Los regidores del Concejo Municipal de San Carlos cuestionan la eficiencia de la alcaldesa Karol Salas para ejecutar los ¢14.600 millones de presupuesto con los que contó el ayuntamiento en el 2022. En la sesión del 26 de diciembre, el Concejo ordenó a la Auditoría Interna investigar dicha subejecución presupuestaria.
La moción para indagar el trabajo de la alcaldesa la presentó el regidor por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Fernando Solís, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Solís expuso que, en el primer semestre del 2022, solamente se ejecutó el 33% de los recursos disponibles.
El funcionario recalcó el rezago en obras viales del cantón, dado que, del presupuesto de la Junta Vial Cantonal, solamente se había aprovechado el 21,9%.
San Carlos es el cantón más extenso del país, con 3.373 kilómetros cuadrados de área (un 6,5% de la superficie total de Costa Rica) y 2.500 kilómetros de carreteras cantonales.
“Las consecuencias de la subejecución son claras. Hay una cantidad de presupuestos que no se hicieron, que van a pasar a superávit. Muchos proyectos, como no se ejecutaron, pueden ser cerrados”, explicó Solís durante sesión del concejo. Su propuesta fue aprobada de forma unánime.
Según detalló la moción, los atrasos de la alcaldía para presentar el primer presupuesto extraordinario de 2022 agravaron la subejecución, al grado de que el ayuntamiento quedó sin fondos en las cuentas de combustibles, horas extras, viáticos y pagos a proveedores, entre otros rubros.
La Nación consultó al regidor el porcentaje de ejecución para el segundo semestre del 2022; no obstante, el funcionario indicó que no ha sido suministrado por la administración municipal. Espera tener el dato disponible en febrero de 2023.
El regidor teme que, en el segundo semestre, se hayan desaprovechado aún más recursos de los asignados a la Junta Vial, debido a que, de la totalidad del presupuesto anual de esta partida, se asigna el 30% en el primer semestre, y se deja un 70% para el segundo semestre. Es decir, en el segundo semestre se cuenta con más dinero para ejecutar.
Para el año 2023, el presupuesto ordinario aprobado es de ¢16.700 millones, ¢2.100 millones más que en 2022.
Solís expresó en su propuesta que la cantidad de obras que se ha paralizado provocó reclamos por parte de representantes comunales y vecinos sancarleños, quienes se han presentado a sesiones del Concejo Municipal a protestar.
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Sobre esta situación, la alcaldesa Karol Salas aseguró a este medio que “los porcentajes fueron acordes al cumplimiento de metas de acuerdo a la programación de metas del Plan Anual Operativo”. Además, justificó que los porcentajes de ejecución son un 1% mayores que en 2021, cuando aún era alcalde el liberacionista Alfredo Córdoba.
“Esto es lo que llama la atención y parece extraña la presentación de moción aprobada por el Concejo Municipal de que se realice una auditoría sobre este tema, que más parece una persecución a mi trabajo como alcaldesa, pues es más que claro que se mejoró la ejecución presupuestaria”, alegó Salas.
La gobernante local aclaró que el año 2022 fue “atípico”, debido al retorno del exalcalde Alfredo Córdoba a sus labores, para ser suspendido permanentemente semanas después.
“Dicha situación generó un proceso de revisión minuciosa, a través de una Comisión de Nulidades, de todos los actos firmados por el exalcalde entre el 24 de mayo y 14 de julio 2022, lo que atrasó los procedimientos de ejecución del segundo semestre”, replicó la alcaldesa.
Salas sostiene que la Municipalidad de San Carlos cerró con éxito el 2022, y asegura que, según datos preliminares del Informe de Ingresos y Egresos, la ejecución presupuestaria superará el 85%.
‘Estrategia municipal para maquillar cifras’
La Nación contactó con el regidor por el Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Diego González, quien además es presidente del Concejo Municipal, para conocer su opinión sobre la problemática denunciada por Solís.
González dijo que, desde hace meses, el Concejo Municipal ha expresado su preocupación a la alcaldesa Salas. Explicó que, en su reunión más reciente con la Junta Vial Cantonal, identificaron una aparente estrategia de la administración municipal para maquillar las cifras de subejecución.
“Mediante lo que podría ser un abuso de la figura de compromisos de pago, la administración corrió a sacar un montón de órdenes de compra en las últimas dos semanas de diciembre. Estas órdenes van fechadas en el periodo 2022 para ejecutar en el 2023. Imagínese que son ¢2.118 millones que se le adjudicaron a empresas como Meco y Constructora Herrera solo en proyectos de asfaltado.
“Estas obra debieron ser ejecutadas en el 2022, pero aprovechándose de la figura de los compromisos de pago, se corrió para maquillar las cifras porque se les iba a ir la plata al superávit”, denunció el presidente municipal.
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Esos ¢2.118 millones representan un 15% del presupuesto total del año. González recalcó que nada garantiza que estos proyectos “de emergencia” se puedan ejecutar, pues solamente se realizaron órdenes de compra.
“A uno constantemente lo llama gente de las comunidades para quejarse de que obras que estaban aprobadas por el Concejo Municipal, por la Junta Vial, y que tenían presupuesto, no se ejecutaron. Esa ha sido una queja recurrente de las comunidades”, declaró el regidor.
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Karol Salas asumió el cargo de primera vicealcaldesa tras las elecciones municipales de 2020, las cuales ganó, por quinto periodo consecutivo, el exalcalde Alfredo Córdoba.
Aunque ambos se postularon con el PLN, su elección se gestó como una coalición, dado que Salas en realidad era militante del Partido Restauración Nacional (PRN).
Sin embargo, Salas ascendió al puesto de alcaldesa en noviembre de 2021, dado que Córdoba fue suspendido seis meses como parte de las investigaciones por el caso Diamante.
Durante las elecciones nacionales de 2022 la entonces alcaldesa interina Salas apoyó abiertamente al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), cuyo candidato era Rodrigo Chaves, que finalmente resultaría electo. Ella incluso participó en actividades de campaña.
Salas pasó nuevamente al puesto de vicealcaldesa el 24 de mayo de 2022, cuando Córdoba fue restituido a su cargo por el Juzgado Penal de Hacienda.
No obstante, Salas realizó gestiones ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y pidió a los magistrados retirar las credenciales de alcalde a Córdoba, debido a una sentencia que pesaba en su contra por cometer dos delitos de nombramiento ilegal.
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En esa ocasión, la vicealcaldesa confirmó que la solicitud al TSE la hizo a título personal, pues tenía claro que un retiro de credenciales al alcalde la devolvería a ella a la cabeza del ayuntamiento.
El 15 de julio del 2022, el TSE le retiró las credenciales a Córdoba, y Salas ascendió nuevamente. Ella tendrá el cargo de alcaldesa, como mínimo, hasta las elecciones municipales del 2024, aunque podría postularse a la reelección por un solo periodo consecutivo.
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