Una medida cautelar solicitada por el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE) atrasará en casi un año el lanzamiento de la red móvil 5G del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lo cual generará pérdidas millonarias a la entidad.
Carlos Stradi Granados, presidente del FIT-ICE, presentó una acción legal ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el decreto ejecutivo emitido en agosto del 2023 que excluyó a la empresa china Huawei como proveedora de redes 5G, por razones de seguridad nacional en Costa Rica.
El 6 de febrero, el Tribunal acogió la medida cautelar, lo que suspendió la vigencia del decreto y también paralizó la licitación del ICE en la que participaban ocho empresas, incluida la compañía china.
Al día siguiente, el 7 de febrero, el Instituto emitió un informe sobre las afectaciones al cronograma de la licitación 2023XE-000023-0000400001, producto de la medida cautelar. Este documento fue incluido en el expediente judicial 24-001014-1027-CA-4, al que tuvo acceso La Nación.
La licitación, publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en noviembre del 2023, buscaba proveedores para desarrollar una red de telefonía móvil nueva de 5G, cuyo diseño e integración con los sistemas existentes del ICE requería plazos extensos hasta tenerla completada.
Según el plan inicial, el lanzamiento comercial de los servicios 5G del ICE estaba previsto para setiembre del 2025, luego de completar en junio de este año la adjudicación de un proveedor y, en diciembre, la recepción de los equipos necesarios.
No obstante, con la suspensión impuesta por la medida cautelar, el ICE proyectó que el lanzamiento comercial se retrasaría hasta enero del 2026, siempre y cuando la medida fuera levantada en julio de este año, lo cual no sucedió.
“En caso de que la medida cautelar no se resuelva en julio, el plan original seguirá acumulando más retrasos”, advierte el informe del ICE.
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Al mantenerse la medida en firme, el Instituto ahora acumula un retraso de al menos nueve meses respecto a su previsión inicial, lo que pospone el lanzamiento de los servicios 5G hasta junio del 2026 y con posibilidad de más retrasos si continúa en firme la acción ante el Tribunal.
El pasado 20 de noviembre, Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del ICE, advirtió de que la entidad dejará de percibir $289 millones en ingresos durante los próximos cinco años si no logra implementar la red 5G a tiempo.
En la misma actividad, Paula Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, denunció presiones de Huawei apoyadas por sindicatos del ICE.
“La empresa Huawei está coaccionando o tratando de obligar al Estado para asegurarse su participación en 5G. Esto lo hacen con el apoyo de dos sindicatos del ICE”, afirmó Bogantes.
El pasado miércoles, el gobierno presentó una denuncia penal contra la auditora general del Instituto, Ana Sofía Machuca Flores, y también contra la empresa china Huawei, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público.
En el caso de Huawei Technologies Costa Rica S. A., el reclamo del gobierno es por los supuestos delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
Ese procedimiento también incluye a Yang Peng, apoderado generalísimo de Huawei en Costa Rica, por los mismos delitos que se le achacan a la empresa.
