Las instituciones públicas y empresas estatales aseguran que cumplen, desde el pasado 11 de noviembre, con las nuevas normas de transparencia que las obligan a grabar en audio y video las sesiones de sus juntas directivas, consejos y demás órganos colegiados, así como a levantar actas estrictamente literales de las discusiones y acuerdos que ocurren en esos espacios de toma de decisiones.
Asimismo, con las únicas excepciones de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y del Banco de Costa Rica (BCR), las entidades coinciden en que esos documentos son de acceso público. Por lo cual, los medios de comunicación y la ciudadanía en general tienen acceso a esa información cuando la soliciten.
No obstante, la mayoría de entidades expresó dudas u oposición sobre la conveniencia de publicar las grabaciones de audio y video en sus portales web para procurar una mayor transparencia en sus actos y facilitar el acceso a la información pública. Otro grupo de instituciones manifestó que están analizando los requerimientos técnicos, mientras que solo una entidad dijo que sí implementó esa medida.
La Nación envió, a mediados de noviembre, consultas sobre este tema a 19 instituciones públicas, a través de las oficinas de prensa. Pasados los 10 días hábiles otorgados por ley, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) guardó silencio y no se pronunció sobre las consultas.
Las restantes 18 entidades aseguraron que graban las sesiones, pero solo tres de ellas las ponen a disposición de los ciudadanos en sus portales digitales. El resto alega que los archivos contienen información confidencial o que no cuentan con espacios virtuales para subirlos.
Por otra parte, la Asamblea Legislativa transmite sus sesiones y, recientemente, la Sala IV ordenó a la Municipalidad de Paraíso no solo levantar registros exactos de las discusiones de todas las comisiones municipales, sino también transmitirlas en vivo.
A continuación se muestra un resumen con las respuestas enviadas por las entidades públicas.
Entidades financieras tenían normas más estrictas
El Banco Nacional (BN) reportó que implementó las medidas necesarias para cumplir las grabaciones en audio y video. El Banco de Costa Rica (BCR) dijo que la nueva legislación no representa ningún cambio, pues desde antes realizaba las grabaciones de las discusiones; lo mismo señaló el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC).
En relación con la posibilidad de habilitar un espacio digital para subir los audios y/o videos de las sesiones, el Banco Nacional contestó a La Nación que “se valorará la inclusión de los archivos siempre y cuando se cumplan con los requerimientos constitucionalmente establecidos para poder ser divulgados”.
Por otro lado, el Banco de Costa Rica señala que ese contenido no se puede compartir públicamente de ninguna manera. Al respecto, la entidad señaló que las grabaciones de la Junta Directiva constituyen “un documento que no debe ser editado en apego a lo dispuesto por la Ley 10.053, para salvaguardar su integridad u autenticidad”.
Agregó que “por la característica anterior, esos audios y videos no están disponibles para la prensa o el público en general, porque contienen información de clientes, temas de estrategia comercial, planes de negocio, esquemas de inversión, cumplimiento de la Ley 7.786, entre otros, así como información de naturaleza pública”.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, cuando las actas se refieran a información confidencial “dicha información no será de acceso público”. Ese sería el único motivo por el cual una entidad bancaria estatal podría rechazar entregar grabaciones de una sesión de su junta directiva.
Reticencia a publicar audios o videos en la web
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) se opusieron a colgar en sus sitios web las grabaciones de las sesiones de sus juntas directivas.
“Los archivos que corresponden a las actas están disponibles en la página web del Grupo ICE, con excepción de los temas que han sido declarados confidenciales”, contestó el ICE.
Por su parte, la aseguradora estatal brindó una respuesta casi idéntica: “En la página web del Grupo INS están publicados los acuerdos tomados por la Junta Directiva que son de carácter público”.
Ese mismo argumento fue utilizado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) cuando se le consultó si habilitaría un espacio virtual para subir los archivos. “La información que se consigne en las actas es la misma que consta en las grabaciones”, señaló.
Una de las limitaciones de las actas, sin embargo, es que no se puede corroborar si efectivamente se redactaron con la transcripción literal de las intervenciones de los directivos o si se omitieron partes por conveniencia de los jerarcas, tal y como lo detectaron los diputados que impulsaron la nueva legislación.
En todo caso, las empresas estatales y el Banco Popular señalaron que las grabaciones son de acceso público. No obstante, señalaron que el interesado debe plantear una solicitud formal para acceder a esos documentos.
Otro grupo de instituciones también dieron argumentos similares al explicar los motivos por los cuales no habilitarían espacios en sus respectivos sitios institucionales.
El Consejo Nacional de Producción (CNP), por ejemplo, señaló que “no se ha dispuesto la publicación dado a aspectos que, por su naturaleza, deban considerarse confidenciales en protección de que así lo justifiquen”.
Japdeva señaló que la nueva ley no indica que las grabaciones deben ser de acceso público. Pese a la amplia jurisprudencia constitucional, la empresa estatal insiste en que una norma interna (con menor rango a una ley) señala que esos archivos son solo para uso de la Junta Directiva.
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La entidad portuaria limonense realizaba grabaciones en audio de las sesiones desde antes; ahora tuvo que implementar las grabaciones en video y las actas literales, pues antes hacía un resumen de lo expuesto por los jerarcas.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) respondió que “el espacio en la web no cuenta con la capacidad de almacenamiento para habilitar los audios”.
Incofer habilitó una carpeta; CCSS promete retomarlo
La única entidad pública que proactivamente habilitó una carpeta en su sitio web, con el propósito de facilitar el acceso a las grabaciones de las sesiones de Junta Directiva, fue el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). En el apartado de transparencia del sitio institucional se puede acceder a esa información pública fácilmente.
“En atención a la Ley para mejorar el Proceso de Control Presupuestario, Incofer ha procedido, a partir de su entrada en vigencia, a habilitar un espacio en la página web institucional en donde cualquier interesado, sea ciudadano o medio de comunicación, pueda acceder a las grabaciones de las sesiones de Junta Directiva, una vez que el acta correspondiente quede en firme, como estipula el Reglamento del Consejo Directivo de Incofer”, señaló el Instituto.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) afirmó que, desde antes de la vigencia de la nueva legislación, se subían los audios de las sesiones de Junta Directiva a su portal de transparencia del sitio web. No obstante, la oficina de prensa señaló que esa actividad se vio interrumpida a raíz del ataque cibernético sufrido por el Estado costarricense.
“Vamos a coordinar con la Dirección de Comunicación y remitir los audios correspondientes para reanudar la publicación”, señaló la Caja.
Por último, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) contestó que en su sitio web se publican tanto las actas como los audios de las sesiones de Junta Directiva, mientras se tramita la compra de un software para habilitar la publicación de los archivos.
