Para Ramona Sandoval, madre soltera de dos hijos, llegar al final de cada quincena se convierte en un complicado ejercicio de matemáticas.
Con quincenas de ¢120.000, tiene que pagar ¢130.000 mensuales de alquiler; ¢30.000 de electricidad; ¢30.000 de pases del bus, la comida y el cuido de sus hijos...
“Entonces imagínese, uno paga solito. No alcanza”, dice Sandoval, de 32 años, quien vive con sus chiquitos de seis y 11 años en barrio IMAS, en el cantón de Mora.
Paradójicamente, la buena noticia de conseguir un empleo, para tener ingresos, le trajo un problema.
En noviembre del 2017, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le comunicó que le retiraba el servicio de cuido a Dereck, entonces de cinco años, en el centro infantil de la municipalidad local, el cual había recibido por años.
Según relató la jefa de hogar, cuando fue a entregar los documentos para renovar el subsidio, las funcionarias le indicaron que ya no era elegible para la ayuda, pues con los ingresos que percibía por el trabajo que consiguió en un almacén ya no calificaba como un hogar pobre.
“La explicación que me dieron a mí es que el Gobierno dice que se puede vivir con ¢100.000 por persona, y yo ganaba ¢350.000. Entonces, que tenía ¢50.000 libres para recreación y no sé qué", lamentó Sandoval.
La familia de Ramona vive apenas por encima de la línea que divide a los hogares que se consideran pobres de los que no.
En el 2017, su salario de ¢350.000 resultaba en un ingreso per cápita de ¢116.000 colones para cada uno de los tres miembros de su familia.
La línea de pobreza entonces estaba definida en ¢99.240, así que la diferencia de ¢16.700 la dejó fuera del sistema de cuido del IMAS.
No obstante, ella sostiene que su salario no le alcanza para pagar un servicio de guardería privado.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2017 había casi 155.000 familias en el tercer decil de la población, con un ingreso per cápita promedio de ¢113.000. Es decir, en el cual ya no se les considera como pobres, pero sí son vulnerables.
Lo que no está cuantificado, según reconocieron la Secretaría Técnica de Red de Cuido y el IMAS, es la cantidad de niños que se quedan sin cuido estatal porque sus hogares no son lo suficientemente pobres, pese a que sus papás tienen dificultades para pagar un servicio de atención privado mientras trabajan.
Emilio Arias, quien presidió el IMAS durante la segunda mitad del gobierno anterior, tiene la certeza de que los casos son numerosos.
“Es como una población invisibilizada numéricamente, todos sabemos que existe, pero no tenemos un dato certero de cuántos son”, aseguró el exministro.
En casos como el de Ramona, en los que la familia gozó del beneficio, pero de golpe lo perdió, el Programa Estado de la Nación dice que existe un alto riesgo de que caigan en un círculo vicioso conocido como “la trampa de la pobreza”.
“Cuando un individuo no es pobre gracias a la ayuda estatal, pero no desarrolló capacidades que le permitieran acceder a un empleo de calidad, si pierde ese subsidio −dado que técnicamente ya no es pobre− recaerá nuevamente en esa condición”, dice el informe del PEN del año 2017.
Es por ese motivo que Gilberto Monge, alcalde de Mora, critica que se permita el uso de los centros públicos de la red de cuido para familias de ingresos medios y altos que pagan por el servicio, mientras hay menores en condición de vulnerabilidad que quedan excluidos.
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Para poder seguir trabajando, Ramona Sandoval tiene que destinar una parte de su salario a pagarle a la señora con quien comparte el alquiler de su casa, quien cuida a sus niños y los lleva a la escuela.
“Ella nos ayudaba y ahí hablamos para pagarle un poco, porque lo que cobra una niñera tampoco lo podría apagar, es solo como una ayuda”, explicó la mamá.
Ley impide ampliar cobertura del IMAS
Gabriela Prado, subgerenta de desarrollo social del IMAS, aseguró que el reto principal de la Red de Cuido es que su cobertura sea un beneficio universal, para poder atender a las familias que hoy quedan excluidas incluso por algunos miles de colones.
La funcionaria explicó que la institución no puede ampliar su atención, puesto que la ley que la regula especifica que sus fondos solo se pueden utilizar para atender población en pobreza y en pobreza extrema.
En el 2018, se consideraron pobres los casi 329.000 hogares cuyos ingresos mensuales eran iguales o menores a ¢110.050 por persona, y pobres extremas las 99.000 familias con entradas iguales o menores a ¢50.000.
No obstante, para valorar a cada familia, el IMAS no solo toma en cuenta los ingresos del núcleo, sino que se consideran 71 variables de la Ficha de Información Social (FIS), como la conformación de la familia, el número de miembros, si tienen o no empleo, si alguno tiene discapacidad, el estado de la casa y la escolaridad.
Según Prado, la alternativa para las familias que quedan en una especie de limbo es recurrir a los CenCinái del Ministerio de Salud, los centros del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) e, incluso, del Ministerio de Educación Pública (MEP), pues no tienen las mismas limitaciones que el IMAS.
“Si lo vemos solo desde el foco del IMAS podríamos pensar que hay familias que evidentemente van a quedar excluidas aunque necesiten el beneficio, pero si lo vemos en el marco de la red nacional, debería el resto de la red estar garantizando ese derecho al resto de las familias”, aseguró Prado.
Al cierre del 2017, el IMAS administraba un 49% de los 52.500 cupos que tenía la red nacional de cuido.
El otro 43% estaba en manos del Ministerio de Salud y solo un 8% en el PANI.
Según información suministrada por la Secretaría Nacional de Red de Cuido, la alternativa que crecerá más en el periodo 2019-2022 será el IMAS, con 10.000 espacios nuevos. Le seguirán Cen Cinai, con 8.700, y el PANI, con 6.385.
Ivannia Bonilla, subdirectora nacional de Cen-Cinái, explicó que la misión que les da la ley de contribuir a mejorar el estado de salud de la población materno infantil les permite atender a un mayor rango de población, no solo a niños que viven en pobreza.
La Dirección Nacional de Cen Cinai informó de que la meta para el periodo 2019-2022 es construir 35 nuevos centros. No obstante, la asignación de cupos dependerá de la demanda, de las necesidades de cada comunidad, así como de las condiciones de las familias que soliciten el servicio.
Es precisamente por las imitaciones de acción que tiene el IMAS que el exjerarca Arias considera que debe realizarse una reforma legal para que la rectoría del cuido infantil se traslade a una entidad con mayor margen de acción.
“Urge sobremanera el traslado al PANI. La ventaja sería que su legislación y el Código de la Niñez y la Adolescencia le permiten no solo intervenir a los niños en pobreza, sino a la totalidad de los niños del país”, dijo Arias.
El exministro también aboga por una modificación legal que incluya, dentro de la población meta de los servicios de cuido, a las personas con ingresos que exceden por poco la línea de carencias, para evitar que caigan en la trampa de la pobreza.
Además, propone que a las jefas de hogar que consiguen trabajo se les mantenga el beneficio durante un periodo de transición que les permita adaptarse.
Ramona asegura que ella habría agradecido esa oportunidad.
“Se supone que la Red de Cuido es para eso, para que las mamás solteras vayan a trabajar y progresen. Diay, pero salimos a trabajar y nos cortan las alas”, lamentó.