Un fallo pendiente en la Sala Constitucional tiene paralizadas resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR) sobre 218 investigaciones contra funcionarios públicos –ya concluidas– relativas al aparente uso indebido de fondos estatales.
Las indagaciones involucran a 545 funcionarios, los que aguardan por una decisión del ente contralor. De ellos, 175 son empleados municipales, incluidos varios alcaldes.
Sin embargo, la CGR está atada de manos: la Sala Constitucional le prohíbe emitir fallos desde abril del 2012, cuando dio curso a una acción presentada contra el poder sancionatorio que, por ley, posee esa entidad.
Otras cinco impugnaciones le siguieron, sobre todo contra el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría, el que da base a esa facultad de sanción.
En este momento, solo una de esas objeciones sigue pendiente de resolver. Las otras cinco confirmaron la potestad de la CGR.
Ese expediente (13-3585-0007) fue impulsado en marzo del 2013 por Wilberth Aguilar, alcalde de Atenas, a quien, en el 2011, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le retiró las credenciales por recomendación del ente contralor, tras hallar que Aguilar autorizó el pago por adelantado a una empresa que construyó aceras en ese cantón.
Dos años después, los magistrados de la Sala IV no han resuelto el caso de Aguilar y, mientras tanto, se acumulan en la Contraloría investigaciones que, aunque están concluidas, no son capaces de surtir ningún efecto.
Peligro. Para la contralora general, Marta Acosta, la situación alcanzó un nivel crítico y peligroso: se está promoviendo una mayor percepción de impunidad y desconfianza en la institucionalidad. Además, se limitan las acciones del órgano administrativo.
“Esto nos genera gran preocupación y frustración; estamos invirtiendo fondos públicos y esforzándonos en hacer investigaciones que al final no rinden la efectividad que se quiere (...). El no accionar de la Sala nos está afectando terriblemente”, dijo Acosta.
La entidad no lleva el registro de cuántos implicados han dejado, desde el 2012, la función pública. Una vez fuera, se libran de cualquier posible sanción.
Las pesquisas ya listas involucran a entidades públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.
Acosta recordó que el artículo 68 ha sido impugnado en múltiples ocasiones y que la Sala siempre ha ratificado su constitucionalidad plena. Por ello, abriga la esperanza de que este caso se resuelva en la misma línea.
Si eso pasara, ella tiene listo un plan de contingencia: dictará fallos poco a poco y movilizará personal para dar abasto. En todo caso, un dictamen no es el fin de un proceso administrativo; a menudo es solo el inicio.
Desde que ingresan a la División Jurídica, hasta que salen del despacho de la contralora, los procedimientos administrativos tardan alrededor de un semestre. Si un procedimiento quedara ‘dormido’ durante seis meses, el interesado podría solicitar que se le archive.
¿Por qué se tarda? Por ser un caso en discusión, los magistrados no comentan, en tanto una vocera solo recordó que el tribunal no tiene plazos para resolver.
Carlos Arguedas, exmagistrado de la Sala IV, explicó que aunque en la acción pendiente se impugna el mismo artículo 68 (declarado constitucional en cinco casos anteriores), los argumentos pueden ser distintos y obligar a un análisis mayor. Descartó que exista intención de retardarlo.
‘La CGR no está incumpliendo su deber, pues su deber es abstenerse de aplicar la norma mientras la Sala no resuelva. En consecuencia, no resolviendo, la CGR está cumpliendo con sus deberes legales y respetando la ley’, dijo Arguedas.
Con él coincidió Montserrat Solano, defensora de los Habitantes. Para ella, aquí se están entrabando los deberes contralores a cambio de garantizarles a los ciudadanos la protección de sus derechos. Esto, opinó, debe ser así.
¿Y ahora? La Sala podría cambiar de criterio y definir que el artículo 68 es inconstitucional, pese a haberlo negado en otros fallos, siempre que explique el porqué.
En caso contrario, mientras la norma sea constitucional este inconveniente podría repetirse cada vez que la Sala dé curso a una acción contra el artículo.
Arguedas y Acosta señalaron que las presas de procesos penales, jurisdiccionales o administrativos también afectan a los encausados y al derecho que tienen de recibir justicia pronta. La espera podría llevarlos a gastar de más en abogados o perder opciones laborales.
La contralora señaló que ha pedido a los magistrados resolver pronto y, según Arguedas, el tribunal podría darle prioridad.
