Desde el máximo tribunal penal del país, surge una voz que llama a repensar la forma como Costa Rica está castigando el tráfico de drogas en pequeñas cantidades por considerar, entre otras cosas, que la política vigente está llenando las cárceles por asuntos “de poca monta”.
José Manuel Arroyo, magistrado de la Sala III y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, argumenta que el 20% de la población penitenciaria entró a la cárcel por drogas, y que la mayoría de estas personas fue condenada por narcomenudeo (cuando una persona vende pequeñas dosis, por ejemplo, cigarrillos de marihuana o piedras de crack).
“No creo que tenga mucho sentido”, dice el magistrado sobre la penalización actual, “pero esta es una discusión que la sociedad tiene que dar”.
Por vender drogas se imponen hasta 15 años de prisión.
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Arroyo sostiene que la penalización del tráfico de drogas obedece a una decisión política “arbitraria”, con la cual se determinó, en cierto momento, que el comercio de narcóticos debe ser penado porque daña a la sociedad, pero no así la venta de licor y cigarros, aunque estos también puedan provocar efectos negativos.
“Es una decisión política: ‘¿Esto está bien, esto no está bien?’; tan arbitrario como eso”, dijo.
Prioridad. Para el magistrado Arroyo, se debe abrir el debate sobre esta política criminal, siempre que sea con base en criterios científicos, pero sostuvo que primero se deben repensar las penas por narcomenudeo.
Aboga por un cambio razonable que permita atacar los casos más graves, a las cúpulas de las redes nacionales e internacionales y dar alternativas para sancionar el pequeño tráfico.
Los casos por narco constituyen la segunda causa de encarcelamiento en el país, con casi un 21% del total, según el estudio Política Criminal y Encarcelamiento por Delitos de Drogas en Costa Rica , elaborado por Ernesto Cortés, miembro de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (AECID) y del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD).
Prácticamente la mitad de los condenados por drogas (un 47%) fueron inculpados por vender, mientras un 14% terminó tras las rejas por transportarlas. Solo un 5,6% está preso por tráfico internacional, y un 0,6%, por lavado.
En su mayoría, es gente de baja escolaridad.
Según un muestreo de 202 expedientes judiciales, a los culpables de vender drogas se les sentenció por comerciar, en promedio, menos de 0,2 kilogramos de marihuana o cocaína, o menos de 0,04 kilogramos de crack .
“Se está penalizando fundamentalmente el narcomenudeo, las pequeñas cantidades de droga, sobre todo de cannabis (marihuana) y de crack .
”Las formas típicas del narcomenudeo están llenando las cárceles (las cuales cuentan con limitados recursos), mientras los contrabandistas y mafiosos desarrollan su negocio cómodamente, aunque obviamente se les llega de vez en cuando a grandes decomisos o redes en cúpulas”, sostuvo el magistrado.
“Si solo nos concentramos en el narcomenudeo, las cárceles van a estar cada vez más llenas de cosas de poca monta. Imagínese que, un día de estos, en la Sala III conocimos un debate que hubo que anular por defectos formales y devolver para un segundo juicio, donde a un indigente se le encuentra pasando una piedra de crack de 1,2 gramos. Esto es un ejemplo de lo que no puede seguir pasando”, aseveró.
Solo un juicio, sin contar con los gastos carcelarios, cuesta unos ¢6 millones.
De acuerdo con el estudio de Cortés, en cuestión de diez años (del 2004 al 2013) se duplicó de 500 a más de 1.000 el número de sentenciados anuales por drogas.
La mayoría de los encarcelados (un 60%) cumple una pena de entre 5 y 7 años de cárcel. Solo un 3% recibió libertad condicional o una pena alterna.
“Para estas pocas cantidades de droga habrá que encontrar una salida, ya sea con penas alternativas o a través del programa de justicia restaurativa, donde no se implique encerrar una persona”, propuso Arroyo.