El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que planteará los proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana, que desconvocó de la agenda legislativa la semana pasada, en la reunión que sostendrá este jueves con los jerarcas de los Poderes Legislativo y Judicial, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre.
El encuentro fue gestionado por Arias después de que, el 22 de noviembre, Chaves renunció a impulsar los planes de seguridad del Gobierno y dijo que dejaba la responsabilidad en los diputados, porque estos cuestionaron la eficacia de sus iniciativas.
Sin embargo, este miércoles, el mandatario dijo que apoyará “de manera decidida” iniciativas legislativas que coincidan con las que el Ejecutivo pretendía abordar con sus cinco propuestas de ley y una reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses.
Aseguró que respaldaría proyectos de ley en materia penal juvenil, así como reformas sobre prisión preventiva, regulación de armas, extradición, guías de sentencia, extinción de dominio y ejecución de la pena.
No mencionó las escuchas telefónicas, pese a que el gobierno también presentó el expediente 23.690, que permitiría al Poder Judicial interceptar comunicaciones en investigaciones sobre femicidio, extorsión y homicidio simple, además de las materias ya reguladas. Esta es la única de las cinco iniciativas de ley que cuenta con un dictamen afirmativo de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, por lo que está lista para iniciar su trámite en el plenario.
“Cuando hay objetivos comunes, si llegáramos a un acuerdo de que hay cosas básicas, cinco o seis que hay que arreglar, para arreglar el tema del sicariato, yo creo que va a ser muy fácil trabajar”, expresó el mandatario.
También está confirmada la participación de la diputada que dirige la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, Gloria Navas, de Nueva República (PNR).
Temas sobre la mesa
Chaves hizo referencia a la figura “peligro para la sociedad” que se encuentra contenida en el expediente 23.692, presentado por el gobierno.
El proyecto pretende introducir una circunstancia más entre las que concurren para que un juez dicte prisión preventiva a una persona que es imputada por un delito.
La circunstancia consiste en que el sospechoso “represente un peligro para la sociedad”, y se agregaría mediante un inciso e al artículo 239 del Código Procesal Penal. No obstante, con base en observaciones del Ministerio Público, la mayoría de diputados de la Comisión de Seguridad se aprestaba a rechazar la propuesta al considerarla inconstitucional, porque implicaría un castigo anticipado sin que se haya demostrado la culpabilidad de una persona.
El gobierno evitó que la iniciativa fuera rechazada, al retirarla unas horas antes de que el foro sesionara y votara a favor de un informe de subcomisión que recomienda su archivo.
No corrió la misma suerte el expediente 23.689, con el cual el gobierno, pretendía incrementar en un tercio las penas por portación ilegal de armas permitidas, en ciertas condiciones.
La mayoría de legisladores cuestionó la utilidad de la propuesta para frenar la ola de homicidios que afecta al país, en vista de que no tocaba el uso de armas automáticas o semiautomáticas que usan los sicarios. Además, cuestionaron la constitucionalidad de añadir más regulación a las armas que sí están permitidas.
En materia de justicia penal juvenil, el Poder Ejecutivo presentó el expediente N.º 23.691, el cual busca ampliar el plazo que los jueces tienen para examinar la prueba y dictar sentencia en casos en que los imputados sean menores de edad.
La última iniciativa de ley, es el expediente 23.688, que procura otorgar rango de ley al decreto ejecutivo N.°40849-JP que, entre otras funciones, establece las condiciones que deben cumplirse para que el Ministerio de Justicia sopese trasladar a reos del programa de cárcel permanente al sistema semiinstitucional o de confianza.
A estos cinco proyectos se suma la reforma a la Constitución Política, que promueve la fracción oficialista del Partido Pogreso Social Democrático (PPSD), para autorizar la extradición de costarricenses requeridos en el extranjero por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.
Se trata del expediente 23.701, que contempla una modificación del artículo 32 constitucional, donde hoy se establece que ningún nacional podrá ser compelido a abandonar el territorio costarricense.