Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos, considera que el proyecto de ley sobre empleo público debe contribuir a sanear las finanzas publicas, además de procurar la eficiencia en el Estado.
Así lo expuso esta tarde en una sesión de trabajo en la Comisión de Gobierno y Administración, donde se tramita el proyecto de gobierno que establecería salarios únicos que sean competitivos por sí solo, sin necesidad de los pluses que disparan el gasto.
“En cuanto al proyecto creo que es necesario no solo en mejorar el tema de empleo publico, sino en la modernización del Estado que es necesario y, en lo que compete a Hacienda, mejorar las finanzas públicas. Esto le permite al país seguir cumpliendo una serie de compromisos que tenemos con la ciudadanía y con algunos organismos internacionales”, expuso el viceministro.
El presidente de la República ha afirmado que la iniciativa se enfoca en mejorar la eficiencia en el Estado, debido a que la reforma fiscal ya establece límite al crecimiento exponencial del gasto mediante la regulación de pluses salariales.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
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"Ciertamente, el proyecto no tiene un énfasis fiscal tan marcado como lo tuvo la Ley 9635 (reforma fiscal), que ahí era muy puntual tratando de evitar crecimientos exponenciales que existían (por el pago de sobresueldos).
"Sin embargo, en la medida que viene a evitar las desigualdades existentes en empleo público, a ordenar, a simplificar, en el fondo ayuda en la eficiencia.
“Ayuda a mejorar la prestación de servicio, pero también uno espera que en algún porcentaje contribuya a mejorar ese uso de los recursos y en eso uno esperaría un ahorro que no sería a corto plazo, sino, más bien, a mediano y largo plazo, pero sí tienen y debe tener una incidencia en materia fiscal”, añadió el viceministro, luego de la sesión.
La iniciativa propone que el salario único sea aplicado para nuevos empleados públicos, es decir, para aquellos que sean contratados después de la vigencia del texto en caso de que se convierta en ley.
También, ofrecería a los actuales trabajadores del Estado la posibilidad de migrar a ese salario global, cuya base sería superior a la base actual.
Según Cordero, entre el 30% y el 35% del total de los actuales funcionarios (304.000) podría migrar hacia el nuevo tipo de sueldo para obtener mejores ingresos en el corto plazo.
No obstante, dijo que Hacienda desconoce cuando sería ese impacto en las arcas del Estado.
“Yo tendría una preocupación si se tiene una visión de muy corto plazo, pero uno sabe que estos cambios se hacen y, a pesar de su impacto en corto plazo, en el mediano y largo plazo se está logrando el objetivo que quieres como lo es suavizar la carga de remuneraciones en el Estado y hacerlo más eficiente.
“Eso sería muy en el enfoque fiscalista. También el proyecto contiene una serie de aristas como mejorar procesos de selección, de reclutamiento, de capacitación del personal idóneo. El objetivo es más grande que esa parte numérica", añadió el viceministro.
En caso de que la aplicación del salario único para actuales empleados genere una distorsión en las arcas del Estado, Cordero considera que Hacienda buscaría los recursos a través de financiamiento o por la vía fiscal.
Así le respondió al diputado del PUSC, Erwen Masís, quien consultó si, ante un eventual negativo al erario estatal por la fijación de un salario global, se demandarían más impuestos para el sector productivo.
En ese sentido, Cordero propuso como una medida de ahorro una tercera alternativa para frenar el incremento del gasto por los salarios:
“Que el que ya tiene un salario compuesto, digamos que ya gana ¢2 millones, se le respeta lo que ya está en su patrimonio y, de ahí en adelante, esa base será de ¢2 millones que solo va a incrementar de acuerdo al costo de la vida”, puso de ejemplo.
Por su parte, Ana Miriam Araya, directora de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de Hacienda, recordó que parte del sector público está cerca de jubilarse, lo cual ayudaría a restar presión a las finanzas.
En ese grupo, según Araya, hay funcionarios que hoy reciben entre 35 y 42 incentivos salariales. Mideplán estima que, entre el 2019 y el 2022, el 22% de los trabajadores públicos se jubilará.
Cordero también evacuó una duda de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Aracely Salas, quien afirma que el proyecto, al contener el incremento salarial, propicie la fuga de profesionales del sector publico hacia el privado.
El viceministro es del criterio de que el salario global, según el proyecto, respetaría derechos adquiridos. Afirmó que los salarios públicos son superiores a los del sector privado y que el primero sería fijado de acuerdo a lo que establezca el mercado.
No obstante, reconoció, que a veces existe una dinámica de rotación de empleados entre uno y otro sector.
