Vilma Campos, gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), admitió que uno de los funcionarios sospechosos de haber extendido de forma irregular el contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para administrar y dar soporte al Expediente Digital Único en Salud (EDUS), es el mismo que lidera la elaboración de los términos de referencia para una nueva contratación con el Instituto.
El acuerdo con el ICE inició en 2017 por un monto máximo de $201 millones, pero la Caja lo prorrogó en marzo de 2023 por un año más por ¢12.000 millones, ese vínculo venció el pasado 6 de marzo.
Durante una entrevista con La Nación, Campos indicó que la Dirección Jurídica de la CCSS señaló, el 5 de marzo del presente año, presuntas ilegalidades en la renovación de ese contrato, pues no existieron criterios legales, técnicos y financieros para proceder a la extensión.
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La gerente general añadió que esa situación motivó a la Junta Directiva a pedir, el pasado 6 de marzo, una investigación a la Auditoría Interna y agregó que una de las personas que podría ser responsable de la renovación irregular del contrato sería Manuel Rodríguez, director de EDUS.
Pese a esa circunstancia, Rodríguez es la persona que dirige, en la actualidad, la elaboración de los términos de referencia para firmar un nuevo contrato con el ICE.
Al ser cuestionada sobre ese aspecto, Campos manifestó que los técnicos en tecnologías de información en la entidad capaces de construir el cartel para la nueva contratación con el ICE “son escasos”. “Es lo que tenemos”, enfatizó, Campos.
No obstante, la CCSS dispone de profesionales en tecnologías de información en los centros médicos, los cuales han asesorado a la Junta Directiva en otras oportunidades. Por ejemplo, años atrás brindaron asesoría en la contratación de un sistema de redes.
En su defensa, Rodríguez declaró que no solo él participa de la elaboración de los términos de referencia, sino que intervienen varios de sus subalternos. Entre esas personas mencionó a Alejandra Calderón, administradora de empresas, Yalile Alpizar, ingeniera electromecánica, José Manuel Zamora, ingeniero en sistemas, Wilson Espinoza, administrador de empresas y Roberto Blanco, coordinador de la implementación de Salud Digital.
Además de la revisión que, según la Gerencia General, está haciendo la Auditoría Interna, la Dirección Jurídica de la CCSS presentó, días atrás, una denuncia penal ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la contratación del ICE para administrar y dar soporte al EDUS.
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De acuerdo con la gestión presentada por Gilberth Alfaro, director Jurídico de la Caja, existe la presunción de que en la contratación, aprobada en 2017, por $201 millones (¢103.000 millones, aproximadamente), se excedió el porcentaje de subcontratación permitido por la normativa.
La Ley de Contratación Administrativa establece que ningún contratista puede subcontratar más del 50% de los bienes o servicios pactados; el objetivo de esa norma es asegurar la idoneidad de los proveedores y los mejores precios posibles para el Estado.
Además, dice la denuncia, en el expediente del contrato hay documentos que comprueban atrasos en la implementación de los servicios dados por el ICE, pero no existe evidencia de que la CCSS haya aplicado suspensiones o cobro de multas por esos inconvenientes.
¿Cuánto se le subcontrata al ICE?
En una entrevista realizada la semana anterior, Manuel Rodríguez, director de EDUS, no logró responder cuántos de los servicios encargados al ICE, desde 2017, fueron subcontratados. Tampoco pudo precisar cuánto de la futura contratación sería contratado por el ICE.
Rodríguez comentó que aún no tienen los costos ni el desglose de los servicios que pretenden contratarle al ICE, lo cual le impide definir cuál será el porcentaje de subcontratación para determinar si cumplen con la legislación vigente.
Al ser cuestionado por qué seleccionaron una contratación extraordinaria entre entes de derecho público sin tener esa información, respondió que se está validando con el ICE el porcentaje de subcontratación. “Tendrá que revisarse si cumple o no”.
“En este caso, el primero que tiene que garantizar esa participación sustantiva es el ICE y nosotros validamos esa información”, subrayó Rodríguez.
Agregó que existe una comisión técnica encargada de validar esa información, pero no precisó quiénes integran ese órgano.
Desde el 12 de marzo, la Gerencia General de la CCSS se comprometió a enviar varios documentos relacionados con este proceso de contratación y con el acuerdo firmado en 2017, pero al cierre de esta información no los ha remitido.
El lunes anterior, por medio de la oficina de prensa, este diario reiteró la solicitud, pero aún no hay una respuesta efectiva.
Rodríguez aseguró que de los $201 millones pactados en 2017, la CCSS pagó servicios de soporte, mantenimiento, infraestructura y equipos para EDUS.
Vencimiento del contrato
El 16 de febrero del presente año, Vilma Campos, gerente general de la CCSS, expresó su preocupación a los miembros de Junta Directiva el pasado por el vencimiento del contrato con el ICE, ya que se ponía en riesgo la operación de EDUS en varios centros médicos.
Ese día, a través del oficio GG-0176-2024, les comunicó que el acuerdo con el ICE vencía el miércoles 6 de marzo y reportó la inacción de la Presidencia Ejecutiva para solucionar ese problema.
Además, detalló en esa nota que los centros médicos en riesgo son el Hospital México, Hospital de las Mujeres, Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, Hospital Tony Facio (Limón), Hospital Monseñor Sanabria (Puntarenas), Hospital de La Anexión (Nicoya), Hospital de Golfito y el Hospital de Guápiles. Antes de citarlos, dijo que “en caso de suspenderse dichos servicios se generaría una afectación relevante en la prestación de los servicios de salud”.