La Contraloría General de la República manifestó que no se pronunciará sobre la legalidad o procedencia del aumento salarial aprobado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para sus 63.000 trabajadores.
Así lo dio a conocer en un comunicado de prensa divulgado este jueves 17 de noviembre, en el cual señala que no le corresponde hacer ese tiempo de pronunciamiento.
La mejora en las remuneraciones fue avalada por la Junta Directiva de la Caja en setiembre.
La decisión, sin embargo, ha sido cuestionada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, varios directivos de la entidad y la opinión pública. Incluso, el apoyo al incremento salarial le costó el puesto a Álvaro Ramos, quien ocupaba la presidencia ejecutiva de la CCSS desde mayo.
En ese contexto, Marta Esquivel Rodríguez, quien asumió como presidenta ejecutiva tras la salida de Ramos, decidió someter el incremento al criterio de la Contraloría.
“La CGR considera que la consulta formulada refiere a decisiones ya adoptadas por la CCSS”, respondió la entidad por medio de su oficina de prensa.
En un oficio firmado el 15 de noviembre, Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), puso una fecha límite a la Junta Directiva de la entidad para definir qué pasará con el aumento salarial retroactivo de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales a la base salarial de 63.000 trabajadores, aprobado en setiembre anterior.
Según el documento en poder de La Nación, si antes del 21 de noviembre, la Junta Directiva no toma un acuerdo que revierta el alza avalada en setiembre, la Gerencia General ejecutará el pago.
La presidenta ejecutiva de la CCSS aún no se pronuncia sobre ese oficio.
Desde mayo de 2022, Marta Esquivel Rodríguez ocupó el cargo de Ministra de Trabajo, pero en setiembre pasó a la presidencia ejecutiva de la CCSS tras la salida de Álvaro Ramos. (JOHANFRED)
