El departamento de Servicios Técnicos del Congreso advirtió a los diputados de que el proyecto de ley que reviviría la pesca de camarón con redes de arrastre se basa en un estudio que incumple los requerimientos exigidos por la Sala Constitucional para permitir de nuevo este arte de pesca.

Según el órgano asesor de la Asamblea Legislativa, el experimento del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), en el que se sustenta el plan, es tan solo una parte del estudio de impacto ambiental que en realidad se requiere.

Según Servicios Técnicos, bajo esa circunstancia, el proyecto corre el riesgo de ser inconstitucional.

El plan de ley está en trámite en la comisión de Asuntos Agropecuarios, con un procedimiento abreviado.

Lo que pretende es autorizar la pesca de camarón con un tipo específico de redes de arrastre.

Dicha técnica fue prohibida en el 2013 por los magistrados constitucionales, quienes consideraron que ese arte de captura causa un severo daño ambiental por la gran cantidad de fauna de acompañamiento (FACA) que atrapa (95% de cada tonelada extraída).

No obstante, la Sala dejó abierta la posibilidad de reanudar el método, si estudios científicos demostraban la viabilidad de lograr “una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático”.

Los impulsores del proyecto afirman que dicha evidencia la contiene una investigación que realizó Incopesca en el 2018, según la cual, mediante el uso de una nueva red a la que denominaron AA Costa Rica, se logra que el 75% de cada tonelada corresponda a camarón y el 25% a FACA.

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No obstante, luego de revisar la iniciativa, Servicios Técnicos encontró que dicho insumo es insuficiente. La oficina considera que el desarrollo sostenible democrático también incluye principios como el reparto equitativo de riqueza, la solidaridad y la justicia social; elementos que se consideraron ausentes en el estudio aportado.

“A criterio de esta asesoría, el estudio aportado de métodos de pesca de camarón por arrastre es un gran avance para lograr el objetivo, pero es solo una parte alícuota del EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) que se debe presentar y que el mismo debe completarse con los principios integradores del Desarrollo Sostenible Democrático esbozado por la Sala Constitucional”, dice el informe.

Según Servicios Técnicos –cuyos criterios no son vinculantes para los diputados–, el proyecto de ley que se apruebe para reactivar la pesca de arrastre debe basarse en estudios técnico-científicos revisados y aprobados por Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

“En otras palabras, el legislador debe contar con la certeza técnica a través de los estudios mencionados como elemento esencial para la aprobación del proyecto; de no hacerlo, acarrearía la inconstitucionalidad de la propuesta en los términos indicados y mencionados en este informe por la Sala Constitucional", señala el informe de Servicios Técnicos.

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“Para el trámite de este expediente ,solo se cuenta con el estudio ya analizado, sin observar resultados de evaluaciones de comportamiento y realidad actual de la especie en su entorno, la biomasa existente, el manejo del fondo marino y la protección y conservación de la micro y macro fauna y flora, las áreas de pesca, el equilibrio de la cadena trófica, la distribución equitativa de la riqueza, las familias a beneficiar y el beneficio económico y social resultante de la apertura”, añadió el órgano asesor.

La revisión además encontró que el espíritu del proyecto es reactivar la pesca con redes de arrastre, pero por la forma en que está redactado, lo que autoriza es la pesca de camarón con red de cerco, que es un técnica distinta. Dicha dicrepancia, dice el órgano, produce inseguridad jurídica.

Organizaciones como el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (UNA) y Marviva sostienen que al estudio en el que se basa el proyecto de ley falta rigor científico.

Con ese argumento, Marviva presentó un recurso de amparo contra Incopesca, pero la Sala Constitucional rechazó de plano la queja, por considerar que la naturaleza del recurso de amparo no admite entrar a analizar criterios técnicos.

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Diputado restauracionista: ‘No conocen de pesca’

Melvin Núñez, diputado del Partido de Restauración Nacional e integrante de la comisión de Agropecuarios, afirmó sentirse confiado sobre el fundamento del proyecto, pese a los señalamientos de Servicios Técnicos.

“El problema más grave que tenemos aquí, es que hay gente en San José definiendo las pesquerías y que no conocen de pesca; esa es la primera razón que a veces uno logra ver en ciertos informes”, dijo Núñez.

“Si me hablara un biólogo, ahí estaríamos hablando distinto. Y no uno pagado por Marviva, uno que sea completamente neutro y que hable de temas que sí le atañen, que sí conoce”, añadió el restauracionista.

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Núñez reconoció que hace falta ampliar la investigación sobre la pesca de arrastre, pero aseguró que, mientras tanto, la misma debe reactivarse.

En tanto que Mario Castillo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidente de la comisión de Agropecuarios, dijo que prefiere no hablar sobre el fondo del proyecto para evitar obstaculizar la discusión. Según dijo, la comisión tiene tiempo hasta el 8 de octubre para dictaminar el proyecto y, aunque podrían pedir una prórroga, es posible que se apeguen al plazo.

La legisladora Aida Montiel, del Partido Liberación Nacional (PLN) y quien también integra el foro de Agropecuarios, dijo que no dará una opinión sobre el proyecto hasta que llegue al Congreso el criterio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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La Comisión le pidió opinión a dicho ente sobre las competencias de Incopesca para normar la forma en que se aprovechan los recursos pesqueros, así como sobre los criterios que deben reunir las pesquerías.

Consultado sobre el proyecto de ley, el presidente Carlos Alvarado dijo que considera que los estudios técnicos deben hacerse. No obstante, afirmó que también es importante ampliar las opciones laborales de la población de Puntarenas.

“Como nunca atendimos el mediano y largo plazo, nuestros problemas graves hoy son inmediatos, pero estamos dando soluciones”, dijo el mandatario.

Colaboró el periodista Josué Bravo.