El primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, cambió la versión sobre el proyecto de buses eléctricos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por el cual compite el actor Prabhakar Sharan Prasad, quien está vinculado al partido chavista Aquí Costa Rica Manda (ACRM).
En una publicación hecha en Facebook el 30 de agosto, Brunner manifestó que seis empresas internacionales estaban “optando por ser el socio estratégico del ICE, para proveer al país de buses eléctricos”.
La entidad estatal luego alquilaría las unidades a las concesionarias de transporte público.
En aquel momento, el vicepresidente agregó que cada compañía enviaría “en los próximos días su propuesta final económica” y, una vez concluida esta etapa, “el ICE escogerá a su socio para ofrecerles a los concesionarios de ruta el alquiler de buses eléctricos”.
No obstante, en una declaración posterior ante repreguntas de La Nación, Brunner afirmó que el proyecto no constituye un concurso ni un negocio con el Estado, contradiciendo lo dicho en Facebook, y la información inicial que su oficina suministró a este medio.
Anteriormente, este periódico solicitó al jerarca los nombres de las seis firmas involucradas y sus representantes: su oficina envió una comunicación -el 5 setiembre- negándose a dar la información, alegando que “el proceso de contratación corresponde al ICE como ente rector en el tema que nos ocupa (...)”.
Esta posición cambió drásticamente ocho días después, en la nueva respuesta enviada a La Nación el pasado 13 de setiembre. Ahora, el despacho de Brunner argumentó que en realidad son 14 empresas involucradas y que el proyecto “es una relación comercial privada entre un fabricante o representante de buses eléctricos y los concesionarios de rutas ordinarios del país”.
Las firmas, dijo, son Andes Motor/Fotón, Astronix, Caetano, Eletra, Enel X, Iveco, Marcopolo, Matra/Volvo, Quantico/Yutong, Scania, Skywell, Vertex, Zhongtong y Switch. Esta última es la que representa el actor Prabhakar Sharan Prasad, quien ha conseguido reuniones con altos funcionarios públicos, Brunner entre ellos, gracias diputado de Gobierno, Alexánder Barrantes, quien también apoya al partido ACRM.
Canatrans rechaza versión
La descripción del vicemandatario, de que el proyecto es una “relación comercial privada”, choca con la versión de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), que reúne a empresas autobuseras.
“La Cámara no ha participado. El proceso de ellos ha sido estrictamente con oferentes, o sea, con empresas proveedoras. Quedamos en que, una vez que el modelo de negocio estuviera avanzado, así como los mecanismos de financiamiento y posibles oferentes definidos por el ICE, podíamos volver a sentarnos”, explicó a La Nación la presidenta de Canatrans, Silvia Bolaños.
El rol de Brunner
Brunner asevera que su rol en el proceso del ICE ha sido de “articulación política interinstitucional”.
Al cuestionársele sobre las implicaciones de dicho papel, se limitó a subrayar que se trata de “coordinar, y concertar las diferentes tareas de las instituciones públicas involucradas en los temas de interés del despacho de la primera vicepresidencia”.
Esta articulación, según la vicepresidencia, se ha hecho con el ICE, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) e instituciones privadas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Este medio también había hecho consultas al ICE, desde el 4 de setiembre, sobre las empresas internacionales involucradas, sus nombres y representantes, sin embargo, se rehusaron a dar detalles alegando que “la investigación de mercado incluye información comercial de carácter estratégico para las empresas”.
“En el documento de solicitud de muestras de interés se indicó que la misma se compartiría únicamente con autoridades de Gobierno”, recalcó la institución.
Sin embargo, el 11 de setiembre, la empresa pública emitió un comunicado dando a conocer los nombres de las firmas. Igualmente, aseguró que las recepciones de muestras de interés “tiene un carácter exploratorio y no implica concurso ni licitación, así como tampoco un proceso de selección de ningún tipo”.
También, está pendiente que el Instituto responda a otra solicitud, enviada desde el 4 de setiembre, en la que se les preguntó, por ejemplo, si hubo un proceso de selección de las seis empresas; los criterios de escogencia y quién realizó el proceso. También, se urgió detallar si otras empresas habían participado; pormenores sobre la atracción de empresas como posibles socios y por qué medios se les informó.
De acuerdo con el ICE, el propósito de las reuniones es conocer “el costo por kilómetro recorrido para efectos comparativos, así como continuar con el análisis de modelos de negocio internacionales que podrían adaptarse a Costa Rica, tanto para cada actor involucrado como para el ICE, sobre su giro de negocio (infraestructura de recarga, refuerzo de circuitos o suministro de energía)”.
En un oficio que le envió el presidente del ICE, Marco Acuña, a la diputada Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista (PLP), a mediados de julio, la entidad argumentó que para desarrollar el modelo de negocio se propone crear un vehículo de propósito especial (VPE), “el cual podría ser una S. A. (Sociedad Anónima) u otra figura que se considere pertinente, y ese VPE será el que asuma el financiamiento”.
Un VPE es una figura jurídica que asume los derechos sobre los activos titularizados y las obligaciones derivadas de los valores emitidos y colocados en el mercado bursátil.
En otro oficio enviado también a Cambronero, pero esta vez por el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, se explica que se ha trabajado en la constitución de un fondo, a través del Banco Nacional, que está en proceso de fondeo, por parte de inversores y cooperantes internacionales, para que, a través de un VPE, la entidad bancaria pueda comprar las unidades y darlas en leasing a los operadores de ruta regular.
Para lo cual, se prevé la necesidad de contar con un capital de hasta $270 millones para un lapso de siete años, para procurar la sustitución paulatina de la flota de autobuses, incluyendo la compra de unidades y la red de carga.
En esa misma línea, el pasado 8 de setiembre, el ICE y el Banco de Costa Rica (BCR) anunciaron la firma de un convenio de cooperación interinstitucional para impulsar modelos de negocio basados en la electrificación renovable de la economía nacional. Aunque ambos no detallaron en qué consiste esa alianza.