La presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias, presentó una denuncia contra Celso Gamboa ante el Tribunal de la Inspección Judicial, por apropiarse, aparentemente, de forma irregular, de un expediente relacionado con el caso de las capacitaciones fantasma del Movimiento Libertario.
Presuntamente, Gamboa habría asumido para resolver un recurso de casación interpuesto por Danilo Cubero, presidente del Movimiento Libertario contra la condena impuesta a esa agrupación política.
En octubre del 2015, el exvicepresidente y exdiputado de los libertarios, Ronaldo Alfaro y Carlos Solano, excretario de capacitación, fueron sentenciados por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mediante el cobro de capacitaciones ficticias.
El partido fue condenado a pagar ¢309 millones en favor del Estado. A Alfaro se le impuso una pena de ocho años de cárcel y a Solano de tres años. A este último se le otorgó el beneficio de la ejecución condicional de la pena.
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La sentencia la revisó en primera instancia el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, que en julio del 2016 ordenó una nueva fijación de pena. Empero, los libertarios en setiembre de ese mismo año elevaron el asunto a la Sala Tercera.
Ese órgano resolvió el pasado 22 de marzo acoger dos de los alegatos para su estudio. Los reclamos consistían en revisar la pena de cárcel impuesta a Ronaldo Alfaro y el monto que debía pagar el partido al Estado.
Después de admitida la impugnación los magistrados, siguiendo un orden establecido, asignan el caso a un juez instructor para que se pronuncie sobre el fondo. El recurso de casación de los libertarios le correspondía conocerlo al magistrado José Manuel Arroyo. Sin embargo, este juez se pensionó en diciembre de 2016, por lo que le tocaba asumir a un magistrado suplente.
No obstante, el magistrado Celso Gamboa, presuntamente, se habría ocupado del caso sin que le correspondiera.
El proceso fue asignado este mes al magistrado suplente Rafael Segura Bonilla y está a la espera de resolución.
La queja de la presidenta de la Sala Tercera fue presentada el 10 de noviembre y se tramita bajo el expediente 17-001721-0031-IJ. Se encuentra en investigación preliminar, confirmó la oficina de prensa de la Corte.
En tanto, Doris Arias manifestó que este miércoles en sesión de votación se definirá cualquier otra acción a seguir.
Por otra parte, el Ministerio Público confirmó este martes que los fiscales Carlos Meléndez y Alexánder Valverde, a cargo del caso, presentaron una solicitud de información el 26 de octubre de 2017, para conocer la identidad del magistrado instructor titular encargado de resolver el recurso de casación.
"En mismo sentido, se presentó una gestión de pronto despacho conforme al numeral 174 del Código Procesal Penal, para urgir la resolución del caso, máxime que el imputado Ronaldo Alfaro se encuentra cumpliendo prisión preventiva por no estar en firme la sentencia", indicó.
Esta denuncia se suma a otros cuatro procesos disciplinarios abiertos contra el magistrado Gamboa en la Corte Plena. Asimismo, el alto juez enfrenta cinco investigaciones penales por los supuestos delitos de: abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, cohecho y prevaricato.
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Las capacitaciones fantasmas
El caso por las supuestas capacitaciones “fantasma” se remonta a 2010, cuando el Movimiento Libertario cobró 190 charlas ficticias al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Según esa agrupación política los cursos se impartieron a dirigentes y partidarios entrefebrero del 2008 y abril del 2010. No obstante, los capacitadores negaron haberlas impartido y los asistentes dijeron no haberlas recibido.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó a Alfaro en agosto de 2013. La acusación tambiénincluyó al contador del Partido, Róger Segura (sobreseído, fallecido enmarzo de 2016), así como al exsecretario de Capacitación, Carlos Solano.
Ambos fueron condenados por el delito de estafa mayor contra el TSE el 23 de octubre de 2015. La condena emitida por el Tribunal Penal de San José fue recurrida por los libertarios en mayo del 2016 en un intento por tratar de evitar el pago de ¢309 millones en favor del Estado.
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