La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se apersonó en representación del Estado, en su condición de víctima, al proceso penal que la Fiscalía General tiene abierto contra la canciller Epsy Campbell por los nombramientos de la directora de Política Exterior y de la directora alterna de esa misma área, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio Público indaga si Campbell incurrió en anomalías al nombrar a estas funcionarias en julio de esta año. Para ello, evalúa si cumplían con los requisitos necesarios.
La Procuraduría de la Ética ya había recibido una denuncia sobre el tema.
Adicionalmente, la PEP le solicitó a la Fiscalía General de la República que le remita copia de todo el expediente penal para ejercer sus competencias en este caso.
A mediados de este año, la también vicepresidenta de la República nombró a Adriana Murillo y a Carolina Fernández como directora y directora alterna de Política Exterior.
Este martes, trascendió que, según un criterio de la Procuraduría General de la República, las direcciones de la Cancillería no pueden ser nombradas como un puesto de confianza, luego de que la canciller colocara a estas dos personas en este tipo de cargos.
Según la Procuraduría, para que una persona sea nombrada en un puesto de confianza en el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe tratarse de un caso de excepción, pues los colaboradores de esa entidad se rigen bajo el Estatuto del Servicio Exterior, normativa que prohíbe las designaciones a dedo.
Dentro de las excepciones previstas no están los cargos de director.
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La Procuraduría hizo la valoración luego de que la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ana Karine Niño, presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, le consultara su opinión acerca de esos dos nombramientos específicos en la Cancillería.
El ente procurador se pronunció aclarando que se trata de un criterio no vinculante, centrado en los aspectos técnicos y jurídicos. Lo anterior se justifica en que, para que las apreciaciones de la Procuraduría tengan efecto legal, la consulta debió venir del Ejecutivo, exactamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y no de la Asamblea Legislativa.
Cuestionado sobre el tema este martes, tras el Consejo de Gobierno, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, declaró que el Poder Ejecutivo hará la consulta sobre el tema a la Procuraduría, para que la respuesta adquiera carácter vinculante.
