El departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa les respondió a los diputados que el crédito rápido de $508 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le concedió al país, sí requiere de aprobación legislativa.
El pronunciamiento obedece a una consulta de los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quienes dudaron del tema porque el proyecto de préstamo enviado por el Gobierno al Congreso consiste en una autorización de endeudamiento, no en un contrato de crédito internacional.
Servicios Técnicos concluyó que el financiamiento del FMI es un empréstito internacional y como tal debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa con un mínimo de 38 votos, según la Constitución Política.
El documento AL-DEST- IJU -181-2020 reconoce que, en este caso, no existe un convenio, contrato o acuerdo del Gobierno que se deba “aprobar o improbar”, sino que el proyecto de ley consiste en una autorización previa para negociar o suscribir el empréstito.
Sin embargo, añade que, pese a ser un acuerdo entre el Banco Central y el FMI, al ser una operación que financiaría al Gobierno, le corresponde al segundo asumir las obligaciones financieras.
Esos compromisos serían realizar el reembolso, el pago de intereses y otros cargos.
Servicios Técnicos agrega que en virtud de ese componente de obligaciones, “es precisamente que se requiere la autorización legislativa de endeudamiento que constituye este proyecto esencialmente”.
El informe fue elaborado por el asesor parlamentario Gustavo Rivera Sibaja.
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El crédito rápido es la antesala de un eventual acuerdo stand-by por unos $2.250 millones para los próximos tres años, en los que el país tendría que asumir compromisos de reducción del déficit fiscal y de estabilidad económica.
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El Gobierno negoció ese crédito en el mes de abril con el Fondo Monetario para atender la pandemia, mediante una figura denominada Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). Tiene un plazo de cinco años y una tasa de interés de 1,55% anual.
La gestión de crédito está a cargo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), por ser el representante de Costa Rica ante el FMI, pero luego los recursos serían trasladados al Ministerio de Hacienda para su uso presupuestario.
En específico, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó ante los diputados que serían usados para sustituir deuda interna, que es más cara.
En su informe, Servicios Técnicos cita la exposición de motivos del texto enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea.
En ese proyecto, el Gobierno añade que los compromisos financieros “representan una obligación de pago para el Gobierno de la República y por ende es un endeudamiento del Gobierno, por lo cual debe contar con las autorizaciones administrativas y la autorización legislativa.”
Las consultas legales de los diputados de Hacendarios fueron elevadas la semana pasada ante ese departamento legislativo, así como a la Procuraduría General de la República (CGR) y la Contraloría General de la República (CGR).
Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión, explicó en ese momento que las dudas surgieron debido a que al Congreso llegó una autorización de endeudamiento y no un contrato internacional de empréstito, como suele ocurrir.
Además, la legisladora consideró necesario dilucidar lo referente a la triangulación de recursos entre el FMI-BCCR y Hacienda.
Servicios Técnicos afirma que el BCCR es el ente nacional que actúa como agente del Estado, “no porque esto lo exija así el Convenio del Fondo que también permite la actuación del Ministro de Hacienda, sino porque así lo determinó el legislador nacional en su momento”, añade.
Pero aclara que, por el tipo de operación de financiamiento, el IFR es un “asunto de Estado” y “se trata de deuda soberana, que cuenta con el aval y la responsabilidad del Gobierno”.
El informe explica que el acuerdo o convenio entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central es un asunto administrativo interno, que no requiere aprobación legislativa.
La comisión legislativa de Asuntos Hacendarios se mantiene a la espera de las respuestas de la PGR y la CGR.
El diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), integrante de dicha comisión legislativa, dice que Servicios Técnicos es claro en que los recursos irían a Hacienda pese a ser tramitados por el Banco Central.
“Resuelto esto, es claro que estos recursos serán para cubrir parte del Presupuesto Nacional y por ello se convertirán en deuda. Ante esto, es necesario que sea aprobada por el Plenario Legislativo”, añadió el legislador.
