La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) recordó que existe un deber legal de proteger a quienes denuncian actos de corrupción de forma anónima y que, en caso de no cumplir con esta obligación, se pone en riesgo a las personas que informan sobre tales irregularidades.
La protección de los denunciantes está garantizada en distintos cuerpos normativos, como la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito; así como la Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales, cuya promulgación fue impulsada por el Poder Ejecutiv’, indicó la oficina anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR).
La PEP hizo la observación ante una consulta de La Nación respecto a los cuestionamientos expresados por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, contra la Contraloría General de la República (CGR), por iniciar investigaciones a partir de denuncias anónimas y por negarse a revelar la identidad de quienes hacen estos reportes.
En su respuesta, el órgano aclaró que incumplir con la protección del denunciante, establecida en el ordenamiento jurídico nacional, implicaría “poner en riesgo a la persona que denuncia de buena fe actos de corrupción y, por ende, desincentivaría estas iniciativas en momentos donde el país más lo necesita”
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Asimismo, explicó que no es obstáculo para los órganos de control poner en marcha investigaciones de posibles irregularidades, a partir de fuentes de información anónimas. “No limita en nada el poder de investigación que se tiene”, precisó.
“La PEP recibe todo tipo de denuncias. En el caso de las anónimas, si la información y las pruebas que se aportan dan indicios de posibles de actos de corrupción, no existiría impedimento para que se proceda con las investigaciones del caso”, agregó.
Postura contradictoria
El presidente Chaves y la diputada Cisneros pasaron de promover una ley para incentivar denuncias contra la corrupción y la protección para quienes informen sobre posibles actos ilícitos, a cuestionar estos reportes.
El pasado martes 16 de abril, el mandatario sugirió que una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República contra la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) podría ser falsa.
¿“No será alguien de ahí (la Contraloría) mismo que la pudo haber puesto? Pero, no le parece posible a usted amigo, solo por atravesar el caballo”, expresó Chaves durante un acto público celebrado en Limón.
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Dos días después, el jueves 18 de abril, Cisneros insinuó en el plenario legislativo que la información le habría llegado a la Contraloría, de un “espía en Casa Presidencial”. La legisladora también ha insistido en que el órgano fiscalizador revele la identidad de los denunciantes.
El ente contralor calificó de “contradictorias” estas manifestaciones, ya que fue el mismo Poder Ejecutivo el que impulsó la promulgación de la Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales, vigente desde el pasado 8 de febrero.
“Llama poderosamente la atención que mediante ley promovida por el mismo Poder Ejecutivo, se incentivara la denuncia de hechos irregulares y ahora que los denunciantes se animan a realizarlas ante la posible comisión de hechos irregulares de las que tienen conocimiento, sea motivo de molestia justamente en quienes incentivaron tal normativa”, declaró la entidad a La Nación.
Dicha ley, propuesta por el Gobierno, tiene como objetivo proteger a denunciantes y testigos de actos de corrupción, en el sector público o privado, contra represalias laborales que puedan sufrir, al brindar información respecto a acciones que infrinjan la ley.
Para ello, reconoce el derecho de toda persona denunciante de contar con un fuero especial, de forma tal que no pueda ser sancionada o despedida, “con independencia de los motivos personales” que haya tenido para comunicar los posibles actos de corrupción.
