Los jefes de las fracciones legislativas pidieron este jueves al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, definir la ruta para votar una eventual convocatoria a referéndum sobre la “ley jaguar”, proyecto que debilitaría la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las contrataciones públicas.
En una sesión donde dejaron ver que tienen más dudas que certezas, los voceros partidarios insistieron en que Arias, con asesoría técnica y legal, defina los pasos por seguir.
En particular, se cuestionó si la Asamblea debe hacer consultas obligatorias a instituciones, en especial a la Sala IV, antes de aprobar una convocatoria a referéndum.
Luis Diego Vargas y Antonio Ortega, jefes de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), plantearon la duda porque el último párrafo del artículo 98 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece que, si la Asamblea impulsa el referéndum en solitario o de forma mancomunada con el Poder Ejecutivo, la consulta de constitucionalidad “deberá plantearse antes de la convocatoria”.
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Para el caso de la consulta por iniciativa ciudadana, la legislación dice que la consulta a la Sala Constitucional “deberá hacerse” antes de que se autorice la recolección de las firmas. En este caso, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está facultado para someter el texto al examen de los magistrados constitucionales.
El TSE explicó que, una vez que una persona solicita un referendo, el texto debe ser enviado al departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, a fin de que sea evaluado desde el punto de vista formal y se realicen las consultas obligatorias a las institucionales correspondientes.
Si el texto contiene vicios formales, dicho Departamento los subsanará de oficio y devolverá el texto corregido al Tribunal.
Después de este trámite, en caso de considerarse que la iniciativa presenta posibles vicios de constitucionalidad, el TSE “podrá remitirla a la Sala Constitucional para su respectivo examen”, agrega el inciso C del artículo 6 de la Ley de Referéndums.
La jefa oficialista, Pilar Cisneros, reconoció que las dudas de Ortega y Vargas son válidas, por cuando se debe blindar el proceso para no cometer ningún error, y enfatizó en la necesidad de que Arias defina la ruta.
En la misma línea se pronunciaron Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN); José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR), y María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
El jefe el PLP comentó que la consulta a la Sala IV parece un requisito obligatorio antes de votar siquiera la convocatoria a referéndum en el plenario, mientras que el subjefe oficialista, Daniel Vargas, apuntó que, en su criterio, se trata de procedimientos que debe correr por cuenta del TSE.
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En cuanto al momento en que se votaría en el plenario el acuerdo conjunto entre Ejecutivo y Legislativo para llamar a referéndum, Rodrigo Arias dijo que, si el expediente entra en el orden del día el próximo lunes, se tendría que poner en votación ese día.
No obstante, Izquierdo puntualizó que Liberación requiere un plazo de 15 días naturales para estudiar a fondo el proyecto de ley, periodo que iría en paralelo al estudio y resolución que esperan de Rodrigo Arias.
Sin embargo, Pilar Cisneros rechazó que sea necesario ese plazo, sobre todo porque el 27 de junio es el último día de sesiones antes de que la Asamblea se vaya a un receso de una semana por vacaciones.
La oficialista alegó que es muy probable que ese día no haya cuórum, por lo que el tema quedaría sin discutirse por una semana más.
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Finalmente, los jefes parlamentarios acordaron dar plazo hasta el martes 25 de junio, para las fracciones estudien la “ley jaguar” y que Arias defina la ruta.
TSE consulta referéndum a Departamento de Servicios Técnicos
Por otra parte, el TSE envió a consulta del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa el proyecto de “ley jaguar” que dos personas solicitaron poner a referéndum, para que esa oficina cumpla con lo establecido en la Ley sobre Regulación del Referéndum.
Servicios Técnicos debe hacer una evaluación formal del expediente legislativo 24.364 y pronunciarse en un plazo de ocho días hábiles a partir del martes pasado, así como realizar las consultas obligatorias correspondientes.
