La Sala IV reinstaló este viernes a una tercera integrante de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que había sido suspendida por la administración de Rodrigo Chaves.
Por voto de mayoría, los magistrados declararon inconstitucional la medida cautelar impuesta por el Consejo de Gobierno contra Maritza Jiménez Aguilar, representante de los solidaristas, y anularon el nombramiento de Jorge Porras López como sustituto de la directora.
En su resolución, los altos jueces reiteraron que la ley constitutiva de la CCSS otorga a los directivos independencia y garantía de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, “de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas”.
La sentencia considera que se vulneraron el principio de autonomía constitucional de la CCSS y los derechos de la recurrente, quien presentó un recurso de amparo contra la decisión del Gobierno.
La Sala IV advirtió de que la sentencia no excluye una eventual separación si se declara alguna responsabilidad legal de esta integrante mediante un debido proceso, o bien, si un juez dicta una medida cautelar de manera fundada.
El 27 de junio, el Tribunal Constitucional también había reinstalado a los directivos José Luis Loría Chaves, representante del cooperativismo, y Martha Rodríguez González, delegada del sindicalismo.
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Jiménez, Chaves y Rodríguez fueron suspendidos el 21 de diciembre por el Consejo de Gobierno, mientras se les investigaba por un presunto conflicto de interés luego de que aprobaran un aumento salarial para los empleados de la entidad, a principios de este gobierno.
También fueron suspendidos Carlos Salazar Vargas, representante del Poder Ejecutivo; y Jorge Arturo Hernández Castañeda, del sector patronal. Este último renunció días después de la decisión tomada por el Consejo de Gobierno.
El Poder Ejecutivo les achacó haber aprobado el ajuste salarial aunque tenían familiares en la institución. Dicho incremento contó con el visto bueno del entonces presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, quien luego fue destituido por el mandatario.
En mayo anterior, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un pronunciamiento en el que descarta que los directivos incurrieran en un conflicto de interés al avalar el aumento salarial retroactivo, el cual estaba congelado desde el inicio de la pandemia.
La Procuraduría explicó que no hay conflicto de interés en las decisiones de alcance general que afectan, objetivamente, a todos aquellos que se encuentren en una condición determinada.
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Del voto de de mayoría emitido este viernes por la Sala IV se apartaron los magistrados Fernando Castillo y Anamari Garro.
