Gobierno recorta inversión en bosques por crisis fiscal

Debido a la crisis fiscal, el Gobierno recortó considerablemente el dinero destinado a pagar a propietarios de terrenos boscosos para que los protejan.

Para el 2021, el Ministerio de Hacienda destinó ¢10.900 millones para el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), un 33% menos que en el 2020.

Adicionalmente, el financiamiento de este programa se mantuvo estancado entre el 2017 y el 2020, aproximadamente en unos ¢16.000 millones anuales.

De acuerdo con el Estado de la Nación, en ese periodo el Ministerio de Hacienda dejó de transferir unos ¢8.585 millones que fueron recaudados para la conservación de bosques.

El director del programa de Pago por Servicios Ambientales, Gilmer Navarrete, confirmó la disminución de recursos durante los últimos años.

“La reducción de los fondos, a nuestro entender, ha sido producto de decisiones del Ministerio de Hacienda, que no ha trasladado el 100% de los recursos, según lo establece la ley. Y para el año 2021, fue decisión de la Asamblea Legislativa el recorte del presupuesto para las entidades del Gobierno Central”, declaró.

Navarrete explicó que un 92% de los recursos destinados a la protección de bosques y reforestación provienen del 3,5% que se cobra en el impuesto único a los combustibles.

Otro 6% lo aporta la recaudación del canon al agua y el restante 2% se obtiene a través de convenios o acuerdos con empresas privadas y públicas.

“A pesar de que la Ley Forestal establece como destino específico el 3,5% del impuesto a los combustibles, es el Ministerio de Hacienda quien tiene la potestad de girar o no los recursos.

“Según las directrices emitidas sobre la regla fiscal, donde se informa que la relación de la deuda alcanzó 67,5% del PIB, debe considerarse que la reforma fiscal indica que los destinos legales podrán ser fijados según la disponibilidad de ingresos”, señaló el directivo.

Pese a estos recortes, Costa Rica alcanzó una cobertura forestal del 59% del territorio nacional en el 2020, de acuerdo con los parámetros de medición del Banco Mundial. A inicios de siglo ese espacio boscoso cubría un 47%, menos de la mitad del país.

Ese aumento de 12 puntos porcentuales en la masa boscosa ocurre en medio de la reducción de los incentivos forestales pagados mediante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).

De acuerdo con el Programa Estado de la Nación, esa política pública conservacionista es una de las causas del éxito costarricense en la reforestación de su territorio desde 1997.

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No obstante, advierte de que el financiamiento del programa se ve amenazado por el alto déficit fiscal del país y, con ello, se compromete el número de hectáreas protegidas bajo este modelo.

“A pesar de los efectos positivos de este programa, su sostenibilidad financiera sigue siendo un reto”, cita el informe 2020.

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Menos área contratada anualmente

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Los problemas de financiamiento del programa derivan en una reducción del área contratada anualmente por el Estado para preservar la naturaleza.

Costa Rica logró contratar 31.950 hectáreas nuevas en 2020 destinadas a la protección de bosques, por ejemplo. No obstante, esto representa un 30,5% menos en comparación con el área contratada el año precedente.

Dichos contratos tienen una duración de entre cinco a 10 años. Por lo tanto, Fonafifo debe asegurar esos pagos antes de continuar protegiendo nuevas hectáreas.

Incluso, según menciona el presupuesto institucional de 2021, con el monto aprobado este año para el Pago por Servicios Ambientales “no es posible realizar la contratación de nuevas hectáreas”.

La reducción de las hectáreas anuales contratadas ha sido progresiva durante la última década. Para 2019, hubo 39% menos hectáreas nuevas para el resguardo de bosques que en 2010.

De acuerdo con Navarrete, con los recursos actuales se intenta que cada año estén en ejecución entre 300.000 y 350.000 hectáreas, con la suma de contratos nuevos y vigentes.

“La cantidad de hectáreas que Fonafifo pueda sumar anualmente en nuevos contratos de PSA está ligada directamente a la cantidad de recursos financieros con que cuente la institución para hacerle frente a la cantidad de aplicaciones que se reciben por parte de los interesados de gozar de los beneficios del pago”, afirmó Navarrete.

El programa de Pago por Servicios Ambientales también contrata territorios para la regeneración natural, reforestación y manejo de bosque. No obstante, un 90% de los fondos se destina a la protección de bosques.

Mediante esa última modalidad, los propietarios reciben un pago anual de ¢36.498 por hectárea contratada.

Es decir, un finquero que tenga un terreno boscoso similar al tamaño del parque de La Sabana —72 hectáreas— recibiría un pago anual de ¢2,6 millones por conservar la naturaleza.

Durante los 10 años de contrato obtendría una suma total de ¢31,5 millones más el equivalente al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cada año.

Para programas de reforestación, los pagos totales de los contratos van desde los ¢387.383 hasta ¢1,2 millones por hectárea, según el tipo de especies sembradas. Esos contratos tienen una vigencia de entre 6 y 16 años.

Aporte internacional y futuro de impuesto

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La ministra de Ambiente, Andrea Meza, también reconoció que la crisis fiscal “abre la posibilidad de que Hacienda tenga la potestad de tomar distintos recursos y pueda redireccionarlos al pago de deuda y a otras prioridades en el país”.

No obstante, la jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) aseguró que aboga por proteger el financiamiento público del programa, así como por obtener recursos de organismos internacionales para sostenerlo en medio de la crisis.

“Es una coyuntura compleja. En el marco de la regla fiscal estamos tratando de priorizar y decirles ‘vean, esto es muy importante, por favor mantenerlo’. Esta conversación también las llevamos a los diputados porque a veces presentamos presupuestos y son los mismos diputados que se ponen a hacer recortes creativos que después vienen estos impactos”, aseguró.

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La ministra recordó que el país obtuvo fondos reembolsables por $100 millones para protección del ambiente, a través del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas y del Fondo del Carbono del Banco Mundial.

“Esto nos va a ayudar un poquito estos años de crisis porque, con la pandemia, también hubo un impacto en lo que se recaudó por el impuesto a los combustibles”.

Por último, Meza recordó que el país tiene que empezar a discutir el futuro del financiamiento del programa para cuando haya un descenso en el consumo de combustibles, previsto con el cambio a la tecnología eléctrica, así como por los esfuerzos que pueda hacer el país para desarrollar un sistema de transporte público que desincentive el uso de vehículos.

“Conforme vayamos descarbonizando la economía, vamos a tener un efecto porque vamos a consumir menos hidrocarburos. Necesitamos entonces ese análisis de transición”, manifestó.