La Sala IV ordenó ayer al Gobierno suspender, por ahora, el recorte de una de las 910 pensiones de lujo a las que se pretende imponer un tope de ¢2,3 millones.
Los magistrados constitucionales tomaron la medida mientras estudian un recurso de amparo interpuesto por un jubilado de apellidos Valerio Sánchez.
Él alegó que la directriz del Ejecutivo se opone a la protección que otorga la Ley del Adulto Mayor. La Sala explicó que la decisión se aplica solo para este caso concreto.
El pasado 5 de agosto, el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, anunció que, a partir de setiembre, el Gobierno aplicará una ley de 1998 que permite fijar un tope a las jubilaciones de lujo con cargo al Presupuesto de la República.
La norma establece que las pensiones no deben sobrepasar el equivalente a 10 veces el salario más bajo de la Administración. Así, montos que se pagan ahora hasta de ¢16 millones, bajarían a ¢2,3 millones.
La directriz abarcaría más de 900 pensiones y supondría un ahorro de unos ¢12.000 millones anuales para las finanzas del Estado.
Morales Mora defendió que el Ejecutivo tiene potestad de aplicar el tope y dijo que están preparados para responder el recurso, convencido “de la solidez legal” de la decisión. Aun si la Sala fallara en contra, el ministro afirmó que tienen un plan alternativo mediante una reforma legal en el Congreso.