Presidente de Corte IDH: ‘Libertad de expresión es primera garantía contra el autoritarismo’

Asimismo, habló de los nuevos conflictos que la Corte IDH atiende y podría atender en los próximos años por la gran tensión que generan, como los relacionados con derechos sexuales y reproductivos, cambio climático, libertad de expresión, privacidad en la web y discursos de odio en redes sociales.

Décadas atrás, con frecuencia, los conflictos por violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica tenían que ver con abusos en las respuestas punitivas de los Estados, o bien, por consecuencias de los golpes militares. Desde entonces, la región ha evolucionado y los asuntos que ocupan a la Corte se diversifican cada vez más, explicó el juez.

—¿A qué señales de alerta debe estar atento un ciudadano cualquiera, para detectar posibles retrocesos en la democracia?

—Hay una serie de aspectos que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. Primero, cuando las autoridades del Gobierno pretenden torcer las reglas electorales para perpetuarse en el poder; o cuando pretenden convertir el régimen político en democracias plebiscitarias, es decir, que todo termina siendo un sí o un no, frente a alternativas que se presentan siempre como cerradas.

“Hay que estar muy atentos también al tema de las garantías judiciales, con la intención de incidir sobre los jueces y juezas en cuanto a su independencia, su imparcialidad y la forma de designarlos.

“Además, hay que prestar atención a las restricciones a la libertad de expresión. Me atrevería a decir que la libertad de expresión es la primera garantía que tiene cualquier ciudadano para enfrentarse al autoritarismo o a una deriva autoritaria. Hay que estar muy atentos a que no haya una restricción a las libertades en general, no hay mejor respuesta a cualquier intento autoritario que el ejercicio de la libertad por parte de las personas”.

—¿Hay otras situaciones que vean que ocurren en los países y que les causen preocupación?

—Hay temas de hoy, temas contemporáneos, que permiten manifestar preocupación. Estaba leyendo, y es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, de todos los riesgos que el cambio climático está determinando para algunos países. Hay una gran preocupación en el mundo, y en el Caribe especialmente, sobre los riesgos para países insulares de que el calentamiento global determine la pérdida de gran parte de sus territorios, en algunos casos con riesgo de desaparecer. Eso es un riesgo de hoy y es una violación permanente a la cual tenemos que estar muy atentos.

“Otro problema es todo lo que nos ha traído el Internet y las redes sociales, donde hay una serie de desafíos que tienen que ver con la privacidad de cada uno y con la posibilidad de instaurar discursos de odio. Es un ámbito en el que el Estado nacional y la OEA resultan ineficaces para actuar, en ese mundo en el cual los grandes jugadores son empresas que trascienden los Estados y que tienen un poder mediático enorme.

“Estamos viendo hoy todo lo derivado del cambio de dueño de Twitter, en donde a partir del discurso de una libertad mayor, han aumentado los discursos de odio. Estos son debates absolutamente actuales, son riesgos a los derechos humanos distintos de los clásicos, como los derivados de golpes militares de abusos en la respuesta punitiva del Estado, pero que tienen que estar en el centro de la preocupación.

“A eso sumamos las consecuencias tremendas de la pandemia, sobre todo, en materia de derecho a la educación, porque cuando estábamos empezando a salir de la pandemia apareció una guerra europea que nos está afectando, incluso, de maneras que son imperceptibles, todo esto está generando una situación bastante complicada”.

—¿Cómo describiría la situación de los derechos humanos en el continente? En otra entrevista, usted decía que están ‘absolutamente’ preocupados por la deriva que observan en algunos países.

—La Corte a lo largo del 2022 vio una serie de casos donde hubo ataques a los derechos humanos. Con Nicaragua se ha tomado una decisión inédita, hemos declarado que Nicaragua se encuentra en una condición de desacato.

“En ese caso, la Corte primero comunicó su decisión a la Secretaría General y al Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos). En segundo lugar, solicitó al Consejo Permanente ser recibida, de manera presencial, para plantear su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

“También hablamos de derivas, con protestas sociales que no se administran de la manera adecuada y con riesgo para la libertad y la integridad de las personas; y, en general, vemos que se están produciendo cambios políticos en el continente. Por ejemplo en Colombia y Chile, eso genera expectativa en el sentido de la actitud que haya hacia el sistema interamericano”.

—¿Muchas protestas son señal de que hay una crisis de derechos humanos o, más bien, es en las protestas donde se pueden cometer violaciones?

—Creo que cuando las personas se manifiestan de manera pacífica, evidentemente están expresando su opinión, están expresando su voluntad política sobre aspectos institucionales, aspectos de conducción de la sociedad y son también una manifestación de la democracia, y esto me parece muy importante. Los gobernantes deberían estar atentos a ellas e interpretarlas de manera correcta.

“Pero también, a veces, las protestas adquieren caracteres violentos, y esa violencia requiere de parte del Estado un alto nivel de profesionalismo en cuanto a la represión, sin afectar las manifestaciones pacíficas.

“Indudablemente, las protestas generan situaciones de tensión respecto a los derechos humanos y deben ser administradas de manera correcta, eso requiere, por una parte, un gobierno que administre y que capacite a sus elementos a los efectos de actuar frente a una protesta, respetando los derechos que están involucrados, pero por otra parte y fundamentalmente, requiere de un sistema judicial que esté atento a proteger los derechos humanos que estén siendo vulnerados.

“La protesta es un derecho político. Creo que la idea aquella de que el voto es la única manera que tiene la ciudadanía de incidir en la dirección de los aspectos políticos de su país, es una idea que el tiempo ha superado ampliamente”.

—Volviendo a Nicaragua, hablaba de la declaratoria de desacato y de la solicitud de audiencia a la OEA. Pasada esa audiencia, ¿termina ahí lo que la Corte puede hacer por Nicaragua?

—Siempre pongo este ejemplo: si cualquiera de nosotros contrae una deuda y no la paga, el acreedor puede ir ante un juez a decirle: ‘A esta persona yo le presté esta cantidad de dinero y no me lo ha pagado’, y el juez va a tomar medidas para que el acreedor haga efectivo un embargo, a los efectos de cobrar su dinero. Eso quiere decir que el juez nacional tiene algo que se llama imperio, que es la posibilidad de hacer efectivas sus decisiones porque cuenta con oficiales de justicia, con la policía, como asistente de la justicia para hacer efectivas sus decisiones.

“En el plano internacional, la situación no es exactamente la misma. En el caso de la Corte IDH, la Corte dicta sus sentencias e ingresa en un estado de supervisión de cumplimiento, donde básicamente lo que se hace es que genera un diálogo entre víctimas y Estado para generar posibilidades de cumplimiento de las sentencias, pero la Corte no puede imponer el cumplimiento de sus sentencias como un juez nacional.

“¿Cuál es el recurso que tiene la Corte frente a casos como este, de Nicaragua? Es el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para comunicar cuando un Estado incumple sus decisiones a la Asamblea General de la OEA, para que la OEA actúe en el plano de lo político, a los efectos de atender la situación de ese país.

“En el caso de Nicaragua, la Corte puede seguir recibiendo casos, puede seguir recibiendo solicitudes de medidas cautelares, va a seguir tramitando lo que tiene hoy, pero su posibilidad de hacer efectivas las decisiones frente a un Estado que dice ‘yo no voy a cumplir lo que la Corte decide’, pasa a un estadio diferente, más político que jurídico, donde los Estados tendrán que tomar las medidas del caso, que pueden ir inclusive hacia la expulsión del sistema, hacia la imposición de sanciones económicas, etcétera. Eso corresponde a los Estados en el plano político”.

—Otro hito importante para la región este año fue la anulación del fallo Roe vs. Wade, sobre el derecho al aborto, en Estados Unidos. En el tema de derechos reproductivos, ¿cree que se vienen discusiones en el corto o mediano plazo sobre estos temas en la Corte IDH?

—El tema de los derechos sexuales y reproductivos también es objeto de fuerte tensión en el continente, hay tendencias a la afectación de estos derechos, a hablar por ejemplo de que hay una ideología de género, en fin, tenemos un escenario de confrontación y personas que van llegando al poder con un discurso antiderechos, y este es un tema en el que obviamente más temprano que tarde van a aparecer nuevos casos ante la Corte, sin ninguna duda.

—¿Tienen algunos en agenda, que tengan que conocer en los próximos meses?

—Sí, ya este año vamos a tener casos, y se se van a seguir repitiendo.

—Finalmente, sobre Costa Rica. En una conversación con La Nación, don Fernando Castillo, el presidente de la Sala Constitucional, comentaba que si bien el país tiene una democracia robusta, el gran problema es el deterioro social, impulsado por una de las desigualdades más profundas de la región. ¿Comparte usted esa preocupación?

—Más allá de que no puedo hablar concretamente de la situación de Costa Rica, comparto que estamos en la región más desigual del planeta. En nuestros países el Estado es un agente fundamental para avanzar hacia la igualación de oportunidades, a través de medidas que atiendan la educación y la producción de una riqueza que se pueda compartir.

“Ese es un llamado de alerta muy importante, no podemos desconocer que cuando hay un sustrato de miseria en el que las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas, ahí tenemos problemas fuertes de gobernanza, de democracia y en cuanto al respeto a los derechos humanos. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo, porque cuando las sociedades se vuelven más inequitativas, cuando hay mayores diferencias, se vuelven menos democráticas, y eso es porque hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos con unas oportunidades y ciudadanos con otras”.