La Presidencia de la República y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) rechazan hacer público un informe contratado al jurista internacional Carlos Ayala Cosao, por $40.000, sobre cómo remediar la problemática de las pensiones de lujo.
El estudio lo pagó el BCIE con parte del $1 millón que donó al Gobierno de Costa Rica en su primer año de labores, como una cooperación técnica no reembolsable.
Hace dos meses, la Presidencia y el Banco informaron de que, en un acto sin precedentes, transparentarían el uso de los recursos de la donación. Así lo comunicaron el 20 de diciembre después de trascender que el productor audiovisual, Christian Bulgarelli Rojas, redactó los términos de la contratación de $405.000 que luego él mismo ganó, para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, con fondos del BCIE.
A raíz de solicitudes de este diario y de varios diputados, la Presidencia y el BCIE suministraron tres carpetas con documentos relacionados a otras tres contrataciones, una sobre el contrato con Bulgarelli, otra por $244.599 sobre mejoras en recintos de Casa Presidencial como el despacho del mandatario y los dormitorios de la escolta presidencial, y una tercera por $259.600 para fortalecer el sistema de ciberseguridad.
No obstante, sobre la consultoría de Carlos Ayala Cosao, no se aportó ningún documento.
La Nación solicitó a Presidencia y al BCIE una copia del informe emitido por Ayala Cosao y del expediente de la contratación, el 19 de enero anterior.
‘No contamos con la autorización del consultor’
Tres días después, el 22 de enero, el BCIE respondió que los resultados de la consultoría 214/2022-ORCR fueron entregados al gobierno en el tiempo y la forma establecidos, pero no tenía posesión del documento porque el banco fungió como un ente administrativo para la contratación y el pago.
Una periodista de este diario insistió en acceder al expediente; no obstante, el Banco argumentó que necesitaba autorización del consultor.
16 días después, el 7 de febrero, se volvió a preguntar al BCIE si ya contaba con la autorización. La entidad financiera respondió que aún carecía del aval y, de seguido, precisó que el informe está en posesión del Ministerio de la Presidencia.
En dos ocasiones, este medio pidió la información a la Presidencia mediante el correo de su oficina de Comunicación. Las peticiones se enviaron los días 19 de enero y 14 de febrero, sin obtener una respuesta.
Inicialmente, del $1 millón, el Gobierno había destinado $150.000 para atender la problemática de las pensiones de lujo. De hecho, en agosto del 2022, el presidente anunció que el gobierno enviaría una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema.
Sin embargo, al final, el monto se redujo a $40.000. El resto del dinero se usó, en gran medida, para ampliar el contrato adjudicado a Christian Bulgarelli, el cual subió de $300.000 a $405.000.
Presidencia y el BCIE alegaron que, sobre pensiones de lujo, se iban a contratar cuatro consultorías, pero hubo retrasos en la obtención de información necesaria para la entrega de los productos. Añadieron que no se pudo iniciar con tres contratos y se procedió a finiquitarlos de común acuerdo, mientras que uno se ejecutó parcialmente.
A la vez, anunciaron que el banco donará otros $100.000 para atender esa problemática, los cuales se ejecutarán este año.
El BCIE precisó que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, solicitó los recursos adicionales en junio del 2023, los cuales fueron aprobados en diciembre de ese mismo año, provenientes del Fondo de Cooperación Técnica (Fontec).
También, indicó que el proceso de contratación de los nuevos consultores está en marcha.
“Estos estudios consisten en la conclusión de la opinión consultiva y la elaboración del estudio actuarial que acompañarán un futuro proyecto de ley que establecerá un reajuste de las denominadas pensiones de lujo, garantizando con estos insumos su compatibilidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, consignó el banco en un correo electrónico enviado a este diario el 22 de enero anterior.
La negativa a entregar el primer informe contradice lo consignado en el comunicado de prensa donde se anunciaba que se hacían públicos “los contratos adjudicados en 2022″, bajo el argumento de que “todas las contrataciones que realiza el BCIE se rigen por los principios de libre competencia, publicidad, transparencia y cero tolerancia a prácticas prohibidas”.