La Procuraduría de la Ética Pública le reprochó al diputado Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dos gestiones que hizo en favor del empresario importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, a pesar de la relación de amistad que tenían desde hace varios años.
Incluso, lo señala como el funcionario que se aseguró de que el legislador Víctor Morales Zapata, a quien luego Mariano Figueres describió como el "embajador de Bolaños", participara en una de las primeras reuniones que el empresario sostuvo en el Congreso para defender su negocio cementero.
Así consta en el informe confidencial AEP-INF-004-2018, remitido el 5 de febrero por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) al Directorio de la Asamblea Legislativa y que este había engavetado.
“La gravedad de la infracción al deber de probidad identificada, en opinión de la PEP, se ve aumentada por el hecho de que se trata de un aprovechamiento indebido del cargo en procura de los intereses de una persona con la que Leiva mantenía una relación de amistad”, dice ese informe entre los hallazgos de la investigación.
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Las gestiones que hizo Leiva en favor de Bolaños tenían que ver con el negocio del cemento chino y con las denuncias que hizo el diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, por los defectos que presentaba el dique de Nosara, construido con cemento chino por una empresas de Bolaños, quien hoy está en prisión preventiva por un presunto peculado con fondos del BCR.
“La Procuraduría considera que reuniones, como la realizada donde Mario Redondo, le abrían la posibilidad de neutralizar a un denunciante que estaba revelando hechos graves que podían afectar su reputación pública y su giro comercial en las dos áreas mencionada”, dice la Procuraduría en su informe confidencial.
Leiva, por su parte, aseguró que la PEP violentó sus derechos al impedirle un acceso temprano al informe. Según dijo, fue hasta el martes que pudo tener una copia del documento, el cual fue emitido el 5 de febrero. Alegó, además, que lo único que hizo fue participar en reuniones, pero que nunca hizo ninguna otra gestión en beneficio del empresario.
Este informe, junto con otros seis documentos, fueron entregados por el Directorio legislativo a los 57 diputados a partir de este martes, luego de que la Procuraduría General de la República le hiciera un regaño, precisamente por engavetar todos los informes, tanto los referidos al caso del cemento chino, como dos sobre gestiones del Directorio legislativo 2014-2015, uno sobre Jorge Arguedas y otro sobre Óscar López.
En el caso de Leiva, la Procuraduría logró determinar que la amistad con Bolaños era cercana, al punto de que compartían en topes, en fiestas de cumpleaños e, incluso, el diputado del PUSC invitó al empresario al hotel de la familia de su esposa, y Bolaños, a su vez, le devolvió la cortesía al obsequiarle un viaje en helicóptero para él y su familia.
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En cuanto a la reunión en la oficina de Redondo, luego de que el cartaginés hubiera denunciado las malas condiciones del dique de Nosara, se demostró que fue el propio Leiva quien llevó a Bolaños al despacho, le pidió a Redondo que atendiera al cementero y, además, estuvo en la cita.
Eso contradice lo dicho por el socialcristiano mediante varios medios, tal como enumera la Procuraduría, pues en un video y ante esa entidad, dijo que había pedido la reunión, pero no había llegado a saber si se dio o qué se conversó.
Redondo declaró ante los procuradores que la cita se dio, que la pidió Leiva y que estuvo presente, pero el rojiazul no pudo decir, consultado sobre eso, si lo dicho por Redondo era incorrecto.
“Leiva buscaba facilitarle al empresario el acceso a ese diputado con el que requería conversar para cambiar su opinión sobre las anomalías denunciadas en el dique”, detalla el vigía de la ética pública.
La reunión sobre el 'duopolio del cemento'
Además de la cita que gestionó ante Redondo, la Procuraduría también califica de inconveniente que Leiva participara en una reunión, celebrada en una sala de sesiones del PUSC, donde Bolaños les contó a varios legisladores sobre el problema que tenía en el negocio del cemento chino y los efectos del duopolio del cemento, constituido por Cemex y Holcim.
La PEP demostró que fue Leiva quien le preguntó al ahora independiente Víctor Morales Zapata, entonces diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), si podía estar en la cita con Bolaños.
“Las evidencias descritas sí permiten acreditar que el funcionario denunciado (Johnny Leiva) se interesó en asegurar la presencia en la reunión del diputado del PAC. Leiva realizó una gestión directa a favor de su amigo y participó en una reunión de interés para el empresario en su negocio de importación de cemento”, explica el informe de la PEP, firmado por Tatiana Gutiérrez Delgado, procuradora de la Ética Pública.
A criterio de Gutiérrez, las actuaciones de Leiva “transgreden los deberes éticos de la función pública que le son exigibles en su condición de diputado de la República, al desatender obligaciones derivadas del deber de probidad en el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”.
El régimen ético le imponía a Leiva, según lo dice la PEP, la prohibición de usar las atribuciones, el poder, la investidura e influencia derivados de su cargo de diputado, así como los recursos destinados a su ejercicio o las facilidades asociadas para fines distintos a los determinados por el ordenamiento jurídico.
“Leiva usó su condición de diputado para asuntos de interés particular del señor Juan Carlos Bolaños, con la gestión de sus negocios como proveedor de servicios de construcción de obra pública e importador de cemento”, reprocha Gutiérrez en su informe.
Tal como ha sucedido en los demás casos, o sea, el de Morales Zapata por la llamada que le hizo al director de la Comisión Nacional de Emergencias, o el de Otto Guevara por las acciones en favor de Bolaños, la Procuraduría trasladó el informe al Directorio y advirtió del atraso que existe en el Congreso para crear el régimen sancionatorio de los diputados, que permitiría la pérdida de la credencial de diputado en caso de violación al deber de probidad.
Descargo de Leiva
Leiva aseguró que el informe de la Procuraduría no concluye ninguna novedad, y que todos los detalles de su vínculo con Juan Carlos Bolaños ya habían quedado claros, pues incluso compareció ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.
Sobre la reunión con varios diputados, el socialcristiano alegó que él simplemente participó del encuentro, y que después no hizo ninguna acción de seguimiento en beneficio del importador. Aseguró, además, que desconoce quién coordinó la cita.
"En ningún momento manifesté que había que apoyar (a Bolaños)", manifestó Leiva.
Respecto a la reunión con Mario Redondo, Leiva dijo estar en desacuerdo con la condenatoria que hizo la PEP sobre la gestión que él hizo para que se diera el encuentro.
"Yo no concuerdo con esa apreciación de la Procuraduría. En ningún momento actué para torcerle el brazo a otra persona", dijo el socialcristiano.
Leiva añadió que le pidió a Redondo considerar atender a Bolaños de la misma forma que lo haría con cualquier otra persona.
El diputado argumentó, además, que el proyecto de ley que presentó para ponerle impuestos al cemento prueba que nunca tuvo intenciones de beneficiar a Juan Carlos Bolaños.
"Si yo quisiera beneficiar a un empresario, lo menos que haría sería ponerle impuestos al producto que desea importar", alegó.
El legislador del PUSC dijo que, ante la indefensión en la que considera haber quedado, acudirá a las instancias judiciales.
Colaboró la periodista Sofía Chinchilla.