La Sala Constitucional, por mayoría, declaró que actúa “en defensa de la libertad de prensa” al anular la orden del gobierno de Rodrigo Chaves, el cual cerró abruptamente Parque Viva, el viernes 8 de julio. Este recinto, al igual que el diario La Nación, pertenecen a Grupo Nación.
El presidente de ese tribunal, Fernando Castillo, detalló que la mayoría de los jueces consideraron que la clausura constituyó “una violación indirecta de la libertad de prensa, libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático”.
¿Cuál es la relación entre el centro de eventos y la libertad de prensa?
La sentencia completa sigue en redacción, por lo cual aún no se conocen las razones que fundamentaron la decisión de la Sala. No obstante, el por tanto del caso, dictado este viernes, declara con lugar, en todos sus extremos, los argumentos planteados por el director de La Nación, Armando González, y un grupo de periodistas de La Nación en un recurso de amparo presentado el 27 de julio.
En el recurso, los periodistas explicaron las tres principales razones por las cuales la clausura del centro de eventos de Grupo Nación constituyó una represalia contra la actividad periodística. Estas tres razones se desarrollan, una a una, más adelante.
Como antecedente, hay que tener presente el discurso de campaña electoral, en el cual Rodrigo Chaves prometió “destruir” a La Nación luego de que este medio diera a conocer que un tribunal administrativo del Banco Mundial comprobó que él incurrió en acoso sexual cuando laboró en esa entidad. Igualmente, este medio también reveló la presunta existencia de una estructura de financiamiento paralelo en la campaña del Partido Progreso Social Democrático, que lo llevó al poder.
Los periodistas de La Nación plantearon en su recurso ante la Sala IV que las autoridades gubernamentales involucradas en el cierre de Parque Viva aprovecharon sus potestades legales para causar un daño al Grupo Nación. Esto, a sabiendas de que el impacto económico de la clausura del centro de eventos afectaría específicamente al diario La Nación y a sus periodistas, contra quienes el mandatario venía anunciando represalias desde meses atrás a causa de sus reportajes.
Además, en los alegatos se demostró que la clausura se realizó de forma expedita y arbitraria, pues, hasta la fecha, no se ha detectado ningún incumplimiento en las instalaciones ni en los permisos del centro de eventos ubicado en La Guácima, Alajuela.
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1. Presiones económicas
El Parque Viva es un negocio complementario del Grupo Nación, creado entre el 2013 y el 2014 para apoyar económicamente la operación del periódico La Nación, cuyos ingresos han caído a causa de la migración de la publicidad hacia medios digitales, como le ha ocurrido a miles de empresas de comunicación en todo el mundo.
En el recurso de amparo, los periodistas demostraron que al ordenar el cierre inmediato del centro, las autoridades incurrieron en una “desviación de poder”, pues aprovecharon sus potestades legales no para satisfacer un interés público, sino para causar un daño a Grupo Nación y a su periódico a través de la afectación económica a una de sus fuentes de ingreso, Parque Viva.
“Estos actos no solo afectan económicamente a la empresa dueña de Parque Viva, sino que, además, al medio de información en que laboramos y, con ello, lesionan nuestro derecho a informar. Este es el verdadero fin que persiguen los actos administrativos frente a los cuales pido amparo”, declaró el director de La Nación, Armando González, en el recurso.
Ese tipo de “presiones indirectas” por parte de los estados, mediante actos administrativos, han sido sancionadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Un ejemplo es un juicio en el que el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, en Perú, fue condenado por cancelarle la nacionalidad al dueño de un programa de televisión, de forma arbitraria, para intimidar a la Junta Directiva del medio de comunicación.
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2. Represalia anunciada
Los comunicadores destacaron, además, que el cierre del Parque Viva no fue un acto aislado, sino que se concretó tras meses de ataques y amenazas de Rodrigo Chaves y su equipo contra La Nación, incluso desde antes de llegar al poder.
Una de las primeras ocurrió el 29 de enero, cuando el entonces candidato presidencial expresó, ante un grupo de seguidores reunidos en Tibás, que arremetería contra el medio.
“Somos un sunami y sí, vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7. Óigame, Ignacio Santos, óigame el otro… René Picado, óigame, Armando González”, declaró el entonces candidato presidencial ante las cámaras.
El miércoles 6 de julio, ya como presidente de la República, y luego de meses de llamar a los periodistas “canallas”, aprovechó la conferencia de prensa celebrada después del Consejo de Gobierno para sembrar dudas sobre la salud financiera de Grupo Nación y su capacidad de pagar los bonos comprados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Para ello, Chaves se basó en datos distorsionados.
“No puede ser más evidente la amenaza de destruir a las empresas como represalia por las líneas editoriales de los medios de su propiedad y las actuaciones de sus directores periodísticos”, se consignó en el recurso de amparo.
Tal forma de actuar, argumentaron los periodistas, violentó múltiples principios consagrados en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el principio de legalidad por el cual deben regirse los funcionarios públicos, la igualdad de todas las personas y la prohibición de discriminar.
3. Sin anomalías en Parque Viva
Como prueba de la intención específica del Gobierno de perjudicar a Grupo Nación y de la arbitrariedad del cierre del Parque Viva, los recurrentes del amparo enfatizaron en que, hasta la fecha, no se ha detectado ningún incumplimiento ni anomalía en las instalaciones del centro.
El Ministerio de Salud, liderado por la jerarca Joselyn Chacón, ejecutó la clausura con base en una “denuncia anónima” y supuestas dudas sobre “la capacidad de la vía de acceso a dicho establecimiento por las unidades de primera respuesta”, en caso de emergencias.
No obstante, cuando los inspectores del Ministerio visitaron el complejo, no encontraron problema alguno con los accesos. El alcalde de Alajuela, donde se ubica el Parque Viva, declaró que los problemas de congestionamiento de la zona no se pueden atribuir al centro de eventos, y el regidor Alonso Castillo señaló que las presas en la comunidad se dan “con Parque Viva y sin Parque Viva”.
Los permisos del parque están al día, y lo estaban al momento de la clausura. Para esa fecha, además, la autorización de los aforos del centro tenía apenas seis meses de haber sido aprobada por la misma institución.