En el cuatrienio de la actual Asamblea Legislativa, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) ha emitido siete informes confidenciales en los que señala aparentes violaciones al deber de probidad por parte de varios diputados y un exlegislador.
Esas investigaciones preliminares, luego de las cuales pidió abrir un proceso a los implicados para determinar una eventual falta ética, fueron engavetadas por las diferentes cúpulas que han llevado las riendas del Congreso, alegando la ausencia de un marco legal sancionatorio.
El lunes, la PEP dijo que ese argumento no era válido y que los diputados tenían que resolver. Ante esto, el presidente legislativo Gonzalo Ramírez entregó los siete informes a los diputados, en sobres cerrados.
A continuación un repaso de los hechos por los cuáles la Procuraduría señaló presuntas faltas al deber de probidad contra Jorge Arguedas, del Frente Amplio; Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE); Jorge Rodríguez, Luis Vásquez y Johnny Leiva, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara del Movimiento Libertario; Víctor Morales Zapata, independiente, así como el excongresita Henry Mora.
Carta al presidente Solís para nombramiento en el ICE:
Informe contra Jorge Arguedas, Frente Amplio: Tras una investigación preliminar, el 15 de junio del 2015 la Procuraduría concluyó que el diputado Jorge Arguedas, del Frente Amplio, "pudo haber incurrido en una conducta de aprovechamiento indebido del cargo, que no demuestra rectitud, buena fe e imparcialidad debida y en consecuencia, en una aparente violación a los principios constitucionales que rigen la función pública y al deber de probidad".
A él se le reprocha por enviar una carta al presidente Luis Guillermo Solís recomendando al abogado Julio Cesar Durán Mora para un puesto en el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La misiva remitida por Arguedas el 21 de mayo del 2014 llevaba en la parte superior el membrete oficial de su despacho, dejando ver que la sugerencia no era a título personal.
Incluso concluyó la nota con la siguiente frase: "Como diputado de la República, por encima de nuestra representación política, recibiría con agrado la acogida positiva de esta petición".
Esa acción fue catalogada por la PEP como una "aparente infracción al deber de probidad" por las siguientes razones:
"La emisión de cartas de recomendación por parte de funcionarios públicos constituye una conducta de aprovechamiento indebido al cargo público, independientemente del tipo de beneficio que se pretenda generar a favor del tercero, sea económico o de cualquier otra índole, otorgado desde lo público a lo privado.
"Tal acción resulta aún más lesiva a la función pública cuando pretende influir en la decisión de un asunto de carácter público, como puede ser un nombramiento en un puesto político, una contratación u autorización administrativa", señala el informe AEP-INF-006-2015.
Otro hecho cuestionado por la Procuraduría es que un día antes de que Arguedas enviara la carta a Solís, los presidentes de las organizaciones laborales del ICE: Anttec y Abogaproice, también propusieron a Durán Mora para el puesto en el Consejo Superior. Arguedas fue presidente de la Anttec (Asociación Nacional de Técnicos de Telecomunicaciones), de 1985 a abril del 2014.
"La situación apuntada, a criterio de la PEP, permite considerar la posibilidad de que el servidor denunciado haya hecho uso indebido de su investidura de diputado de la República para impulsar un asunto de interés particular de un grupo privado influyente para él, como lo sería, eventualmente, la asociación Anttec, de la cual fue presidente durante casi 25 años, dejando de serlo solo unos días antes de asumir el cargo de diputado de la República", agregó el pronunciamiento de la Procuraduría.
Ante la PEP, Arguedas alegó que hizo la recomendación porque tenía "una relación muy directa" con el presidente Solís y su entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, debido a que en algún momento militó en el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Además, dijo que se basó en un reportaje de La Nación, de dos meses atrás, en el cual se informaba que el Gobierno estaba recibiendo currículos de las personas que tuvieran interés en ocupar puestos en la actual administración.
Pidió suspender pauta a productor radial
Informe del 28 de agosto del 2015, contra Óscar López, PASE: "Encuentra esta oficina razones suficientes para aseverar que el diputado Óscar López Arias, al suscribir los oficios que fueron analizados, habría incurrido en el supuesto de utilización indebida de su cargo y de una serie de recursos asociados al mismo —papelería, números de oficio, sellos oficiales—, los cuales únicamente podían ser utilizados para fines públicos y no para su beneficio personal y/o privado".
De esa manera, la PEP concluyó que López habrían incurrido en una violación al deber de probidad del servidor público.
En específico, a él se le cuestiona por haber remitido, a principios de julio del 2014, 11 oficios a instituciones públicas instándolas a suspender la publicidad estatal en el programa radial Rompiendo el Silencio, el cual se tramite en radio Gigante y es producido por Marvin Sandí.
López alegó que Sandí emprendió una campaña de desprestigio en su contra y como medida cautelar, mientras el caso se resolvía en los tribunales, lo procedente sería suspender la pauta en ese medio radial.
Así se lo planteó a las juntas directivas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados (AyA), Correos de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Banco Popular y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
Ese accionar es el que la Procuraduría considera que podría conllevar una falta ética.
"No hay duda que cuando una persona acude a la utilización de signos externos del poder público que detenta —como lo es el uso de la papelería oficial, la identificación del alto cargo que ejerce, el poder de la República al cual pertenece, etcétera—, para satisfacer un interés personal, en el fondo lo que pretende es inducir a su interlocutor para que de forma inmediata haga o deje de hacer algo", reza el informe AEP-INF-011-2015, del 28 de agosto del 2015.
Y agrega: "Las actuaciones por las que se denunció al investigado, constituyen un aprovechamiento indebido de su cargo y un ejercicio abusivo del mismo, ya que con el propósito de intervenir y remediar un conflicto que le afectaba en su esfera privada, utilizó la curul que le fue encomendada por los electores, su calidad de funcionario público, y los instrumentos de trabajo que el Estado le proveyó; conducta que desvirtúa los objetivos de la función pública dentro de un estado de derecho como el nuestro".
Nombramiento de vicepresidenta del PAC
Informe del 14 de agosto del 2015, contra Jorge Rodríguez y Luis Vásquez, del PUSC, y el ahora exdiputado del PAC, Henry Mora: La Procuraduría de la Ética halló una posible violación al deber probidad por parte del directorio legislativo del 2014-2015 por el nombramiento de la entonces vicepresidenta del PAC, Kattia Martin, en una plaza del Congreso.
Rodríguez, Vásquez y Mora autorizaron transformar una plaza de chofer en otra de profesional y nombrar allí a Martin con un sueldo mucho mayor, sin que mediara una justificación y sin el presupuesto necesario.
"Violentaron el deber de probidad, al alejarse de los objetivos propios de la institución y su marco regulatorio, por ende de los intereses de la generalidad, al efectuar el nombramiento de Kattia Martin Cañas, aprovechándose indebidamente del cargo en clara contravención al principio de legalidad y a las reglas elementales de la lógica, de la justicia y de la conveniencia, infracción que les impide realizar el ejercicio de su función en forma razonable, en abierta contradicción con la política de reducción de la planilla de la Asamblea Legislativa", señaló el informe AEP-INF-012-2015.
En ese documento, además de abrir un proceso a los legisladores, se recomendó revisar "la necesidad y conveniencia de mantener el nombramiento de Kattia Martin, debido a que dicho nombramiento se realizó con evidente infracción al deber de probidad por parte de los miembros del Directorio legislativo 2014-2015".
Recalificación de puesto a dirigente del PUSC
Informe del 3 de marzo del 2015, contra Jorge Rodríguez y Luis Vásquez, del PUSC, y el ahora exdiputado del PAC, Henry Mora: A la cúpula del Congreso del 2014-2015, la Procuraduría le achaca otra presunta violación al deber de probidad por nombrar como jefe del entonces recién creado Departamento de Participación Ciudadana (DPC), a Juan Carlos Chavarría, quien para esa época era presidente del Tribunal de Elecciones Internas del PUSC.
Según la PEP, ese Directorio legislativo recalificó la plaza que ostentaba Chavarría, profesional B2 por otra de profesional jefe 1, sin cumplir los requerimientos legales.
El informe AEP-INF-07-2017 señaló: "Resulta impropio e inadmisible que tan altos servidores públicos mostraran tal empecinamiento al ordenar reiteradamente la reasignación del servidor Chavarría Herrera, con total indiferencia del procedimiento legal que aquél trámite aparejaba.
"Es preocupante además, el desacato mostrado por los investigados respecto a los criterios técnicos emitidos por el Departamento de Recursos Humanos, la Auditoría Interna y la Dirección General de Servicio Civil, así como la reacción de estos ante la oposición fundada de los dos primeros órganos señalados".
Llamada a presidente de la CNE en favor de Bolaños
Informe del 30 de octubre del 2017 contra Víctor Morales Zapata, diputado independiente: La PEP también concluyó que Víctor Morales Zapata habría violado el deber de probidad al haber llamado al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, para interceder por el empresario de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, por un pago atrasado relacionado a un contrato que tenía con esa entidad.
"Con su actuar violentó su deber de probidad ya que no veló por los intereses de la colectividad, sino por los de un empresario al que le correspondía, única y exclusivamente, velar por sus intereses ante las posibles acciones u omisiones de la administración, quien, para resolver su falta de pago por los servicios realizados a la CNE, podía recurrir —como cualquier otro empresario—, no a un legislador, sino a los procedimientos específicos contemplados en el ordenamiento jurídico", reza el informe AEP-INF-017-2017.
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5 acciones a favor de su amigo Juan Carlos Bolaños
Informe del 29 de noviembre del 2017, contra Otto Guevara, del Movimiento Libertario: Una investigación preliminar de la PEP detectó cinco acciones que Guevara habría hecho para favorecer a su amigo, el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, con las cuales habría violado el deber de probidad.
1. Intervención en el plenario: El 1.º de diciembre del 2014, Guevara llama la atención en el plenario en torno al duopolio del cemento, el encarecimiento del producto y la oposición del Movimiento Libertario a esas prácticas, a sabiendas de que su amigo incursionaba en el negocio.
2. Oficios al MEIC: Luego, entre diciembre del 2014 y enero del 2015, envió tres oficios, como diputado, dirigidos a Welmer Ramos, entonces ministro de Economía, promoviendo la modificación del Reglamento Técnico de Cemento Hidráulico, para hacer posible la importación del cemento desde China.
3. Ayuda a Morales Zapata: Le pidió a Víctor Morales Zapata, en esa época legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC) y ahora independiente, que interviniera para lograr una reunión con Welmer Ramos, para insistir en la modificación del reglamento. La reunión se realizó en la oficina de Morales.
4. Llamada a director de Aduanas: Llamó a Benito Coghi, exdirector general de Aduanas, para felicitarlo por decisiones que tomó para permitir la entrada en suelo nacional de un cargamento de 20.000 toneladas de cemento chino de Bolaños.
5. Contra comisión investigadora: Se opuso, en la sesión del plenario del 18 de julio del 2017, a que se abriera la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios.
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Reunión para Juan Carlos Bolaños
Informe del 5 de febrero del 2018 contra Johnny Leiva, del PUSC: En el oficio AEP-INF-004-2018 la PEP también señala un supuesto incumplimiento al deber de probidad por parte del socialcristiano Johnny Leiva, al realizar dos gestiones en favor de Juan Carlos Bolaños, el importador de cemento chino, quien descuenta prisión preventiva.
Según la Procuraduría, Leiva organizó una reunión de varios diputados con Bolaños y se aseguró de que el legislador Víctor Morales Zapata estuviera presente.
Morales Zapata fue calificado por el director de la DIS, Mariano Figueres, como el "embajador de Bolaños".
El informe de la PEP también concluye que Leiva tenía una amistad cercana con Bolaños al punto que, compartían en topes, fiestas de cumpleaños e, incluso, el diputado del PUSC invitó al empresario al hotel de la familia de su esposa, y Bolaños, a su vez, le devolvió la cortesía al obsequiarle un viaje en helicóptero para él y su familia.