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Después de tres semanas de cuestionamientos que vienen desde varios sectores, la intervención del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (infocoop) recibió una bocanada de aire en la Sala IV.
Sin ofrecer mayores detalles, la oficina de Prensa del Tribunal confirmó que este miércoles, por la mañana, los magistrados rechazaron de plano un recurso de amparo del movimiento cooperativo, el cual solicitaba con urgencia la suspensión de los efectos de la intervención decretada por el gobierno.
El presidente Luis Guillermo Solís intervino el Instituto con base en un estudio de la Contraloría General sobre el manejo de la cartera crediticia de la entidad (que asciende a ¢117.000 millones). El ministro de Agricultura y presidente del Infocoop, Luis Felipe Arauz, agregó en el Congreso que también sopersaron denuncias anónimas que, presuntamente, confirmaban las sospechas de un fraude que ahora la junta interventora intenta probar a través de una "auditoría forense".
El recurso de amparo lo interpuso el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop). El secretario ejecutivo de esta entidad, Freddy González, dijo que ahora demandarán al Estado en otros estrados.
"Ahora vamos a discutir el tema de legalidad en el Tribunal Contencioso Administrativo, para allá vamos", dijo este miércoles al filo de las 5:00 p. m. cuando La Nación lo contactó para solicitarle una reacción sobre la decisión de los magistrados constitucionalistas.
El principal alegato del Conacoop era que el decreto de intervención que firmó por el presidente Luis Guillermo Solís no tenía la fundamentación requerida ni siguió el procedimiento previo debido.
"Hay lesión a la autonomía del Infocoop y del Conacoop, así como a los derechos de los directivos removidos. Se violentan los derechos fundamentales de representación del movimiento cooperativo y el derecho constitucional al ejercicio del cargo público, así como a las garantías constitucionales del debido proceso y de justicia", se leía entre los fundamentos del recurso presentado el 9 de marzo.
Además, los cooperativistas describieron como "urgente" la suspensión de los efectos del decreto. Sin embargo, los magistrados ni siquiera entraron a discutirlo al rechazarlo de plano.
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Pese a que sus propios representantes en la Directiva del Infocoop aprobaron préstamos en condiciones muy favorables a ciertas cooperativas, Casa Presidencial también justificó la intervención en un supuesto favorecimiento a varias de esas organizaciones y en la concentración de la cartera crediticia principalmente en dos sectores: el agroindustrial y el de cooperativas de ahorro y crédito.
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El director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, celebró lo ocurrido en la Sala IV: “Esta decisión es muy relevante en tanto que nos permite continuar con una acción desarrollada por este gobierno en ejercicio de sus potestades de dirección administrativa que permite, precisamente, lograr que la gestión de una institución tan relevante como el Infocoop siga siendo apegada a sus principios rectores de acuerdo con su ley orgánica y que, además, los fines para los cuales fue creada se sigan desarrollando de manera plena”.
Este mes, apenas iniciaba la intervención, el proceso sufrió un primer revés. El 8 de marzo, la Comisión Política del Frente Amplio emitió un pronunciamiento en el que concluyó que el Gobierno se equivocó al relevar a los representantes del movimiento cooperativo para nombrar a dedo a personas que, en su criterio, le responden directamente al diputado Víctor Morales Zapata, de Acción Ciudadana (PAC), quien mantiene un añejo conflicto de poder con el sector cooperativista de Liberación Nacional (PLN).
La bofeta a la intervención no la lanzó cualquiera, sino el partido que más abogó por que el Gobierno metiera las manos en el Instituto. Desde principios de febrero pasado, la mayoría de los diputados del FA, encabezados por Francisco Camacho, enviaron al mandatario una carta donde lo urgían a intervenir, pues alegaban que habían miles de millones de colones en recursos públicos en peligro por las supuestas irregularidades en el Infocoop.
"Una intervención de este tipo no puede, ni debe utilizarse de excusa para quitar un grupo corporativo alineado con un bando político y facilitar la imposición de otro con diferentes colores políticos, dentro de una secuencia de enfrentamientos por la hegemonía del movimiento cooperativo que lleva varias décadas. Nuestra intención inicial con el apoyo a la intervención del Infocoop no forma parte de enfrentamientos entre bandos cooperativos, sino de la preocupación por el buen uso de los fondos públicos", se leía en la declaración del FA.
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Otro golpe. Una semana después, el 14 de marzo, trascendió la renuncia de Marco Vinicio Ruiz Chacón a la Dirección Ejecutiva del Infocoop. Su nombramiento fue uno de los primeros actos en firme de la junta interventora y también fue cuestionado por el FA.
El Poder Ejecutivo impulsó a Ruiz Chacón desde mediados del 2016 como su candidato, pese a que el exgerente cooperativista no ganó un concurso público por antecedentes que impulsó la propia junta directiva para contratar al nuevo director ejecutivo, en sustitución de Ronald Fonseca, quien ocupó el cargo de forma interina a lo largo de dos años y sí ganó el concurso.
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Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y presidente de la Junta del Infocoop, definió a Ruiz Chacón como "cercano" al Gobierno durante el proceso de nombramiento del director ejecutivo. Sin embargo, tras renunciar al puesto por "razones personales" el ejecutivo afirmó que solo había visto al presidente Solís "dos o tres veces, nada más".
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De hecho, el pulso político en el Infocoop entre el Gobierno y el movimiento cooperativo se desató cuando los segundos alegaron que el Ejecutivo irrespetó el concurso para elegir al director ejecutivo, según dijeron, con fines políticos.
A la fecha la junta interventora no ha designado al sustituto de Ruiz Chacón, quien ni siquiera inició labores. El puesto lo ocupa de forma interina el subdirector ejecutivo, Gustavo Fernández Quesada.
