Cada uno de los 13 días que lleva la huelga en los puertos de Japdeva ha desgastado el vínculo entre el Frente Amplio (FA) y el Gobierno.
Aunque el partido intenta ser un mediador ante Casa Presidencial, a la vez actúa como el soporte político de la postura del Sindicato de Japdeva (Sintrajap), lo que provocó un resquebrajamiento de sus puentes con Zapote.
“Se ha deteriorado la relación con el Gobierno. La fracción parlamentaria ha dispuesto no participar en las mesas de diálogo político (convocadas por el Poder Ejecutivo para consensuar proyectos en el Congreso) hasta que se resuelva lo de la huelga. Es una decisión de la fracción que tiene respaldo del partido”, afirmó Rodolfo Ulloa, secretario general del Frente Amplio.
Como reacción, la jefa de fracción del gobernante Acción Ciudadana, Emilia Molina, alegó que el retiro del FA de la mesa de diálogo sería unilateral.
En su criterio, no existe distanciamiento alguno.
La resolución fue tomada el jueves pasado, tras dos meses de apoyo del FA a la posición del presidente Luis Guillermo Solís de rechazo a la aplicación de recortes al proyecto presupuestario para el 2015.
Ese mismo día, el jefe de la bancada frenteamplista, Gerardo Vargas, participó en la redacción de un acuerdo para dar fin a la huelga, golpeada por el Gobierno a diez horas de haber iniciado el 22 de octubre, mediante una intervención policial que reabrió los muelles.
Tanto el FA, como Vargas, quien participó como testigo y mediador, estimaron que el documento era satisfactorio para las partes.
Sin embargo, horas después y por votación de 15 a 0, la directiva del Sintrajap rechazó el arreglo, al considerarlo insatisfactorio por no tocar la cláusula que le daría a la empresa APM Terminals la exclusividad en la atención de barcos portacontenedores en el megapuerto que la firma construirá en Moín y que operará por 33 años.
El pacto proponía crear comisiones para estudiar los efectos del contrato con APM en las operaciones de los muelles de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), así como para buscar nuevos nichos de mercado portuario a la entidad estatal.
A esa decisión se unió el sábado 1.° de noviembre el llamado del comité ejecutivo del FA para que las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y comunales apoyaran las exigencias del Sintrajap en defensa de los empleos en Japdeva, así como a solidarizarse en la lucha contra la exclusividad otorgada a la firma APM Terminals.
El domingo reapareció el diputado Vargas con una propuesta para reanudar el diálogo, esta vez con la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, como mediadora. Ayer, la Defensoría de los Habitantes indicó que todavía estudian las posiciones de ambas partes, antes de convocar a una negociación.
Van sanciones. El ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, anunció que el Gobierno acepta sentarse a conversar bajo la intermediación de la defensora, pero adelantó que ya no pondrán sobre la mesa la posibilidad de perdonar a los huelguistas las eventuales faltas laborales.
Las sanciones para los sindicalistas en paro serían rebajas salariales, principalmente, siempre que un tribunal confirme la declaratoria de ilegalidad emitida la semana pasada por un juzgado de Limón y apelada ayer por Sintrajap.
Morales añadió que los hechos vandálicos siguen sucediendo y que, en la madrugada de ayer, otro cabezal fue quemado en Limón.
Para la legisladora frenteamplista, Ligia Fallas, la posición de Zapote es intransigente.
“Vemos que el Gobierno dice que no va a estar sobre la mesa la posibilidad de perdonar a los huelguistas, no entendemos cómo”, cuestionó Fallas.
No obstante, el jefe de fracción de ese partido reconoció que no podrían ser parte de una negociación los casos que ya hayan llegado a los tribunales.
“Sería interferir en otros órganos. No podemos decirle a un juez o a un fiscal que tiene que parar un caso”, manifestó Vargas.
En cuanto al diálogo, sostuvo que debe basarse en tres temas: el ofrecimiento del Gobierno de invertir ¢406.000 millones en Limón, el acuerdo del jueves y, el último argumento de Sintrajap.
Sobre ese documento elaborado el jueves, el secretario del FA, Ulloa, afirmó que se sienten “decepcionados con que la directiva y las bases de Sintrajap no lo aprobaran”,
Vargas también defendió la posición del FA en su relación con el Ejecutivo, indicando que desde el partido han sido transparentes, instando al diálogo como única vía para encontrar una solución al conflicto con los muelleros.