EscucharLa diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera está bajo investigación de la Fiscalía General de la República por el presunto delito de incumplimiento de deberes, desde el pasado 16 de febrero.
La causa también involucra a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez, según confirmó el Ministerio Público.
Una semana atrás, el medio digital delfino.cr informó de esa causa judicial, con base en la información proporcionada por el denunciante, de apellido Solera, pero la oficina de prensa de la Fiscalía no había respondido consultas enviadas por La Nación sobre el tema desde el 10 de marzo, a la 1:35 p. m.
La respuesta llegó este jueves, a las 5:26 p. m.: “En cuanto a la consulta pendiente, la Fiscalía General confirmó que la causa es la 22-000015-0033-PE, que se tramita contra las diputadas Acuña Cabrera y Hernández Sánchez, y cuya calificación jurídica es el presunto delito de incumplimiento de deberes”.
El Ministerio Público añadió que “este expediente se relaciona con el supuesto cobro de dietas y consumo de combustible por parte de la diputada Acuña, pese a presuntamente haberse ausentado de sus labores”.
Por estar en una etapa privada, el Ministerio Público explicó que no es posible brindar más información sobre el expediente.
El martes pasado, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) confirmó que se apersonó como parte en esa misma causa contra las diputadas Acuña y Hernández.
El expediente judicial versa sobre el hecho de que Acuña recibió salario del Congreso, pese a sus numerosas ausencias durante el 2021 y el 2022, sin comprobantes médicos que determinen una condición de salud que le impida trabajar.
Por ejemplo, aunque salió del país desde el 11 de diciembre y no ha regresado, cobró ¢14,3 millones en los meses de diciembre, enero y febrero.
La causa judicial también hace referencia al uso de combustible, pues Acuña habría pagado, el 30 de noviembre del 2021, más de ¢3,2 millones a una gasolinera en un solo día, pese a que en diciembre solo asistió dos días a laborar.
Este jueves, el administrador de la gasolinera donde la independiente hizo el pago confirmó que alguien está consumiendo ese combustible pagado por ella, pero que solamente lo revelará si un juez se lo ordena.
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En el caso de la presidenta legislativa, se investigan los permisos concedidos a la diputada independiente para ausentarse.
“La Procuraduría de la Ética Pública ejercerá las competencias legales que tiene para este tipo de procesos penales, por tratarse de una servidora pública y referir a un eventual delito funcional cometido por esta”, indicó la PEP.
