Casa Presidencial
El presidente Luis Guillermo Solís admite que, conforme avanza el tiempo, se desvanecen las posibilidades de que la Asamblea Legislativa apruebe su plan original de aumentar los impuestos de ventas y renta, por lo que está dispuesto a ajustar sus aspiraciones a las 'circunstancias políticas'.
"Yo insisto en que para nosotros es muy importante que los impuestos se aprueben en su conjunto, pero tampoco soy iluso frente a las posibilidades que se han ido a medida que avanza el calendario", reconoció el mandatario el martes a La Nación.
Solís aceptó que una de las opciones es desistir de subir en dos puntos porcentuales el impuesto de ventas, y dejarlo en el 13% actual, con tal de que sea transformado en impuesto sobre el valor agregado (IVA). Ese cambio permitiría gravar servicios que hoy están exentos como los alquileres y los abogados.
El presidente afirmó que su gobierno "no aflojará" en la búsqueda de acuerdos para reducir el déficit fiscal (estimado en un 5,1% del PIB para el 2016), el cual provocó que la calificadora Fitch Ratings degradara la semana pasada la calificación de riesgo de Costa Rica. La mala calificación, que podría encarecer las tasas de interés, se otorgó además por la falta de reformas para solucionar el rápido crecimiento de la deuda pública.
Según el presidente, Zapote está dispuesto a negociar su reforma tributaria original, ante la imposibilidad de aprobar una vía rápida para los proyectos que reformarían los tributos de ventas y renta, así como el texto que limitaría los pluses salariales del sector público (conocido como plan de empleo público, expediente N. 19.506).
Lo dice a sabiendas de que su gobierno desacreditó el proyecto que regularía los pluses y de que, a la vez, la oposición no está dispuesta a aprobarle nuevos impuestos, si no se controla el crecimiento en salarios.
"Lo que pasa es que hemos leído las circunstancias políticas, y con las circunstancias políticas que tenemos la única manera de pasar conjuntamente empleo (público) con los impuestos que hemos requerido, tanto IVA como el impuesto sobre la renta, es por medio de un 208 bis (vía rápida legislativa) que está lejos, pareciera, de poder lograrse", recalcó a La Nación.
De hecho, por lo menos siete diputados del gobernante Acción Ciudadana (PAC) se oponen a que camine la reforma al empleo público, por considerar que debilitaría logros laborales alcanzados por los sindicatos.
Solís agregó que el Poder Ejecutivo es realista en que el inicio de la campaña política también limita el alcance político del actual periodo de sesiones extraordinarias, en el que Zapote maneja la agenda del Congreso del 1°. de diciembre anterior al 30 de abril entrante. Y no dejó pasar la oportunidad para cuestionar a la oposición por presionar a Casa Presidencial para que no abandone la reforma fiscal y acepte la condición de reformar los regímenes de empleo público.
"A mí lo que me llama la atención es que sectores que durante los últimos dos años han estado oponiéndose fuertemente y resistiendo cualquier posibilidad de debate de nuevos impuestos, ahora todos parecieran estar pidiendo que los impuestos se aprueben (...). Allí lo que encontramos a lo largo de los últimos dos años fue una resistencia absoluta y permanente a que se aprobaran nuevos ingresos. Ahora resulta que todos los que resistían quieren que saquemos la tarea, me parece que para que paguemos el costo político final en la campaña electoral sobre un tema que es de interés nacional y que requiere de una perspectiva más amplia", culminó.
Con cierto pragmatismo, el presidente de la República reconoció que la aprobación de 5 de los 9 proyectos de su agenda fiscal alivia un poco la presión que tenía su administración al iniciar. Tal es el caso de proyectos como el impuesto a personas jurídicas y de lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo, insistió en que esa pomada no curará la herida en las finanzas públicas que heredará a la administración 2018-2022.
Ya el gobierno dio muestras de que quiere negociar la reforma fiscal, aunque esto implique reducir los ¢600.000 millones anuales adicionales que pretendía con el cambio tributario original (un 2% del PIB).
Solo desistir de subir el IVA implicaría perder ¢266.000 millones, lo que dejaría al Ejecutivo sin posibilidad de cubrir las necesidades de nuevos ingresos, acotó el mandatario.
La semana pasada, el diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, dijo que el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, le propuso la alternativa de no subir el IVA al 15% a cambio de acelerar el debate sobre una regla fiscal (para limitar el gasto público y castigar a quien viole el tope), con tal de quitar del camino el obstáculo de empleo público.
Ni Solís ni el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, reconocieron esa estrategia de trueque este martes, pero tampoco la desmintieron. Lo que sí dijo el presidente es que, ni siquiera cediendo en las expectativas de recaudación del IVA, hay certeza de tener los votos necesarios para aprobar la reforma fiscal.
Además, este diario publicó que los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Henry Mora y Víctor Morales Zapata, ambos cercanos a Casa Presidencial, exploran alternativas para atraer respaldos de otras fracciones a una reforma fiscal menos ambiciosa que la propuso el Poder Ejecutivo en principio.
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Sin embargo, Solís declaró que será el ministro de Hacienda y primer vicepresidente de la República, Helio Fallas, quien defina en cuánto se puede ceder. Fallas fue designado como director de orquesta para conducir la reforma fiscal.
"Los diputados (Mora y Morales) toman sus decisiones y mueven sus grupos, pero el que toma las decisiones en última instancia respecto de la posición del gobierno es el ministro de Hacienda. Los diputados pueden estar abriendo puertas y buscando entendimiento, pero es don Helio el que en última instancia define cuál es el camino que seguimos", afirmó.
"La reforma fiscal está planteada, las negociaciones del Ministerio de Hacienda y sus grupos de trabajo siguen, todavía tenemos un margen para discutir cuáles son las posibilidades reales que tenemos, estamos valorando todas las posibilidades y, por lo tanto, no estamos entregando nada", dijo.
Los diputados oficialistas Mora y Morales buscan las alternativas fiscales ante el bloqueo que parte de su propia fracción impuso al avance del proyecto para reducir el gasto en pluses salariales y ordenar el empleo público en un único régimen.