Prieto confirmó la acción contra Corrales Bolaños y Guido Cruz por presentarse públicamente como líderes del Movimiento Rescate Nacional que se atribuyó la representación de diversos sectores productivos y civiles para bloquear puertos y las rutas más importantes de tránsito.

Según los jerarcas, dichos retenes luego condujeron al entorpecimiento de servicios públicos y desencadenando actos violentos y vandálicos.

A ellos los denunciaron por los presuntos delitos de asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública y entorpecimiento de servicios públicos.

También les atribuyen los posibles delitos de motín, atentado, incendio o explosión y responsabilidad como promotores y directores de actuaciones contra la tranquilidad pública, los poderes públicos, la autoridad pública y la seguridad común.

Dicha denuncia se formalizó el mismo día en que la Fiscalía General de la República notificó a Guido, Xinia López, Óscar Campos y a otros siete dirigentes de Rescate Nacional que deberán presentarse ante esa instancia por otra denuncia

La mayoría de ellos fuero notificados mientras estaban reunidos en el auditorio de la Conferencia Episcopal, en San José, poco antes del mediodía.

El citatorio de la Fiscalía se relaciona con otra denuncia presentada contra el exdiputado Guido por el delito de instigación pública debido a la promoción de bloqueos y protestas que han afectado al país desde el pasado 30 de setiembre.

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Justificación

Conforme la denuncia presentada por los ministros, los bloqueos promovidos por “Rescate Nacional" continuaron aún y cuando el Poder Ejecutivo suspendió, desde el 4 de octubre, su propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener financiamiento para estabilizar las finanzas públicas.

Esa iniciativa, precisamente, fue la que desencadenó las manifestaciones desde el 30 de setiembre, pues el movimiento se oponía a algunas de las medidas que esta contemplaba como creación de nuevos impuestos, venta de activos públicos y recorte del gasto público.

Prieto alegó que, una vez desechado el planteamiento original al FMI, el Gobierno llamó a un diálogo multisectorial para buscar soluciones.

“Pero ese llamado lo rechazaron estos representantes que insistieron en instigar públicamente a la ciudadanía para mantener los bloqueos y sin condenar los actos de violencia y delincuencia organizada ocurridos en el propio movimiento”, aseguró.

Agregó que, aún y cuando Corrales admitió que el narcotráfico se había infiltrado en el movimiento que él mismo creó, Guido Cruz decidió apartarse de los llamados hechos por su ahora excompañero a deponer los bloqueos “y sigue incitando a bloqueos y violencia”, expresó el ministro.

“Estos bloqueos han justificando represión policial pero los instigadores se han validado de actos de amotinamiento mientras funcionarios públicos son atacados con objetos contundentes y hasta artefactos incendiarios para que no cumplan su función de asegurar el libre tránsito y la protección de la ciudadanía”, manifestó Prieto.

Añadió que para fines de la investigación “existe abundante prueba tanto en medios de comunicación, redes sociales, que son de conocimiento público, así como la que ha sido aportada junto con la presente denuncia, generando elementos y motivos suficientes para que la Fiscalía General de la República investigue tales actuaciones”.

El pasado 7 de octubre, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, lanzó desde Twitter un vehemente llamado a detener estos actos.

"No quiero que se derrame sangre en mi país. Ni policía, ni civil. Todos somos humanos y costarricenses. Esto es un acto de cobardía y no lo toleraré.

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“Si un compañero es lastimado, señalaré como responsables a quienes dirigen este movimiento”, afirmó Soto entonces desde su cuenta.