La fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) presentó este lunes por la tarde un proyecto de reforma a la Constitución Política para autorizar la extradición de costarricenses requeridos en el extranjero por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.
Se trata de una modificación del artículo 32 constitucional, donde hoy se establece que ningún nacional podrá ser compelido a abandonar el territorio costarricense.
El nuevo texto añadiría tres líneas que dirían: “salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.
Cisneros aseguró que hay costarricenses que han cometido esos delitos en el extranjero y se vienen a refugiar al país, pero “a menos que pase esta reforma, no se pueden extraditar”.
“Este es un paso en la dirección correcta. Se tomará el tiempo que se tome, pero hay que dar ese paso. Ya otros países han dado ese paso. Son delitos que tienen tentáculos en muchas partes del mundo”, dijo la jefa oficialista.
Por tratarse de una reforma constitucional, que significa un trámite calificadísimo en el Congreso, podría tomarse como mínimo un año y medio antes de que esa reforma se plasme en la Carta Magna.
La iniciativa lleva las firmas de los 10 miembros de la fracción del PPSD, el mínimo requerido para presentar una modificación constitucional, y se presentó antes de que termine abril porque es obligatorio presentar cualquier reforma a la Constitución en el periodo de sesiones ordinarias que termina el 30 de abril.
Una vez presentada, la reforma debe leerse tres veces en el plenario, con intervalos de seis días entre cada lectura y, al término de esas lecturas, se define si la propuesta se admite o no para su estudio, con votos de mayoría simple.
Admitido el proyecto, se deberá enviar a una comisión por un plazo de 20 días hábiles, que dictaminará y enviará ese informe al plenario de la Asamblea Legislativa para su aprobación por al menos 38 votos.
Obligatoriamente, el texto se debe consultar a la Sala Constitucional después de su aprobación en el primer debate de la primera legislatura. Dicho trámite puede tardarse cerca de un mes a partir de que los magistrados reciban el expediente.
Cuando el plenario recibe la respuesta de los magistrados, puede darle segundo debate e informarle al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República, tal como lo ordena la Constitución, mencione la reforma de marras en su informe al Congreso.
En este caso, eso solamente podría suceder el 2 de mayo del 2024, una vez que se hayan cumplido todos los trámites ya mencionados.
Después de que el mandatario haga referencia a la modificación constitucional respectiva, todavía deben darse tres debates en el plenario, en una segunda legislatura, antes de que sea integrada la modificación al texto constitucional.
“La reforma que se propone no fue ajena a la discusión constituyente; más bien, fue considerada, lo cual permite proponer ahora como una reforma constitucional que permita la extradición de nacionales por los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo”, dice la exposición de motivos del expediente.
También se afirma que ya países como México, Reino Unido, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Colombia han permitido la extradición dentro de sus normativas.
“Es una realidad que desborda las capacidades que nuestro Estado tiene para generar bienestar y tranquilidad a la ciudadanía y a la sociedad en general”, dice la propuesta.
En el expediente, se dice que las fronteras, “que son una debilidad para nuestros países, se convierten en un bastión de la operatividad de la delincuencia organizada”.
