La Sala Constitucional admitió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por los rectores de las universidades públicas contra el reglamento que regula la materia de empleo público, bajo el alero de la reforma fiscal.
Dicha acción, contenida en el expediente 20-002831-0007-CO, fue presentada el pasado 12 de febrero por parte de los cinco rectores y fue admitida para su estudio una semana después, el 20 del mismo mes.
En dicha acción, las universidades insisten en que la Constitución Política respalda su régimen autónomo de empleo público, por lo que dicha ley y reglamento no les aplica, como lo pretende el Ministerio de Planificación (Mideplán) en el decreto de dicha normativa.
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"El 20 de febrero pasado, se le dio curso (admitió para estudio) a la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente citado. Esta fue presentada por los rectores de las universidades públicas contra los artículos 1, inciso h) y 3 del decreto ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H del 11-02-2019 y la interpretación extensiva de aplicabilidad del Título III de la “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, 9635, referente al empleo público.
“A criterio de los accionantes, las normas impugnadas lesionan el régimen de independencia constitucional que establecen los artículos 84 y 85 de la Carta Magna a favor de las universidades estatales, en materia de organización y gobierno, y sobre su propio régimen universitario de empleo”, informó la oficina de prensa de la Sala Constitucional, este lunes.
El decreto impugnado incluye a las universidades públicas dentro del ámbito de aplicación de los cambios a los pluses que estableció la reforma fiscal.
Con esto, las 'U’ públicas se oponen a que se les apliquen restricciones en el gasto salarial, por ejemplo, con un tope a las anualidades que reciben sus empleados (de hasta 6%) y a las cesantías, así como la restricción para crear nuevos pluses.
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A través de un comunicado universitario, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, dijo que la admisión de dicha acción supone que las universidades quedan exentas de estas medidas hasta que no se resuelva por el fondo en la Sala IV.
Por ello, adelantó que, “dada esta situación, debemos analizar las implicaciones jurídicas, pero, en principio, podemos elaborar un segundo presupuesto extraordinario que incorpore los aspectos salariales como la anualidad y el ajuste por reconocimiento de incremento en el costo de vida."
Pese a las interpretaciones del rector, la Sala aclaró que la admisión de la acción no suspende la aplicación de la norma, salvo en procesos judiciales donde deba aplicarse.
Para este 2020, las universidades públicas operan con el presupuesto 2019 porque la Contraloría General de la República (CGR) les archivó el plan de gastos, pues no informaron sobre el cumplimiento o no de la regla fiscal.
Paralelo a este proceso, los rectores también denunciaron al Gobierno ante el Tribunal Contencioso Administrativo por las mismas razones.
Dicha denuncia fue interpuesta en mayo del año anterior.
Los rectores también presentaron otra acción de inconstitucionalidad, que está en estudio, contra la regla fiscal, medida de ahorro que introdujo la reforma fiscal, para fijar un tope al gasto corriente como salarios y servicios.
