El Tribunal Supremo de Elecciones se opone a la creación de “megaelecciones”. Así calificó la idea de los diputados de unificar las elecciones presidenciales con las municipales. Ese es el objetivo del proyecto de Ley 23.229, planteado por legisladores de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR).
El pasado 2 de abril, a raíz de una consulta de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, los magistrados señalaron que el costo de las “megaelecciones” sería un 55% más alto de lo que se invierte en una elección nacional con primera ronda y balotaje.
Los jueces electorales expusieron que, en algunos cantones, los votantes recibirían papeletas con más de 30 opciones partidarias.
El TSE explicó que, hasta octubre del 2022, el país tenía registrados 145 partidos políticos. En una hipotética elección nacional y municipal unificada, estas agrupaciones podrían inscribir candidaturas para siete puestos: presidencia, diputaciones, alcaldías, regidurías, sindicalías, concejalías e intendencias. Solo en las elecciones cantonales de 2020 se inscribieron más de 150.000 candidaturas para diferentes cargos.
Esto se combina con el crecimiento del padrón electoral, de aproximadamente 3,6 millones de votantes. El Tribunal señaló que, pese al aumento de la población, los plazos para inscripción de nóminas y conteo de votos son los mismos.
“No es posible organizar una megaelección en la que se vote por todos los cargos de los gobiernos nacional y locales”, sentenciaron los magistrados electorales.
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TSE descarta ahorro por elecciones conjuntas
El Tribunal Supremo de Elecciones rechazó los argumentos del eventual ahorro que implicaría para el Estado realizar unas elecciones conjuntas.
“El porcentaje de ahorro puede no ser tan significativo como se piensa: al tener más papeletas por las que sufragar, el elector podría demorar más tiempo en el recinto de votación, lo que obligaría a repensar en la cantidad máxima de ciudadanos por junta; esto, a su vez, llevaría a un aumento en el número de esos organismos electorales y a un crecimiento de los costos asociados a estos”, explicaron los magistrados.
Asimismo, afirmaron que la concentración de los comicios no reduce la cantidad de puestos por elegir, de forma que los gastos por impresión de papeletas serían exactamente los mismos o, incluso, podrían aumentar.
“De hecho, podría ocurrir que se tengan que contratar servicios de imprenta adicionales o en jornadas 24/7, pues el lapso para tener listo el material electoral se mantiene invariable”, destacó el Tribunal.
Los magistrados aportaron números exactos para ejemplificar el ahorro “poco significativo” de unas elecciones conjuntas: los comicios municipales del 2020 costaron casi ¢4.200 millones, mientras que la elección nacional del 2022 costó casi ¢7.000 millones, incluyendo las dos rondas. Entre ambos eventos, el Estado invirtió ¢11.160 millones.
Los jueces electorales reconocieron que una evaluación superficial podría hacer creer que una “mega elección” ahorraría los casi ¢4.200 millones de los votaciones municipales. Sin embargo, la complejidad organizativa de unas votaciones con seis o siete tipos de cargos distintos aumentaría los costos de operación, de manera que el costo final de una escenario unificado sería de ¢10.800 millones.
“Puesto de otro modo, si hay un ahorro al conjuntar los eventos comiciales este sería de unos ₡330 millones, monto poco significativo si se le compara con los costos que tiene la iniciativa para la institucionalidad y el sistema democrático”, indicó el TSE.
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El Tribunal añadió que Costa Rica tiene uno de los costos por voto más bajos de la región, ya que se presupuestan aproximadamente ¢4.500 millones para atender los comicios locales. Esto, añadieron, representa cerca del 0.04% del presupuesto de la República.
“Esta cifra es realmente modesta si se le compara con los réditos democráticos que trae consigo un proceso municipal autónomo”, destacaron.
Magistrados defienden derecho al voto informado
Los magistrados del TSE defendieron el derecho de los ciudadanos a emitir un voto informado, el cual, afirmaron, se vería damnificado si se unifican las elecciones.
Aseguraron que, si se efectúa el mismo tiempo las elecciones cantonales y las presidenciales, estas últimas acapararían el interés y la atención, y relegarían las municipales a un papel secundario. Además, la gran oferta electoral a la que se enfrentarían los ciudadanos podría causar confusión.
“Otro punto importante por el que las elecciones nacionales y locales deben estar separadas es la complejidad que representa para el elector el tener que decidir cuál es la opción partidaria de su preferencia en no menos de cinco papeletas distintas”, señaló el Tribunal.
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Adicionalmente, detallaron que mantener las elecciones separadas contribuye a evitar el “voto arrastre”. Este es el efecto psicológico que incide en las preferencias del votante cuando se realizan simultáneamente unas elecciones percibidas como “principales” (las presidenciales), junto con otras percibidas como secundarias (las municipales).
Para el TSE, la separación de procesos permite al elector concentrarse en decidir su voto a nivel local con base en las consideraciones propias de cada comunidad. En criterio de este órgano, la unificación a la que aspira el proyecto de ley “supondría una violación al derecho ciudadano de un voto informado”.
Anteriormente, los magistrados electorales expresaron su preocupación por el avance de tres proyectos de reforma electoral que calificaron como regresivos, entre ellos, el que buscaría unificar nuevamente las elecciones. Este cuenta con la firma de los congresistas Alejandro Pacheco y Carlos Andrés Robles, del PUSC; Carolina Delgado y Gilberth Jiménez, del PLN; y David Segura, de Nueva República.
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