El Gobierno reconoció este viernes por la noche que recibió en 18 ocasiones en Casa Presidencial a Roberto Acosta y su esposa Mélida Solís, dueños de la constructora H. Solís, investigada por presunta corrupción en la obtención de contratos de obra pública.
En un comunicado de prensa, el Gobierno alega que los encuentros fueron parte de una mesa de coordinación para trasladar a las familias del precario Triángulo de la Solidaridad, ubicado entre Tibás y Goicoechea.
El desalojo de esas familias se dio en el marco de obras del proyecto del tramo norte de la carretera de Circunvalación, cuya finalidad es unir La Uruca con Calle Blancos mediante cuatro carriles.
Estas obras fueron otorgadas a H Solís por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Informamos que entre junio y noviembre del 2018 se conformó una mesa de coordinación para reubicar las familias del asentamiento humano Triángulo de la Solidaridad”, indicó el Ministerio de Información.
Esta mesa de coordinación tuvo 18 sesiones de trabajo en Casa Presidencial.
“Según se ha determinado en una revisión, los datos de ingreso en 2018 y 2019, que está en curso, Roberto Acosta participó en nueve ocasiones y la señora Mélida Solís en una ocasión, como representantes del consorcio Estrella-H Solís, que había sido adjudicado desde marzo 2014 para construir ese tramo de la obra. Su participación nunca se dio en encuentros bilaterales, sino en reuniones de todo un equipo de trabajo”, informó el Gobierno.
El desalojo del asentamiento Triángulo de la Solidaridad implicó la reubicación de 523 familias (más de 2.000 personas), según censo al 2012 que registraba la población total estimada de ese asentamiento, y que fue ejecutado en tres etapas entre el 20 de agosto del 2018 y el 9 de setiembre del 2019.
En dichas sesiones, tanto en las que participaron representantes de H Solís como en las restantes, solo se conocieron temas relacionados con la reubicación de las familias y el avance de la obra, indicó el Gobierno.
“Después de que se inició la reubicación de las familias, las reuniones de la mesa de trabajo continuaron, en el 2019, pero ya no participaron representantes del consorcio encargado de la construcción”, manifestó el Gobierno.
Según su comunicado, ese proceso de reubicación se logró gracias a la existencia de dicha mesa de coordinación, en la cual participaron siete instituciones gubernamentales, la unidad de inspección del proyecto (Unops), representantes de la comunidad, y representantes del sector privado, quienes coordinaban la logística del traslado de las familias, “acción de la cual dependía, a su vez, el avance de obras de la carretera”, justificó el Gobierno.
