Por: Natasha Cambronero 18 mayo, 2016
El 18 de mayo del 2011 funcionarios del OIJ allanaron las que entonces eran las oficinas del Movimiento Libertario en Barrio Fátima de San Pedro de Montes de Oca.
El 18 de mayo del 2011 funcionarios del OIJ allanaron las que entonces eran las oficinas del Movimiento Libertario en Barrio Fátima de San Pedro de Montes de Oca.

Con la intención de evitar un pago de ¢309 millones en favor del Estado, el Movimiento Libertario recurrió la sentencia que le impuso el Tribunal Penal de San José, en octubre pasado, por estafar al TSE al cobrarle charlas de capacitación ficticias en la campaña electoral del 2010.

Los libertarios apelaron el fallo ante el Tribunal de Apelaciones, con el alegato de que nunca hubo un daño para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entidad que administra y custodia la deuda política.

La agrupación argumenta que, aunque el TSE no le hubiese reconocido los gastos acusados por estafa, el dinero de la deuda política habría quedado en su favor en la reserva para gastos de organización y capacitación.

“Por la cantidad de votos obtenidos, es un dinero que se deposita para el uso del partido político, indiferentemente de para lo que se liquide, para lo que se haga. Es un dinero que por ley va dirigido al partido, entonces, sea cual sea la dirección de esos dineros, para pagar publicidad, proveedores o cualquier otra situación, ya es un dinero del cual el partido puede hacer uso de él”, expresó el defensor del Libertario, Pedro Hidalgo.

Esa es la misma tesis que Hidalgo expuso en el juicio y que fue desestimada por el Tribunal. Durante el debate oral y público, la jueza Maribel Bustillos, adujo que se faltó a la verdad y eso “jamás” lo tutelaría el derecho.

El cobro de ¢309 millones se impuso al partido como sanción, de manera solidaria, junto con las sentencias penales al ex vicepresidente, el excontador y el exsecretario de capacitación.

La suma corresponde al monto estafado (¢209 millones), los intereses (¢67 millones) y las costas de la acción civil resarcitoria y del proceso judicial (¢33 millones).

Las juezas dieron por un hecho que el Libertario falseó gastos y, por ello, castigó con ocho años de prisión al ex vicepresidente de la agrupación, el exlegislador Ronaldo Alfaro (2002–2006), por un delito de “estafa mayor”.

Por el mismo delito también fue sancionado, pero con cinco años de casa por cárcel con monitoreo electrónico (cuando el sistema estrara en vigencia), el excontador Róger Segura, quien falleció el pasado 21 de marzo.

En tanto, al exsecretario de Capacitación, Carlos Solano, se le impusieron tres años de prisión. A él se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, con lo que no pierde la libertad.

El Tribunal concluyó que ellos tres idearon y ejecutaron un plan para estafar ¢209 millones al TSE con el cobro de 194 capacitaciones fantasmas, las cuales se incluyeron dentro de la liquidación de gastos de la campaña del 2010.

Otras apelaciones. La sentencia no solo fue apelada por el Movimiento Libertario, sino que se presentaron otras cuatro impugnaciones, según la oficina de prensa del Poder Judicial.

Los defensores de Alfaro y Segura refutaron la sentencia; no obstante, Segura falleció un mes después de presentado el recurso.

La Nación intentó conocer cuáles fueron los alegatos que utilizó Cindy Morales, la abogada del ex vicepresidente libertario, pero no fue posible, debido a que se encuentra de vacaciones y vuelve a la Defensa Pública hasta este viernes.

La otra apelación la presentó el procurador penal, Randall Aguirre. Él cuestionó que le haya rechazado la solicitud de una indemnización por daño social.

El Ministerio Público y Carlos Solano no impugnaron el fallo.