Según el secretario general, el llamado lo hizo porque Soto es uno de los alcaldes investigados en el caso Diamante, en el cual el Ministerio Público investiga aparente corrupción en contratos de obras viales municipales. Cuatro alcaldes liberacionistas están en esta causa y, de ellos, Soto es el único que puede aspirar a la reelección porque está en su primer periodo de cuatro años.
No pueden reelegirse quienes cumplan ocho años o más en el cargo, debido a una reforma legal aprobada en el 2022 que eliminó la reelección indefinida.
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Si bien no existe una condena y a Soto le asiste el derecho constitucional de participar en las elecciones locales del próximo año, el secretario general del PLN alega que el caso Diamante ha impactado a la opinión pública.
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“Más allá del caso concreto, la ciudadanía exige transparencia en este momento, renovación de liderazgos, desatornillar a quienes tienen años en política y no dan espacio para surjan nuevos y mejores dirigentes. Mi deber es trabajar porque esa aspiración válida de los ticos se revitalice en el PLN”, apuntó Guillén.
Soto tiene una trayectoria de 30 años en el municipalismo y resultó electo alcalde, por primera vez, en las municipales del 2020. La ley que limita a ocho años consecutivos el periodo de los alcaldes le permite aspirar a la reelección.
Al ser consultado por La Nación, el alcalde dijo que no podía confirmar su aspiración por no estar en campaña actualmente.
“Estoy enfocado en mi labores y gestión como alcalde de todos los alajuelenses, electo popularmente sin distingos de ningún tipo. Los órganos consultivos de dicha organización política y democrática son los órganos decisorios”, reaccionó Soto.
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En tanto, Guillén insistió en que una candidatura del actual alcalde, aún siendo investigado por la Fiscalía, sería determinante en las próximas elecciones municipales.
Dijo que no solo le afectará a él y a su familia, sino que también dañaría al PLN.
“Por supuesto, le hará mucho daño a las posibilidades que tiene el partido en Alajuela de ganar y nos hará daño a nivel nacional. Don Humberto junto a sus seguidores más cercanos puede buscar firmas de apoyo, pero el problema de fondo aún así persistiría.
“No estoy inventando el agua tibia, ya este escándalo le hizo muchísimo daño a Liberación en la última elección nacional. Es un asunto de realidad política, de percepción y confianza de los ciudadanos”, continuó Guillén.
Además de Soto, son investigados los alcaldes liberacionistas Johnny Ayaya, de Sa José; Alberto Cole, de Osa; y Alfredo Córdoba, quien ya no está en la Municipalidad de San Carlos.
También, son indagados el alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, del Partido Nueva Generación (PNG); y Mario Redondo, de Cartago, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
Los sospechosos fueron suspendidos por seis meses de sus cargos en noviembre del 2021. Retornaron a sus labores en mayo de 2022, luego de que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, levantó la medida cautelar.
Soto regresó a su cargo, el 24 de mayo del año anterior. Fue recibido en la municipalidad con aplausos y música de mariachi.
