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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destinó 45 oficiales a los allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación (Mideplán) y cuatro casas de habitación, relacionados con el caso de la UPAD.
El director del OIJ, Wálter Espinoza, informó en la mañana de que se habían destinado 250 funcionarios para este operativo, pero casi a las 6 p. m. comunicó que cometió un error numérico provocado por una confusión en relación con otro despliegue policial.
Espinoza explicó que se dispuso de equipo especializado en análisis de datos del OIJ y del área de Ciberdelito; esta última oficina revisará el equipo de cómputo que sea decomisado en las diligencias judiciales.
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Por parte del OIJ, la operación es dirigida por la sección Anticorrupción, grupo de trabajo que funciona desde finales del año pasado y que pretende hacer más eficaz el trabajo de los casos relacionados con corrupción, dijo Espinoza. “Este es uno de los casos en que tiene una participación importante y particular”, declaró.
Según el director de la Policía Judicial, quien emitirá las conclusiones que correspondan será el área de Análisis de Eventos Criminales.
Espinoza añadió que, en este tipo de allanamientos, el papel del OIJ es de apoyo, soporte, orientación y consejo al Ministerio Público, a fin de colaborar en el levantamiento de evidencia, presencia en sitios y ejecución de actividades que los fiscales nos indiquen.
La Fiscalía precisó que investiga los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
El caso nació luego de la publicación de un decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el cual le otorgaba a esa unidad acceso a datos confidenciales en manos de las instituciones públicas. El presidente Carlos Alvarado derogó el decreto el 21 de febrero, cuatro días después de su publicación.
