Este viernes, los magistrados de la Sala Constitucional, por unanimidad, dieron luz verde al proyecto de ley, al resolver tres consultas facultativas de los diputados, y resolvieron que el proyecto no contiene vicios ni en su forma ni contenido.

Los jefes de fracción de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PAC), Víctor Morales Mora, Carlos Ricardo Benavidez y Erwen Masís, respectivamente, cuentan los días para que la Sala Constitucional redacte el informe y lo notifique al Congreso.

Por tratarse de un proyecto de vía rápida, se ubicaría en primer lugar en el orden del día del plenario y una vez que la presidenta del Congreso determine una fecha y hora, se daría la votación final que no requiere de 38 votos, sino de 29. El primer debate contó con el apoyo de 35 legisladores.

“No podemos perder más tiempo, el país no puede perder más tiempo en esta materia”, señaló Masís.

Para Morales, la votación debería ser “en los próximos días”; mientras que Benavides asegura que si bien se debe esperar por la notificación de la Sala, eso no pasaría de la próxima semana.

Los tres jefes de fracción, convencidos de la necesidad de la aprobación del proyecto, dicen sentirse satisfechos no solo con el impulso a la reforma, sino también de su trámite para garantizar su constitucionalidad.

“Lo que dice la Sala confirma claramente que el trabajo que hicimos está bien hecho y nos llena de alegría por Costa Rica”, indicó Morales.

Por su parte Masís señaló: “es positivo para quienes, de forma responsable, hemos votado el plan de fortalecimiento”.

Para el jefe de fracción de Liberación, “es un paso definitivo para evitarle al país una debacle económica, hoy pienso en la gente que menos tiene, que es la gente más expuesta a una profundización de la crisis económica, y a partir de este momento, podemos caminar a finalizar con este proyecto y emprender nuevos retos que tiene la Asamblea Legislativa en la reactivación económica y de generación de empleo”.

Benavides, quien en 2012 en su condición de ministro de la Presidencia vivió el rechazo de la Sala al plan fiscal de la administración Chinchilla Miranda, reconoció también que se preparaban para recibir una respuesta menos favorable de los magistrados.

“Nos habíamos concentrado en valorar cuáles serían los procedimientos necesarios desde la institucionalidad de la Asamblea Legislativa para tramitar cualquier tipo de defecto”.

Por el contrario a la reacción de estos tres diputados, el independiente Jonathan Prendas, señaló que el bloque de ocho congresistas recién separado de Restauración Nacional, no respaldará la reforma en su segundo debate. “El tiempo nos dará la razón”, advirtió.

La presidente del Congreso, Carolina Hidalgo, confirmó que la Asamblea debe esperar la respuesta de la Sala.

Estimó que el segundo debate sería “muy pronto”, antes de que se finalice el año.

Indicó que se encuentran muy satisfechos por el trabajo en equipo en el Congreso. “Se hizo de la mejor manera posible para dar soluciones prontas”, dijo. “Nosotros reiteramos que intentamos llevar el proceso de la manera más apegada a lo dispuesto del 2018 bis (vía rápida) y considerando la jurisprudencia”.

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Cambios en el Poder Judicial

A diferencia de sus colegas de Corte Plena, los magistrados de la Sala IV consideraron que la reforma no afecta la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial, por los cambios que impulsa al empleo público.

Sobre este punto, Víctor Morales Mora, diputado del PAC, indicó que se sintió seguro en todo momento de que el proyecto no afectaba al Poder Judicial.

Carlos Ricardo Benavides celebró que con este informe los magistrados reafirmen lo dictado en otras sentencias.

“La Sala lo que hace es reiterar su propia jurisprudencia, ya en otras resoluciones lo había dicho que no afecta al Poder Judicial. (La Sala) da una gran certeza jurídica para seguir legislando cuando se requiera”, dijo Benavides.

De haber resuelto lo contrario, los diputados hubiesen requerido de 38 votos para aprobar la reforma, tal como lo sostuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.

Pero al no respaldar el criterio de la mayoría de sus compañeros, los diputados ganaron jurisprudencia para impulsar otros proyectos de empleo público, aun si implican a los jueces de la República.

Esa es una valoración de Morales y de Benavides, aunque prefieren no adelantar hacia dónde caminará la agenda en ese sentido.

El plan fiscal reformará impuestos e introducirá medidas para contener el gasto. Transformará el impuesto de ventas en un impuesto sobre el valor agregado (IVA), con lo que se gravarán servicios hoy exentos, como los de abogados, los informáticos y los gimnasios, entre otros.

Además, aumenta hasta un 25% el impuesto de renta a los salarios y pensiones más altos.

A la vez, le pondrá freno al crecimiento exponencial del gasto en pluses salariales del sector público, como las anualidades y la dedicación exclusiva, al tiempo que congelará por dos años todos los salarios superiores a ¢4 millones en el Estado.

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