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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentará al Ministerio de Salud el protocolo para la atención de solicitudes de interrupción del embarazo con fines terapéuticos en sus hospitales, en cumplimiento de los seis meses dados para su elaboración.
La Junta Directiva de la institución conoció este jueves el documento, confirmó el gerente médico, Mario Ruiz Cubillo.
El funcionario aseguró que el protocolo cumple con los lineamientos en derechos humanos y bioética, y con los marcos normativos y las lineas jurisprudenciales vigentes.
Al Ministerio de Salud le corresponderá la aprobación del protocolo, aclaró la CCSS en un comunicado de prensa.
El 13 de diciembre anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la norma técnica que permite la interrupción del embarazo cuando peligra la salud y la vida de la madre. Se tardaron más de cuatro años de trabajo de equipos de especialistas para su elaboración.
En ese momento, Alvarado aclaró que la norma técnica no legaliza el aborto libre en Costa Rica, sino que busca estandarizar el abordaje médico de un procedimiento establecido por el Código Penal desde 1970, que permite interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer corra peligro.
La interrupción del embarazo para proteger la salud y vida de la madre deberá pasar por un proceso de revisión que incluye el criterio colegiado de médicos especialistas en Ginecoobstetricia, y la firma de un consentimiento informado de la mujer.
Estas son parte de las medidas incluidas en la Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal.
FUENTE: Ministerio de Salud || créditos / LA NACIÓN.
Esa norma establece la figura del aborto impune: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
El ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, ha sostenido que la norma no abre portillos al aborto libre, como afirman algunos grupos políticos y religiosos y la Iglesia.
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"Es una norma que lo que busca es proteger la salud o la vida de las mujeres que, por su situación de embarazo y ante una patología de fondo, tiene un peligro inminente para su salud y su vida, y cuando se hayan agotadas todas las posibilidades médicas”, manifestó el ministro de Salud, Daniel Salas el martes 10 de diciembre.
