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El mandatario Luis Guillermo Solís no tiene en la mano un estudio que certifique el impacto de las reformas en el régimen de empleo público, pero considera que tales modificaciones tendrían efecto a largo plazo, dentro de 15 óo18 años.
Por tener resultados dentro de tantos años, Solís argumentó que el Poder Ejecutivo desistió de poner en discusión de los diputados las reformas para ordenar los salarios en el Estado.
Esa discusión se podría haber dado en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, a partir del 1.° de agosto, en las cuales el Ejecutivo decide qué proyectos se debaten.
“Estos temas de salarios no tienen efectos inmediatos sobre la fiscalidad, sino un impacto posterior, entre 15 y 18 años, incluso se habla de 20, y todo esto tiene como telón de fondo una situación de corto plazo, donde lo que interesa son los proyectos de mayor impacto en menores plazos”, declaró a la prensa.
Se trata de proyectos que generen ingresos para afrontar el creciente gasto y, en ese sentido, el Gobierno les ha dado particular impulso a planes de ley para combatir el fraude fiscal y el contrabando, así como el que reduciría las pensiones millonarias, todos en trámite. Además, anunció la llegada al Congreso de textos para crear el impuesto al valor agregado (IVA) y sobre la renta.
Solís fijó su posición luego de participar en la presentación del estudio Balance de zonas francas: beneficio neto del régimen para Costa Rica, 2010-2014 , en el hotel Real Intercontinental, Escazú.
El tema de salarios cobró relevancia dado que, el año pasado, la deuda pública representó el 40% del producto interno bruto y tiende a empeorar, con lo cual se pone en riesgo las finanzas del país.
Hacienda proyectó que para el 2019 el endeudamiento podría dispararse a 67% de la producción, lo que presionaría más las finanzas y las tasas de interés.
Los salarios y los pluses llegaron a ¢3,7 billones en el Presupuesto Nacional del 2014; es decir, más del 55%. De hecho, los pluses ya cuestan más que las remuneraciones básicas. Incluso, el 99% de los empleados públicos reciben pago por buen desempeño.
Además, en febrero del 2014, Hacienda informó de que, en todo el sector público (incluidas las instituciones descentralizadas), hay 1.600 funcionarios con salarios de ¢5 millones a ¢35 millones.
Contradicción. El mandatario sí dijo que hay “una urgencia” de asumir el tema de salarios para someterlo a debate público.
Pero negó que haya una contradicción entre su criterio de que “siempre es un buen momento para discutir sobre los salarios públicos” y los de sus ministros de Hacienda, Helio Fallas, y de la Presidencia, Sergio Alfaro. Ambos han dicho que no es momento de entrar en el debate.
Mientras tanto, las fracciones del bloque opositor condicionan el aval a los nuevos impuestos que propone el Gobierno a que se abra la discusión parlamentaria sobre los salarios en el Estado.
En el Congreso existen dos proyectos de ley sobre empleo público, uno de Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), y otro de Otto Guevara, jefe del Movimiento Libertario.
Para Antonio Álvarez, del PLN, las decisiones de largo plazo son tan importantes como las de corto plazo. Atribuyó el criterio del gobernante a una falta de visión para acometer el debate.
Para Guevara, Solís demuestra no ser un estadista, por pensar solo en el corto plazo y no en el beneficio a largo término.
Solís, por su parte, cree que “hay que buscar el momento oportuno, no es una discusión sencilla, se requiere no solo de proyectos de calidad, sino una negociación con sectores sociales y la aclaración de los derechos laborales adquiridos, que no pueden ser socavados”.
