Ricardo Pineda, médico que atendió a manifestantes heridos y a sus familiares en el conflicto que vive Nicaragua, asegura que los doctores están siendo perseguidos en su país.
Pineda, quien se refugió en Costa Rica, fue uno de los profesionales en Medicina que atendió a las personas que fueron heridas el 14 de julio en la Iglesia de la Divina Misericordia, en Managua, donde se atrincheró un grupo de estudiantes al ser atacados por las fuerzas paramilitares del régimen orteguista.
Además, prestó ayuda a los familiares de los presos en las afueras de la cárcel de máxima seguridad El Chipote, también en Managua.
(Video) Liberación de costarricense detenido en Nicaragua.
Pineda, quien se dedica a la medicina privada pero que mantiene contacto con colegas del servicio público por su cargo en la Asociación Médica Nicaragüense, instaló en ese punto un puesto para atender a los allegados de los secuestrados y presos.
“A las afueras de El Chipote van las personas cuando les secuestran a un familiar, entonces pusimos un puesto médico para atender a hipertensos, diabéticos y gente con trastornos de ansiedad”, contó.
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Según afirmó el especialista, el gobierno de Daniel Ortega les prohíbe expresamente a los médicos socorrer a los heridos.
“Si llegaba un manifestante herido al hospital, llamaban a los paramilitares para que lo asesinaran, o no la dejaban entrar”, aseguró Pineda.
De hecho, contó, lo que las autoridades nicaragüenses hacen con quienes necesitan atención médica es una especie de “sentencia de muerte”.
“Es abominable, porque estás condenando a la gente a la muerte. No solamente mandan paramilitares con armas de guerra a dispararles a los estudiantes, a la población, sino que la gente herida tiene prohibido ser atendida en las unidades de salud. Los condenan a la muerte”, exhortó.
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Un hospital sirvió de base militar
El profesional, quien llegó a Costa Rica el 2 de julio, considera que lo acontecido en su país es una situación que lo confronta con la realidad.
“Una realidad que nunca esperamos vivir. Nunca nos imaginamos, por ejemplo, que el hospital de Estelí (en el municipio nicaragüense del mismo nombre) fuera la base de los paramilitares. No solamente te cerraban la puerta, sino que ahí estaban ellos, disparando desde adentro del hospital”.
“Imagínese que usted llegue herido al hospital Calderón Guardia y que, desde Emergencias, le disparen. Es una cosa impensable. Así lo hicieron en Estelí, y los guardas del centro médico dispararon y atacaron a los estudiantes que protestaban en la carretera”, argumentó Pineda.
El médico contó a La Nación que, solo en el hospital de León, 37 colegas suyos fueron despedidos por oponerse a las órdenes gubernamentales de ignorar a los manifestantes heridos.
“Prácticamente, descabezaron tanto la atención como la formación de los nuevos médicos, porque es un centro de salud emblemático para la formación de profesionales en Medicina. De hecho, los índices de mortalidad están subiendo por falta de profesionales que atiendan”, agregó Pineda.
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En uno de los episodios más recientes, al menos 38 personas fueron detenidas en Managua este domingo 14 de octubre, mientras participaban en una marcha denominada “Unidos por la libertad”.
Entre esas capturas, contó el médico, figuran sus colegas Marcela Martínez, docente de la Universidad Americana de Nicaragua (UAN), y Francisco Raúl Ortega Guzmán, miembro fundador de la Unión Médica Nicaragüense.
En esa manifestación también fue apresado el ciudadano costarricense Allan Cordero Ocon, quien fue puesto en libertad por las autoridades nicaragüenses este lunes, según informó la Cancillería tica.
