por cobrar de los seguros de Salud e IVM.

Según cálculos de la Dirección Actuarial y Económica y la Dirección de Cobros, si el 100% de los trabajadores independientes, activos e inactivos, solicitan la prescripción de deudas mayores a cuatro años de antigüedad, la caída en esas cuentas por cobrar sería de ¢246.887 millones.

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Si solo lo solicita el 75% de ese grupo laboral, la disminución sería de ¢185.166 millones; y si lo hiciera el 25% el efecto sobre las cuentas a cobrar sería de ¢61.722 millones.

“No obstante, cuando se considera la prescripción de incobrables –¢135.110 millones en el Seguro de Salud y ¢103.495 en el de Pensiones– el efecto de la ‘prescripción retroactiva’ termina teniendo un efecto casi neutro desde el punto de vista financiero”, concluyó el oficio de Marta Esquivel a los magistrados.

Reducir el plazo de prescripción de las deudas es considerado el segundo paso en dirección a facilitar que este grupo de trabajadores independientes se ponga en orden con la Caja, lo cual les permitiría tener acceso a los servicios de salud y a mejorar sus condiciones de trabajo.

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A finales del 2022, la Junta Directiva de la CCSS aprobó el reglamento que condona recargos, multas e intereses a patronos y trabajadores independientes morosos con la institución, el cual está en proceso de ejecución.

Esta normativa regula la formalización del acuerdo de pago por deudas de patronos y trabajadores independientes. No incluye la condonación de otros componentes de la deuda; entre ellos, el principal, la facturación de gastos médicos y el pago de subsidios.