La Sala Primera confirmó una condena contra la empresa Autopistas del Sol S.A. (ADS) por el incumplimiento contractual en el diseño y construcción de la radial Escazú-Hatillo-Calle Morenos, cuyos taludes colapsaron meses después de su puesta en servicio, informó este viernes la Contraloría General de la República (CGR).
Con este fallo, dictado el 17 de setiembre de 2026, quedó en firme la condena al pago de ¢2.528 millones a favor del Estado.
El proceso, tramitado bajo el expediente 14-010753-1027-CA, fue interpuesto por la Contraloría General de la República (CGR) el 19 de diciembre de 2014.
La obra había sido pactada mediante el Convenio Complementario No. 1 (CC1) al Contrato de Concesión de Obra Pública San José-Caldera, bajo la modalidad de suma alzada, por un monto original de $9.074.250,00, con el concesionario asumiendo el riesgo técnico y financiero del diseño y la construcción.
La ruta entró en servicio provisional el 21 de agosto de 2009.
Según los hechos que el Tribunal Contencioso Administrativo tuvo por probados, ya en marzo de 2010 —a escasos meses de su apertura— los taludes presentaban deslizamientos, agrietamientos y ausencia de obras de drenaje.
Los derrumbes se agravaron con las lluvias de junio y agosto de ese año, lo que obligó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a cerrar la vía el 13 de agosto de 2010 y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a contratar de emergencia a la empresa Geointer Costa Rica S.A. para su reconstrucción.
Lo que determinó el Tribunal en 2021
La Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la sentencia 62-2021-IV del 19 de mayo de 2021, concluyó que ADS no realizó los estudios básicos —geológicos, geotécnicos ni de laboratorio— necesarios para el diseño de los taludes, según lo evidenció el Informe de Colaboración Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR (Lanamme-UCR).
El Tribunal rechazó la tesis de fuerza mayor por lluvias anormales planteada por la empresa, al considerar que no aportó prueba técnica idónea que respaldara esa alegación, y descartó también la excepción de prescripción invocada por ADS.
El fallo declaró el incumplimiento contractual de la empresa y la condenó a pagar los ¢2.528 millones que el Conavi debió invertir en la reconstrucción, más intereses legales sobre cada pago realizado y ambas costas del proceso.
Además, el Tribunal ordenó notificar la sentencia al Área de Denuncias e Investigaciones de la CGR y a la Procuraduría de la Ética Pública, para que valoren abrir una investigación administrativa contra funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) por su inercia frente al incumplimiento detectado.