El abogado Adrián Torrealba Navas, representante de los empresarios en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mantiene un pulso con la entidad que le reclama ¢152 millones por planillas adicionales de empleados que no fueron canceladas.
El 9 de febrero, la Dirección de Cobros de la CCSS confirmó, vía correo electrónico, que Torrealba Navas adeuda ¢152 millones, cifra que fue facturada el pasado 6 de febrero.
De acuerdo con Luis Diego Calderón, gerente financiero de la institución, la deuda debía ser cancelada el pasado jueves 9 de marzo.
No obstante, el miércoles 1.º de marzo, nueve días antes de la fecha en que el directivo debía pagar el monto, la Junta Directiva tomó la decisión de suspender por cuatro meses los procesos de cobro contra trabajadores independientes.
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Además, los directivos acordaron suspender, por ese mismo periodo, la condición de morosos a trabajadores independientes. En un comunicado de prensa, Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, dijo que la medida busca proteger a los cotizantes y promover la reactivación económica.
Torrealba, nombrado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) en el máximo órgano de decisión de la Seguridad Social, reconoció la existencia de la disputa, pero señaló que el monto es de ¢106 millones.
“Para que quede claro y métaselo en la cabeza, yo no propuse esa moción, ni participé en su discusión, ni participé en la votación. Nada que ver”, declaró Torrealba ante una consulta de este diario realizada la semana anterior.
¿Quién propuso la moción para congelar los cobros? Según Torrealba, el planteamiento fue de Roberto Quirós Coronado, otro de los representantes de Uccaep en la Junta Directiva de la CCSS.
El proyecto de ley
Contrario a lo dicho por la jerarca en el comunicado de prensa, el directivo calificó la decisión de suspender los cobros como “una moción de prudencia”.
“Es una moción de prudencia porque, entre otras cosas, si ya la Sala Constitucional dio vía libre para que se apruebe el proyecto de ley (21.434) que está para segundo debate. entonces, los ¢106 millones se convierten como en ¢50 millones, solo por poner mi caso de ejemplo”, comentó Torrealba.
La iniciativa legislativa que comentó el directivo plantea pasar el cobro retroactivo de diez años a cuatro años para todos los trabajadores independientes que tengan deudas con la Seguridad Social y hagan arreglos de pago en los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
“Lo que hizo la Junta Directiva fue decir: ‘detengan eso, porque hay un montón de dudas razonables de que la CCSS puede estar actuando ilegalmente”, agregó el abogado.
La Nación solicitó a Torrealba una copia del acta de la sesión de Junta Directiva en la que se decidió suspender los procesos de cobro a trabajadores independientes para verificar que él no participó de la votación. Sin embargo, argumentó que el documento no está transcrito.
Desde julio de 2022, un criterio de la Dirección Jurídica de la entidad indicó que Torrealba debe abstenerse de “deliberar y votar” en las sesiones de Junta en las que se analicen asuntos sobre disputas administrativas y judiciales con la institución. También recomendaron que no participe en las discusiones sobre “procesos de cobro que se encuentren en trámite o pendiente de resolución”.
Por último, la Dirección Jurídica argumentó que “no procede la inhibitoria” cuando se analicen “una normativa o decisión de carácter general”, es decir que sean aplicables a todos los trabajadores independientes.
Sin notificación
De acuerdo con información suministrada por la Gerencia Financiera, la CCSS cobra a Torrealba dos procedimientos por un total de ¢152 millones por planillas adicionales no canceladas. Uno de ellos por ¢106 millones y otro por ¢46 millones.
A pesar de esa comunicación, Torrealba señaló que no ha sido notificado sobre el monto total, fecha de pago o emisión de una factura a su nombre. Añadió que mantiene un abogado pendiente del tema y no han recibido notificaciones.
Discrepancias
Torrealba, según dijo, está inscrito en la CCSS como trabajador independiente. Desde entonces, le facturaron un monto basados en un ingreso de referencia, el cual fue definido por la entidad y no declarado por él. “Ellos tenían unos rangos de categoría y sobre eso facturaban”, comentó.
Luego de firmarse un convenio de cooperación entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda, los inspectores de la Seguridad Social tuvieron acceso a las declaraciones de renta de Torrealba y muchos otros trabajadores independientes y generaron cobros por aparentes “subdeclaraciones”.
“Lo que están haciendo es, 15 años después, es decir: ‘todas las facturas que yo le envié están malas’ (...) El punto es que yo considero que ellos (la CCSS) están yendo contra sus propios actos, porque ya me habían determinado, cada mes, un monto y yo pagué. Ahora vienen anular sus propios actos y eso no se puede hacer”, relató el directivo.
Además, aseveró que el Ministerio de Hacienda, al firmar el convenio, le dio a los inspectores de la Caja claves de acceso a los sistemas tributarios. “Ahí es cuando los chavalos comienzan a hacer la fiesta, porque empiezan a ver discrepancias. No es que yo tenía la obligación de declarar un monto del impuesto de renta, eso nunca estuvo claro, tampoco había posibilidad ni deber de declarar, pues en el Sicere (Sistema Centralizado de Recaudación) no se puede declarar”.
De acuerdo con Torrealba, el Ministerio de Hacienda debía trasladar la información que los inspectores solicitaran y no darles acceso automático e irrestricto.
En una resolución del 9 de enero de 2022, ante una denuncia de un ciudadano, la Defensoría de los Habitantes, recomendó revisar ese acuerdo e informar al respecto a la Agencia de Protección de Datos.