El Presupuesto Nacional del 2023 conlleva “recortes a distintas instituciones sin ningún criterio ni definición de prioridades”, sobre todo en los sectores Salud y Educación, advirtió la contralora general de la República, Marta Acosta.
Si bien el plan del Gobierno cumple con la regla fiscal, los sacrificados son los sectores más vulnerables de la población; esa es la “válvula de escape”, explicó la jerarca.
Añadió que la regla fiscal debe cumplirse con disciplina porque la deuda del país es demasiado alta, pero no hay una agenda de reformas estructurales que ayude a generar más espacio fiscal. En consecuencia, se estrujará cada vez más a las instituciones y sus servicios públicos.
“Los ajustes llegan si usted los hace y, si usted no los hace, también llegan, pero llegan más dolorosos (...), el ajuste se está empezando a dar solo”, afirmó Acosta.
Adicionalmente, la contralora advirtió de que el Presupuesto de ¢12,3 billones deja por fuera pagos importantes que el Gobierno debe hacer, en especial a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
— En términos de cumplimiento de la regla fiscal, ¿qué encuentran ustedes en este Presupuesto?
— Encontramos que el Presupuesto cumple con la regla fiscal.
— ¿Cómo llega el Gobierno a cumplir con la regla?
— Bueno, el Presupuesto cumple con la regla y con otros indicadores fiscales. El tema es que, a pesar de que cumple, este presupuesto no refleja la realidad porque deja de presupuestar una cantidad de rubros que son necesarios para la operación del Estado o compromisos del Estado.
— ¿El Presupuesto está dejando por fuera gastos que el Gobierno tiene que hacer.
— Sí.
— ¿Estamos hablando de cifras grandes?
— Estamos hablando de cifras grandes, estamos hablando de cuotas estatales al Seguro de Salud, cuotas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Nos preocupa porque podríamos estar ante un pasivo contingente del Estado y, en esto, la Contraloría ha venido haciendo advertencias desde hace algún tiempo.
“También, ha sido público que se han realizado recortes a distintas instituciones sin ningún criterio que, por lo menos, nosotros conozcamos; sin criterios técnicos y sin definición de prioridades”.
— ¿Dónde está el énfasis de esos recortes?
— En el sector Salud, todo lo que tiene que ver con la CCSS, y en el sector Educación. Se están recortando cerca de ¢40.000 millones a Educación, que es un destino específico constitucional, en medio de un apagón educativo.
— ¿Qué sucede con Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)?
— Se está haciendo un recorte pequeñito a Conapam. Ahí el tema es si el envejecimiento de nuestra población es o no es un tema de prioridad.
— Usted mencionó que encuentran recortes, pero no encuentran criterio técnico. ¿Cómo describe la Contraloría este recorte a lo largo de las instituciones cubiertas por el Presupuesto?
— Bueno, yo diría que fue bastante parejo a las instituciones públicas, sin criterio. En la comparecencia, el señor ministro (de Hacienda, Nogui Acosta) dijo que se habían consultado los recortes, pero entiendo que no a todas las instituciones se les preguntó.
— ¿El recorte se extiende a instituciones de bien social, las transferencias a las poblaciones más vulnerables?
— Sí, hay una disminución importante en cuanto a las transferencias sociales.
“Esto nos lleva a pensar que nosotros no hemos llevado aparejadas las medidas. Se aplicó la regla fiscal, pero no se ha implementado el ajuste que era necesario. Entonces por supuesto que aquí ha habido una válvula de escape que son los más vulnerables y eso es lo que preocupa, porque no hemos asumido la responsabilidad de realizar el ajuste que necesita el país para generar más espacio fiscal.
— Por lo que nos dice, la válvula de escape es el recorte a los sectores vulnerables.
— Así lo estamos viendo. Los recortes que se están haciendo afectan a personas vulnerables.
— ¿Estamos hablando principalmente de transferencias a sectores?
— Sí. Y también a las instituciones propiamente se les están haciendo recortes.
— Las instituciones tienen su gasto en transferencia y su gasto de operación. ¿El recorte se recuesta más sobre el aporte a la persona que lo necesita, como un subsidio, una beca, o sobre la operación en sí de la institución?
— Pero es que recordemos que la operación de las instituciones tiene una vocación de generar un servicio público. Entonces, estamos lesionando la calidad de los servicios públicos y probablemente también la cantidad.
“Yo sí creo que, de todas maneras, la sociedad se ve afectada con estos recursos, porque se está estrujando a las instituciones. Por supuesto que habría que analizar cuál ha sido el comportamiento de cada una en cuanto a la ejecución, cuáles han sido sus políticas de austeridad, sus políticas de ahorro, si han cambiado las formas de trabajo para hacer las cosas de mejor manera con menos recursos.
“Todo eso habría que verlo, pero finalmente se lesionan los servicios públicos”.
— Pero sabemos que se incumple el principio de equilibrio presupuestario desde hace años; el 40% del Presupuesto se financia con endeudamiento. En ese marco, quisiéramos saber si es importante cumplir con la regla fiscal.
— Por supuesto que la regla fiscal sigue siendo importante, por supuesto que el país requiere un mecanismo para darle sostenibilidad a la deuda. El Presupuesto sigue creciendo y nos seguimos endeudando para poder hacerle frente. Un 40% de nuestro Presupuesto está financiado por endeudamiento.
“Entonces, sí es necesaria una regla fiscal aplicada con disciplina. Ojalá no hubiera exclusiones, porque eso nos ayudaría a darle sostenibilidad a la deuda de manera más rápida; no como ahora en que, como se ha aflojado con la regla fiscal, pasarán más años para que podamos volver a bajar la deuda del 60% del PIB (producto interno bruto).
“El marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda dice que eso no sucederá antes de 2028.
“Entonces, si no tenemos ajuste estructural, si no aplicamos bien la regla fiscal, quiere decir que cada vez vamos a estrujar más el gasto público y van a haber menos recursos para asignar en sus presupuestos a las instituciones”.
— ¿Qué se puede hacer para seguir cumpliendo la regla sin afectar el servicio público y el gasto social?
— No podemos seguir siendo tan inmediatistas, queriendo resolver para hoy los problemas de hoy. Hay que ver hacia el futuro y creo que los temas estructurales se resuelven de manera gradual.
“Tenemos una Ley de Empleo Público; que esa ley se aplique de manera integral. Si tenemos una regla fiscal, hay que aplicarla de manera integral, independientemente que se le hagan o no se le hagan ajustes que ojalá, por cierto, sean simples y eficientes y que no se pierda el propósito de la regla.
“La normativa que se emita para generar espacio fiscal debe ser integral, debe ser para toda la institucionalidad pública, porque somos parte de un mismo Estado.
“Debemos pensar también por el lado del ingreso, no solo del gasto; y debemos pensar en la eficiencia del gasto, la calidad del gasto: ¿qué tanto necesito para brindar realmente los servicios públicos, cómo mejorar, cómo cambiar?
“¿Por qué no dar pasos más firmes hacia la transformación digital? La Contraloría tiene cuantificado ahorros importantes que se generarían. Otro ejemplo es el proyecto de ley de la eficiencia de liquidez; esos son solo ejemplos de lo que se puede hacer para generar el espacio fiscal que tanto necesitamos.
“Venimos con una tendencia, que considero formidable, que es que las normas sean de carácter transversal, es decir, para todas las instituciones. Cuando se hizo la nueva Ley de Contratación Administrativa, se le aplica a todo el mundo, con las particularidades de algunas instituciones, pero todas dentro de la ley.
“¿La regla fiscal? El ideal era que todas estuvieran dentro de la ley; si ahora hay que hacer particularidades, que se hagan, pero que no se pierda el propósito de la regla porque es importante. Necesitamos urgentemente darle sostenibilidad a la deuda”.
— ¿Siente que existe una agenda legislativa encaminada hacia esas reformas estructurales?
— Yo no la tengo tan clara. Sí hay algunos proyectos de ley que uno podría vislumbrar como un cambio importante, como la nueva Ley de Inversión Pública y alguna que otra que está por ahí. .
“Hay una ruta fiscal, un marco fiscal de mediano plazo, pero yo no veo cuáles son los cambios que se van a llevar adelante, con proyectos de ley.
— ¿Y el gasto de capital en este Presupuesto (obras públicas y equipamiento)?
— Hay un aumento ligero en el gasto capital, pero sigue siendo insuficiente. Imagínese usted que el gasto capital del Gobierno de la República es menor al gasto de intereses.
— Regresando al tema del recorte, cuando ustedes analizan el presupuesto, ¿sienten que hay una priorización a la hora de hacer el recorte? Por ejemplo, no se toca tanto el tema de carreteras, o no se tocan tanto programas sociales como Avancemos.
— Yo desconozco si hubo una priorización y siento que no la hubo.
— ¿Qué tenemos que hacer como país? ¿qué han hecho otros países?
— Los ajustes llegan si usted los hace y, si usted no los hace, también llegan, pero llegan más dolorosos.
“Nosotros no hemos hecho el ajuste estructural necesario y el ajuste se está empezando a dar solo, en el sentido de que, aparte de lo hemos logrado con la regla, hay cosas que se tienen que arreglar y se van ajustando solas.
“El Estado tiene los recursos muy limitados, pero ¿qué estamos haciendo para revertir eso?
“Yo sí creo que todavía podemos hacer muchas cosas, pero creo que todos tenemos que participar, los distintos actores.
“A mí parece un dejavú, porque estas cosas las hemos sentido años atrás, en 2016, 2017, 2018, cuando decíamos que es un tema de todos. Se vino la Ley 9.635 (la reforma fiscal) y eso fue un respiro, era un respiro transitorio mientras se hacían ajustes de fondo, los cuales no han llegado.
“La Ley de Empleo Público es un paso importante, sin embargo todavía no se está implementando y por eso es que sentimos ese estrujamiento, porque no hay esos ajustes de fondo”.
— En el tema de los ingresos, no hay voluntad política de ajustes tributarios, pero ¿podría ayudar la revisión de las exoneraciones?
— Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se revisen las exoneraciones. El país debe darse la oportunidad de revisar las exoneraciones vigentes; si ya cumplieron o no su propósito, si hay que seguir incentivando sectores, si hay otros sectores que hay que incentivar para reactivar la economía, o bien, eliminarlas. Eso hay que hacerlo con cirugía mayor.
“Igual hemos dicho que se deben revisar los destinos específicos. Yo soy consciente de que hay transferencias sociales importantes para nuestra población, pero eso no nos quita que, de cara a los determinantes de cambio, como es el cambio demográfico, podamos revisar algunos destinos”.