“El proyecto de educación dual será presentado, la versión que se ha trabajado, antes del 28 de febrero para que sea una realidad y para que pueda ser votado”, adelantó el mandatario.

Alvarado no detalló lo que contendrá la nueva propuesta, con la que pretende hacer cambios a la iniciativa, dictaminada en noviembre anterior, por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa.

Nancy Marín, ministra de Comunicación, dijo que en la mesa técnica se trabaja en un texto que “reúna los mayores consensos posibles”.

“Si bien el texto (dictaminado en noviembre) está convocado (al plenario), este todavía está en discusión en la Asamblea. Este periodo (en la mesa) de trabajo permite fortalecer el proyecto y llegar a un mayor consenso”, añadió Marín.

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La educación dual es un modelo educativo de aprendizaje en varios campos, dirigido a personas desde los 15 años.

Su objetivo es que la persona aprenda en las aulas y, luego, aplique ese conocimiento en un sitio de trabajo de manera temporal, pero sin ser empleado de esa empresa o patrón donde realiza la práctica.

El Proyecto de Ley de Educación Dual establece, por ejemplo, que los estudiantes tendrán una beca económica de ¢96.000 mensuales, equivalente al 30% del monto vigente de un salario base para un trabajador semicalificado.

También, contiene el pago de un seguro obligatorio de parte del alumno, que rondaría entre ¢5.500 y ¢19.000 mensuales.

De acuerdo con una encuesta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), 72 de cada 100 firmas privadas están interesadas en apoyar este programa educativo.

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Luego de una reunión de Alvarado con los sindicatos del Magisterio Nacional, el 29 de enero, en Casa Presidencial, el Ejecutivo pretendió cambiar ese proyecto mediante una moción de fondo de texto sustitutivo, pero desistió por la molestia de los empresarios.

Ese documento sustitutivo planteaba a las compañías asumir cargas sociales de los aprendices en la educación dual, algo que no estaba contemplado en el plan aprobado en comisión y que ahora se encuentra en el plenario legislativo.

Es decir, la propuesta gubernamental cambiaba la relación jurídica entre las empresas, los estudiantes y los centros educativos que participan en el modelo de aprendizaje. Convertía al proyecto en una relación laboral, lo cual cuestionaron los empresarios.

El Gobierno retiró la moción del texto sustitutivo, mientras el gobernante y representantes del sector productivo acordaron hacer una pausa en la discusión, a la espera de instalar una mesa de diálogo para encontrar consenso.

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Poco avance en mesa de diálogo

Wagner Jiménez, diputado liberacionista y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, explicó que el lunes y el miércoles sesionó la mesa de trabajo en el Castillo Azul, en la Asamblea Legislativa

Asistieron legisladores de la Comisión, un asesor de Presidencia, representantes del sector privado y de los ministerios de Trabajo y Educación. A las dos citas faltaron los sindicatos.

Jiménez explicó que en concreto no se ha avanzado en una nueva propuesta consensuada que sería presentada vía mociones de fondo.

“Hasta el momento (no se ha avanzado) en nada (en específico), porque seguimos esperando la propuesta del Ejecutivo. (En las reuniones hubo) mucho diálogo pero pocas acciones”, expuso el congresista.

“El sector empresarial no propuso nada porque está de acuerdo con el texto dictaminado” en noviembre, añadió Jiménez, quien considera que la discusión no debe postergarse más allá del 28 de febrero.