Una consecuencia evidente de la investigación legislativa sobre el caso del exviceministro de la Presidencia Daniel Soley, es la hondura generada en la bancada del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).
La fracción del PAC no logró ponerse de acuerdo sobre lo que se debe hacer en torno a la denuncia de la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, quien acusó a Soley de ofrecerle puestos en al menos cinco embajadas, con tal de que dejara su cargo.
A la postre, Soley renunció al Viceministerio de la Presidencia, lo cual desató una tormenta política de dos semanas, que terminó con los cuatro dictámenes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que tuvo a cargo la indagación.
Después de horas de discusión legislativa y de escuchar los testimonios de Soley, la procuradora y del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, la fracción del PAC no llegó a un entendimiento sobre el caso.
El ejemplo más notorio fue la participación y exigencia de claridad de parte del diputado Ottón Solís, que fue repelida por su compañero de bancada, Víctor Morales Zapata, quien se autocalifica como el legislador más cercano al presidente Luis Guillermo Solís.
Solís y su compañera Epsy Campbell, quienes forman parte de la comisión, firmaron junto a los congresistas de Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez y Maureen Clark, el dictamen que se aprobó por mayoría ayer en ese foro legislativo.
Esos parlamentarios alertan al mandatario Solís que el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, perdió legitimidad ante los diputados y respaldan la actuación de la procuradora Ana Lorena Brenes.
Sin embargo, los demás legisladores del PAC terminaron difiriendo, en mayor o menor medida, de sus compañeros. La mayoría afirma que quedaron con más dudas que respuestas, al final de la investigación.
“No hubo un acuerdo ni criterio de fracción único sobre el tema, porque había un proceso de análisis dentro de la comisión y, al final, usted no sabía quién tenía la razón, y después del proceso se nos sigue generando dudas”, comentó Franklin Corella.
En su informe, Solís y Campbell consideran que la procuradora dijo la verdad en la comisión, contrario a Morales Zapata, quien asegura que la funcionaria quedó debilitada, al igual que la institucionalidad del país, tras los cuestionamientos.
Por su parte, Morales la emprendió contra la procuradora, al tiempo que aseguró que Solís y Campbell ya tenían un juicio en contra de Jiménez, antes de iniciar la discusión legislativa.
“El tema de la legitimidad de acción de la señora procuradora quedó deslegitimado. Discrepo de la opinión que dice que actuó correctamente, cuando ella corre a hablar con el presidente de turno”, señaló Morales.
Campbell dijo que no reconoce a Morales como miembro de la fracción.
