La Sala Constitucional rechazó, este viernes, evacuar la consulta de constitucionalidad presentada por 22 diputados sobre la denominada “ley jaguar” que el gobierno quiere llevar a referéndum.
El Tribunal consideró que la gestión incumple con los requerimientos para ser admitida. La decisión se tomó por una mayoría de cuatro votos contra tres.
El presidente de la Sala IV, Fernando Castillo, informó de que, en el momento procesal en que se encuentra el proyecto de ley, que es una etapa inicial, los diputados “todavía no pueden presentar este tipo de consulta ni solicitar que se ejerza el control previo”.
“Por su parte, los magistrados que suscriben el voto salvado consideran que sí es el momento procesal para que la Sala evacúe la consulta de constitucionalidad facultativa”, agregó.
Además de participar en el voto salvado de minoría, el magistrado Paul Rueda anotó razones adicionales, pero el Tribunal declinó precisar cuáles fueron por ahora. La Sala anunció que la resolución integral está en redacción y que, una vez concluido dicho proceso y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella.
Los magistrados que rechazaron la admisibilidad fueron Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar, Alexandra Alvarado Paniagua y Ana Cristina Fernández Acuña, mientras que Paul Rueda Leal, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera salvaron el voto y se manifestaron a favor de dar curso a la solicitud de los diputados.
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El jueves pasado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, había informado el plenario legislativo de que, si la Sala IV rechazaba la consulta de constitucionalidad, la votación para que la Asamblea decida si convoca a referendo se efectuará el próximo martes 25 de junio.
Para aprobar la convocatoria, se requieren 29 votos, pues se trata de una modalidad de llamado conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
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Los 22 congresistas que firmaron la consulta habían pedido a la Sala IV aclarar si el proyecto de ley desmantelaría el sistema de control sobre los fondos públicos, tal como lo ha dicho la contralora general, Marta Acosta.
La consulta fue firmada por legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) e independientes.
Ellos se fundamentaron en que el último parrafo del artículo 98 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece que, en la modalidad de referéndum convocada por el Ejecutivo y la Asamblea, se debe evacuar la consulta antes de que se apruebe la convocatoria.
Por otra parte, la legislación sobre referéndum faculta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para someter al examen de la Sala IV un proyecto de ley antes de decidir si convoca a consulta popular.
No obstante, Andrei Cambronero, vocero del TSE, había declarado que no existía claridad sobre el momento para hacerlo.
Mencionó que, en el caso de un referéndum solicitado por iniciativa popular, algunas sentencias de la Sala IV han dicho que, mientras no se haya recolectado el 5% de las firmas del padrón, lo único que hay es una “mera expectativa y no una viabilidad real”.
En otro caso, el órgano electoral planteó la consulta después de la recolección de las firmas. Sin embargo, la Sala IV rechazó la consulta porque, en aquella época, el TSE no estaba legitimado. Se trataba de un proyecto para obligar al Estado a consultar con una asociación de campesinos de Sarapiquí toda decisión en tema ambiental.
En el 2021, el Congreso aprobó una reforma legal que otorgó al Tribunal de Elecciones la facultad de presentar una consulta de constitucionalidad si estima que el proyecto contiene vicios.
El jefe del Frente Amplio, Antonio Ortega, explicó que su bancada es respetuosa de la decisión de los magistrados. Agregó que la Sala Constitucional no está fallando sobre el fondo del proyecto de ley, sino que solo advitió que no es el momento de hacerlo.
“Queremos ver el razonamiento completo sobre los requisitos que no tiene la consulta y si establece que el momento procesal debe ser otro. Igualmente, nos preocupa ir a una votación sobre un referéndum cuando diferentes expertos señalan que tienen vacíos de constitucionalidad”, dijo el frenteamplista.
José Pablo Sibaja, de Nueva República, quien está de acuerdo con la “ley jaguar”, aseguró que los costarricenses son los que deben tomar la decisión, mediante consulta popular.
“Esta consulta la tendrá que hacer el TSE y no los diputados, como lo intentaron hacer estas fracciones. Reiteramos nuestro compromiso en seguir apoyando el referéndum y esperamos que esta semana que entra los votemos, sí o sí, en el plenario legislativo”, dijo el fabricista.
El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, manifestó el respeto de los liberacionistas sobre la decisión de los magistrados. “Esperamos conocer el voto completo, pues asumimos que en él se nos informará de cuál es el momento oportuno para consultar la constitucionalidad de este proyecto que nos genera dudas”, dijo.
Su compañero Danny Vargas agregó que este no es un tema de fácil manejo y que mantiene las dudas sobre la constitucionalidad. Agregó que la votación de la Sala deja ver que tampoco fue una decisión fácil para los magistrados, sobre el momento oportuno.
