El ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ignoran el contenido de la Ley de Armas y Explosivos, así como los cambios que su mismo gobierno planteó en un proyecto de ley sobre esta misma normativa.
El miércoles, en conferencia de prensa luego del Consejo de Gobierno, Zamora dijo que, en Costa Rica, poseer un arma automática de guerra es una “mera contravención”, es decir, un hecho que se sanciona con una multa.
Chaves lo secundó al decir que, entonces, andar con un fusil de asalto AK-47 equivale a “andar borracho en un evento público y hacer escándalo”.
No obstante, lo cierto es que poseer un arma de este tipo es un delito castigado con una pena de cuatro a ocho años de cárcel, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Armas y Explosivos.
La misma pena se aplica para la posesión de todo tipo de arma prohibida descrita en el artículo 25, entre las que están las que disparen en ráfaga, las largas semiautomáticas con cargadores de más de 10 tiros y las armas cortas que sobrepasen una capacidad de 17 municiones.
El artículo 90 impone de tres a seis años de cárcel a quienes, además, acopien armas prohibidas. Se considera acopio cuando se tiene más de tres armas.
El artículo 91, en tanto, estipula de tres a ocho años de prisión a quien introduzca al país armas prohibidas o trafique con ellas.
El Ministerio Público confirmó que esa es la legislación vigente que castiga la posesión de instrumentos automáticos de guerra, mientras que el Poder Judicial informó de que, desde el 2012 hasta la fecha, se han presentado 1.327 denuncias por tenencia de arma prohibida.
De hecho, noticias de los últimos años dan cuenta de personas condenadas por posesión de armas ilegales.
En la conferencia, Chaves insistió en que es un “delito menor andar con un arma de guerra en Costa Rica”.
El abogado, experto en seguridad y exministro de Gobernación y Policía, Álvaro Ramos Rechnitz, afirmó que la declaración de ambos jerarcas es equivocada.
“Son armas prohibidas. Armas consideradas de guerra y otras armas modificadas, aunque sean civiles, corresponden completamente a la definición fijada en la ley y tienen una sanción de delito, no son contravenciones. Está perfectamente tipificado como un delito y los jueces y los fiscales lo tienen claro”, dijo Ramos.
En el plenario de la Asamblea Legislativa, el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), demandó a Zamora y Chaves “no confundir” porque la Ley de Armas y Explosivos es clara en que tener un arma de grueso calibre, o de guerra, es un delito. Le preocupa, dijo, que oficiales de Fuerza Pública o ciudadanos crean afirmaciones erróneas como las del mandatario y el ministro.
El proyecto de ley sobre armas
Bajo el argumento erróneo de que poseer armas de guerra es una contravención, el ministro Mario Zamora consideró urgente aprobar el proyecto de armas que el gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa.
El presidente Rodrigo Chaves preguntó: “¿Nosotros presentamos hace nueve meses al Congreso una ley para convertir en eso en un delito ojalá mayor?”.
Zamora le respondió: “Sí señor”.
No obstante, el proyecto de ley sobre armas que presentó el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con armas automáticas de guerra.
En la agenda de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, el único proyecto sobre armas que presentó el gobierno fue el 23.689, como parte de uno de los cinco expedientes de seguridad anunciados por Chaves en abril junto con el entonces ministro de Seguridad, Jorge Torres.
Ese plan en realidad haría modificaciones sobre la regulación de armas permitidas, no las ilegales.
El expediente plantea elevar hasta en un tercio la pena por posesión ilegal de armas permitidas, cuando esta se encuentre inscrita a nombre de un tercero, haya sido reportada como extraviada o sustraída o haya sido utilizada en un delito, por ejemplo. La pena actual va de tres a cinco años.
Además, propone aumentar los casos en que una persona no puede acceder a un permiso de portación. Entre las causales, estarían ser una persona elevada a juicio por delitos contra la vida y contra la propiedad, o haber sido acusado o condenado por infringir la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
Pese a que su proyecto no tiene nada que ver con armas de guerra, Chaves dijo esperar que “haya conciencia” entre los diputados de la Comisión de Seguridad y señaló a la diputada Gloria Navas, de Nueva República, presidenta del foro, al decir que es abogada.
“Esperemos que ahora sí se muevan porque se los convocamos en esa comisión, Dios quiera”, dijo. El 6 de octubre, Navas le dijo: “El señor presidente repite y repite lo mismo con esos proyectos que, según él, son necesarios para combatir el narcotráfico y el sicariato. Comete un craso error y no dice la verdad a la ciudadanía”.
El ministro Zamora alegó el miércoles sobre los sicarios: “Lamentablemente, la legislación costarricense no ha hecho el desarrollo normativo para enfrentar este problema”.
Chaves añadió: “No podemos agarrar a uno de esos criminales con armas de fuego y guardarlos”, e insistió en apuntar a los diputados.
Álvaro Ramos dijo que el reclamo del ministro y del presidente parece ir en el sentido de querer prisión preventiva para todas las personas que tengan un arma ilegal, pero los jueces ya tienen la potestad de considerar en qué momento una persona debe ir a prisión preventiva, dependiendo de su peligrosidad o la capacidad que tiene de influenciar en testigos o amenazar personas.
“En ese sentido me parece a mí que, efectivamente, las personas que son capturadas con armas como la AK 47 o R 15, yo las consideraría una persona peligrosa”, dijo el exministro.